Por: Rafael Sosa
El gobierno de Colombia, en su búsqueda de ganar prebendas con Estados Unidos, ha reforzado su campaña internacional, haciendo llamados de intervención militar con el propósito de lograr el apoyo para continuar su relación parasitaria de extracción de recursos estratégicos venezolanos que le ayuden a mantener la producción de cocaína como principal producto de exportación hacia el territorio estadounidense.
Las motivaciones que hoy impulsan al gobierno neogranadino a realizar una intervención militar contra el pueblo venezolano, parten de sus intentos de no ver desvanecerse sus múltiples beneficios obtenidos de la relación parasitaria hacia Venezuela, la cual se ha interrumpido con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica ejecutado por el gobierno venezolano, ya que no pueden beneficiarse con los 16.000 Millones de Dólares, costo equivalente a la gasolina robada a Venezuela, ahora tendrán que pagarla a precios internacionales, lo que repercutirá en el precio de la droga en el mercado norteamericano como su principal consumidor.
Solo para el año 2017, según datos de organismos especializados de la ONU y del propio gobierno estadounidense, Colombia produjo 209.000 hectáreas de coca, para un total de 921 T/M de pasta de coca, que serían vendidas hacia territorio estadounidense; si tomamos en cuenta que Un (1) kilo de pasta de coca requiere 10 galones de gasolina, que equivalen a 37.8 litros (L/G), se estima que Colombia en el año 2017 gastó 34.000.000 de litros de gasolina, para producir esa pasta, gasolina que en su mayoría fue robada de Venezuela.
Si las pérdidas para Venezuela, por el contrabando de combustible hacia el país neogranadino superan los 16 mil millones de dólares anuales, considerando que nuestras reservas internacionales se estiman en ocho mil ochocientos millones de dólares (8800 M/$), entonces nos estarían robando dos veces las reservas internacionales, pero además, según expertos petroleros venezolanos como David Paravisini, estiman que el contrabando de gasolina a Colombia está en 45.000 barriles diarios, que el gobierno colombiano legaliza a través de las empresas Vetra, Pacific Rubiales, Petromag, Dalema y EcoPatrol.
De los siete departamentos (estados) que limitan con Venezuela, está el Norte de Santander, donde se encuentra la ciudad de Cúcuta, la cual sostiene su vida económica y social en la relación delictual con Venezuela, marcada por el contrabando, cambio monetario y demás delitos asociados, pues solo de los “pimpineros” se mantienen más de 12.000 familias, las cuales fueron legalizadas mediante cooperativas durante la administración de Álvaro Uribe.
Más de 40 municipios colombianos viven de la relación parasitaria con Venezuela, donde habitan aproximadamente 16.000.0000 de colombianos, además de 5.500.000 que viven en Venezuela, gozando los beneficios y políticas sociales igual que cualquier venezolano.
Así pues, la oligarquía colombiana se aprovecha de los 2.200.000 Km de extensión fronteriza con Venezuela, diseñando políticas que le permiten evadir sus responsabilidades y descargarlas sobre nuestro país, apoyados algunas veces por debilidades y corruptelas de algunos funcionarios venezolanos.
Este caudal de hechos explica la gran conspiración contra Venezuela y su revolución, pues han visto trastocar sus intereses con el fin del contrabando de gasolina hacia Colombia y su repercusión en el mercado de la droga a nivel internacional.
Adicionalmente, debemos sumarle que Colombia tiene reservas de petróleo para cuatro años y Venezuela para cien, lo que esclarece el panorama, inclusive el de los gobiernos que hacen coro contra nuestra patria como los del Grupo de Lima, pues seguramente quieren participar en el robo y obtener su barril, no solo de petróleo, sino de gas, oro, coltán y demás recursos naturales de nuestra patria.
De ahí que estén planteándose la destrucción del Estado-Nación venezolano, como ocurrió en Libia, propiciando medidas apoyadas desde ciertos organismos multilaterales como la ONU, para ser ejecutadas por fuerzas oscuras del imperio y sus transnacionales, como máxima estrategia para la intervención militar de la patria bolivariana.
