Energía y Poder
Por Jonny Hidalgo
El Congreso de EEUU ha desarrollado un marco jurídico injerencista, irrespetuoso del derecho internacional y muy coherente con los golpes de Estado e invasiones militares que ha promovido en otros países, de manera impune y descarada.
Es así como, luego de las “guarimbas” ejecutadas en Venezuela, durante el año 2014, el Congreso de EEUU aprueba, en diciembre de ese año, la “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act”, con la cual faculta al Presidente de su país para aplicar sanciones a personas que él considere responsables de la violación de los derechos humanos de quienes protesten contra el gobierno de Nicolás Maduro. Basado en esa ley, en marzo de 2015, Barack Obama emite la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual bloquea las propiedades y suspende la entrada de siete funcionarios venezolanos, que contribuyeron a superar las “guarimbas” de 2014. En la misma Orden Ejecutiva, se considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de EEUU y se le declara en emergencia nacional, estatus requerido por las leyes “International Emergency Powers Act” y “National Emergencies Act”, para aplicar medidas contra la “amenaza” que, para ellos, representa Venezuela.
Basado en el decreto de Obama, en agosto de 2017, Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808, mediante la cual se le prohíbe a toda persona estadounidense, sea natural o jurídica, que participe en cualquier tipo de financiamiento a instituciones venezolanas, cuyo plazo sea mayor a 30 días o a 90 días si se trata de PDVSA. Este decreto fue redactado en términos tan generales como ambiguos, pues no es claro lo que se considera como financiamiento, ni el rol que se puede jugar en él: acreedor o deudor, lo que genera temor en el sector privado.
Trump no establece sanciones directas contra Venezuela, sino contra toda persona estadounidense que pueda negociar con alguna institución pública venezolana, quedando exceptuada la empresa Citgo. Más tarde, prohíbe las transacciones con criptoactivos promovidos por el gobierno venezolano (Orden Ejecutiva 13827) y la participación en el sector aurífero (Orden Ejecutiva 13850).
Es evidente que las acciones recientes de EEUU contra Venezuela pretenden cortar sus ingresos atacando a PDVSA para minimizar la influencia de este país en la región. EEUU intenta detener el proceso que, con el liderazgo del Comandante Chávez, había logrado avanzar en la constitución del bloque geopolítico latinocaribeño que contribuiría a la reconfiguración de un nuevo orden mundial.
Si no se utiliza el petróleo para la integración, EEUU lo utiliza como arma contra la región
Mediante acciones encubiertas, se provoca un giro a la derecha en Paraguay (2012) y Argentina (2015). Además, en el 2015, ocurren dos eventos que impactan al proceso de integración que se gestaba en la región Caribe: República Dominicana recompró su deuda acumulada en Petrocaribe, razón por la cual el Presidente Danilo Medina recibió el Premio Latin Finance 2015 a la mejor transacción financiera de manejo de pasivos. Con esto comenzó a promoverse la eliminación de la deuda en otros países, estimulando el desinterés por esta iniciativa de integración regional. Por otra parte, la empresa estadounidense Exxon Mobil anunció el hallazgo de importantes reservas de petróleo en el Océano Atlántico, en una zona que forma parte del diferendo territorial entre Venezuela y Guyana. Esto generó un revuelo diplomático con el que Guyana quedó inactiva en Petrocaribe y se comenzaron a gestar posiciones encontradas en el seno del Caricom.
En el año 2016, Brasil se convierte en noticia por el golpe parlamentario que depone a Dilma Russef. Más tarde, en 2017, Lenin Moreno traiciona a la Revolución Ciudadana. Subvertida la correlación de fuerzas en el sur, EEUU se propone el control del Caribe, para lo que necesita romper el liderazgo de Venezuela ejercido mediante Petrocaribe.
Con las sanciones advertidas en la Orden Ejecutiva 13808, los miembros de Petrocaribe comenzaron a tener problemas para ejecutar pagos, pues el monto no financiado deben pagarlo en 90 días, mientras que las instituciones financieras se abstienen de participar en la intermediación por temor a posibles sanciones.
Durante el primer trimestre del año 2018, se suscitan conflictos entre Venezuela y las Antillas Neerlandesas, lo que conduce a un bloqueo temporal del tráfico marítimo entre ellos. La empresa estadounidense Conoco Phillips, introduce un litigio que es apoyado por autoridades curazoleñas logrando un embargo contra activos de PDVSA en la isla. Esto dificulta las operaciones en Refinería Isla, desde la cual se despacha buena parte de los suministros a Petrocaribe. Escaramuzas similares se han dado en otros países como Panamá.
Entre tanto, PDVSA atraviesa por una crisis estructural que limita su producción de crudos y derivados. El Presidente Nicolás Maduro ordena que se incremente, en un millón de barriles diarios, la producción de crudos. Sin embargo, la crisis es mucho más profunda que la vivida durante los años 2002 y 2003. No se trata de trabajadores que abandonaron sus puestos de trabajo creyendo que volverían después de tumbar al gobierno, sino de la cosecha de un proceso histórico de incumplimiento de los planes estratégicos y de la promoción del abandono por parte de personal clave de la industria; en un contexto de reconfiguración del mercado internacional en el que EEUU aparece como el mayor productor de crudos del mundo.
El gobierno venezolano cree que Petrocaribe solo se ha debilitado por la caída de producción de PDVSA; sin embargo, esto ha sido resultado de la práctica del libre nombramiento y remoción en cargos de dirección en las empresas mixtas creadas en los países miembros. Así, en el momento en que EEUU deja de lado las acciones encubiertas para atacar frontalmente a Venezuela; se hace necesario reorganizar las fuerzas, convocar a trabajadores claves que aún están en PDVSA y formular estrategias que permitan avanzar en el logro del proyecto de Bolívar y Chávez.