Por Marco Teruggi
Hay celebraciones en Ecuador. Comenzaron el domingo 13 de octubre por la noche cuando el gobierno nacional y el movimiento indígena centralmente agrupado en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) anunciaron haber llegado a un acuerdo respecto al decreto 883, aquel que quitó los subsidios a la gasolina.
La reacción fue doble. Por un lado, las calles se llenaron de euforia luego de lo que fue considerado como una victoria tras 11 días de protestas enfrentadas a una fuerte represión. El escenario de batalla del centro de Quito fue entonces de aplausos, bocinas, camiones cargados de gente con banderas del Ecuador, taxistas, barrios populares.
Por otro lado, se abrió la pregunta acerca de qué se había logrado exactamente. Se había tratado de una derogación inmediata y efectiva, como anunció y celebró la CONAIE, o de una sustitución sin fecha determinada, como anunció en su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno.
Parte de la respuesta fue aclarada por el comunicado de Naciones Unidas Ecuador, organismo mediador en el diálogo, quien afirmó que “se deja sin efecto el decreto 883” y “se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de personas con mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.
La misma noche del domingo fue instalada la comisión para, informó la CONAIE, la “redacción del decreto que lo reemplaza -al 883- esto no termina hasta que el acuerdo no se concrete a cabalidad”.
De esta manera se logró una victoria parcial dentro del conjunto de medidas acordadas entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, siendo el decreto 883 el de mayor impacto en la economía y en la batalla simbólica. El resultado final de esa parcialidad dependerá del nuevo decreto acordado.
Por fuera del espacio de diálogo estuvo también, hasta ahora, un acuerdo acerca de un procedimiento para investigar las actuaciones y abusos de las fuerzas de seguridad del Estado que costó al menos 7 muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos.
¿Existía la posibilidad de lograr una victoria mayor? Esa pregunta reúne los principales interrogantes. Según quienes protagonizaron las jornadas, es decir la CONAIE, no lo había. Y las movilizaciones, si bien no fueron únicamente del movimiento indígena, recayeron principalmente en su capacidad de acción, tanto en Quito como en los bloqueos de carreteras en el país.
Otro escenario se profundizó en paralelo al debate sobre el decreto: la persecución a dirigentes de la Revolución Ciudadana, el espacio político del ex presidente Rafael Correa. Ese accionar había sido anunciado por Moreno al descargar la responsabilidad de los hechos de violencia acontecidos en las espaldas de Correa. La táctica del gobierno fue reconocer a los indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar al correismo.
El despliegue persecutorio comenzó durante los días de la movilización: la asambleísta Gabriela Rivadeneira debió refugiarse en la embajada de México y la ex alcaldesa Alexandra Arce fue detenida. En la madrugada del lunes fue detenida en su casa la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y en la mañana fue allanada la casa del ex asambleísta Virgilio Hernández.
Estos arrestos y persecuciones a través del poder judicial articulado a la condena mediática se sumaron a casos anteriores, como el del ex vicepresidente Jorge Glas, el del ex canciller Ricardo Patiño, refugiado en México, y el del mismo Correa.
De esta manera, Ecuador avanza sobre varios tiempos en simultáneo: el de la celebración de la victoria parcial de la CONAIE y la movilización popular que duró once días, el de la persecución al correismo como parte del ataque político de Moreno a su adversario, y el del mismo gobierno que debió ceder sobre el decreto 883, pero que busca cómo no modificarlo sustancialmente.
Dentro de ese cuadro se destaca un elemento de mayor complejidad: las diferencias entre una parte de la dirección de la CONAIE y el correismo, que llevan varios años, fueron resaltadas vía Twitter durante los días de protesta, y quedaron en primer plano durante el diálogo cuando el presidente del movimiento indígena Jaime Vargas arremetió contra la Revolución Ciudadana.
Ecuador, que había amanecido en su primer día con descompresión de las movilizaciones, vive un escenario complejo. El gobierno de Moreno no se detendrá en su intento de neoliberalización de la economía que tiene en el FMI un punto de profundización, así como en su alineamiento con Estados Unidos como epicentro de su política exterior. ¿Cuáles serán los próximos pasos de la CONAIE? ¿Qué hará el correismo ante la persecución política? Las piezas están en movimiento.
