¿Recuerdan las páginas de prensa y horas de noticias que dedicaron los medios españoles a denunciar ataques a la libertad de expresión en Argentina, Ecuador o Venezuela? Pueden compararlo con la difusión que han dado a la noticia de que las Naciones Unidas han pedido al gobierno español que aporte información para explicar por qué no ha concedido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios, de lo que no hemos sabido prácticamente nada.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a nuestro país por excluir a las televisiones comunitarias en el reparto de licencias y, además, este organismo internacional examinará si el gobierno ha vulnerado 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratado firmado por España en 1977.
La denuncia, presentada por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y por RTV Cardedeu (Barcelona) en julio de 2017, repasa las siguientes violaciones legales del gobierno español. En 2007 la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información estableció que el Gobierno tenía que planificar frecuencias para televisión local de proximidad en funcionamiento, pero el Gobierno no lo hizo. En 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual obligaba al Ejecutivo a planificar licencias a las televisiones y radios comunitarias antes de marzo de 2011. Ya en su preámbulo establecía que una de las “novedades de esta Ley es el reconocimiento del derecho de acceso a los servicios de comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones en cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial”. En su artículo 4 establece que “Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”. Sin embargo, nada de los derechos referentes a los medios comunitarios sin ánimo de lucro se ha cumplido en ese plazo establecido ni ahora, siete años después.
En 2014, el Gobierno aprobó el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre y de nuevo volvió a excluir a los operadores comunitarios, reservando todas las licencias para empresas comerciales.
A mediados de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo a cumplir la ley y planificar licencias a las TV comunitarias y a las radios. El Ejecutivo no la ha cumplido.
La decena de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo tampoco han producido resultado alguno. A día de hoy, ningún medio de comunicación comunitario ha podido acceder a autorización para el uso de frecuencias.
Para los no familiarizados con el concepto de medios comunitarios es bueno explicar que, en función de la propiedad, podríamos dividir los medios de comunicación en privados, cuyos dueños son empresas con ánimo de lucro; estatales, propiedad de cualquier administración o institución pública; y comunitarios, gestionados por colectivos y organizaciones declaradas sin ánimo de lucro: una asociación de vecinos, un movimiento social, un grupo de periodistas al margen de su actividad laboral, un colectivo de solidaridad…
En el ámbito de la prensa escrita bastaría con que los gobiernos permitan que todos esos sectores difundan sus contenidos, sin embargo para la radiodifusión y la televisión se requiere que el propietario de un espacio radioeléctrico limitado -la ciudadanía y el Estado en su representación-, reparta y adjudique una licencias puesto que, a diferencia de internet o el papel, no todos caben en ese espacio radioeléctrico.
Los diferentes gobiernos españoles han ido invirtiendo más o menos dinero en los medios estatales y concediendo más o menos licencias radioeléctricas para los medios privados (sobre todo en función de su afinidad ideológica), pero han ido conteniendo a los medios comunitarios, sabedores de que en ellos podía encontrarse la línea colectiva y periodística más crítica y más difícilmente manejable. El desprecio es tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010 donde se les da reconocimiento, se aclara que “salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica”. Es decir, los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Es debido a ese límite de facturación que no pueden generar empleo, de hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.
Vale la pena contrastar esta situación con la legislada en esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados tanto han presentado como depredadores de la libertad de expresión. En países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios: un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales y otro tercio para los colectivos comunitarios. Estos últimos, en un amplio espectro que incluye grupos indígenas, sindicales, vecinales… contaban, además, con gran cantidad de recursos públicos que iban desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional. La gran mayoría de esos medios comunitarios, con una calidad técnica muy dispar, han proporcionado a la ciudadanía un lugar donde expresarse, una visión de los acontecimientos diferente a las líneas comerciales de los privados y una independencia del gobierno que ha sido reconocida por la sociedad.
Mientras tanto, en España, los medios comunitarios, quienes representan, con sus limitaciones pero también con su grandeza, la vitalidad de una sociedad organizada y preocupada por la información han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena son televisiones. En ellos, unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.
Ahora el gobierno español tiene seis meses para responder a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estén tranquilos, la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan las licencias, no nos contaran lo que vaya sucediendo.
