Energía y Poder
Por Jonny Hidalgo
Te puedeinteresar
Con las nuevas sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense contra Venezuela, y las declaraciones del parlamento europeo respaldando las acciones de la Asamblea Nacional que permanece en desacato, se trata de ejercer presión para que ocurra un cambio de gobierno en el país. Lo que pretenden con un nuevo gobierno está descrito en el documento titulado “Plan País: La Venezuela que viene”, el cual es una confesión de la ejecución de un golpe de Estado, que hace el oposicionismo venezolano desde la Asamblea Nacional.
En dicho documento, se declara a Venezuela como un “Estado fallido” y se enuncian los postulados básicos del programa del “gobierno de transición” que se emprendería al ser derrocado el legítimo gobierno de Nicolás Maduro. Esto incluye, la revisión del ordenamiento jurídico, la reforma del Poder Judicial, la eliminación de la “reelección indefinida”, la reorganización del poder público y el rediseño de la administración pública. Estas cosas solo pueden hacerse modificando a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que no es reconocido en el documento, así como tampoco se reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente electa por el pueblo.
Ese programa está lleno de generalidades vacías, pero precisa tres ámbitos de acción política que develan que, con el golpe de Estado, no solo se pretende derrocar a Nicolás Maduro, sino someter al país al interés de las potencias occidentales. A esto le llaman “reinsertar al país en el concierto de las naciones libres”. De allí, el apoyo que les da el gobierno de EEUU y el parlamento europeo.
El primer ámbito de acción política tiene que ver con lo económico. Según ellos, es necesario incrementar la deuda externa del país. Aseguran que después de derrocar a Nicolás Maduro, solicitarían ayuda económica internacional y financiamiento a la banca multilateral. Asimismo, desmotarían el “sistema de controles y regulaciones” que hoy tiene el Estado y sus prioridades serían “promover las inversiones internacionales”, “recapitalizar la banca” y “dar apertura a la inversión privada en las empresas públicas”. Así, se anuncia por adelantado el cumplimiento de los requisitos que exigiría el Fondo Monetario Internacional para otorgar financiamiento.
Reactivación de la Apertura Petrolera
En segundo lugar, el programa delinea una nueva política petrolera. No se cuestiona la propiedad sobre los hidrocarburos, la cual seguiría siendo de la República, pero se aprobaría una nueva Ley de Hidrocarburos para flexibilizar el régimen fiscal y permitir que el capital privado sea el accionista mayoritario de las Empresas Mixtas creadas para desarrollar los campos petroleros. Además, se conformaría la “Agencia Venezolana de Hidrocarburos” para administrar los yacimientos y regular el sector.
El diablo está en los pequeños detalles. ¿Para qué una Agencia Venezolana de Hidrocarburos si ya existe el ministerio? ¿Quién manejaría dicha agencia? La flexibilización del régimen fiscal reduciría el ingreso nacional mientras incrementan la deuda externa. Por otra parte, ¿qué pasaría con las instalaciones petroleras reservadas al Estado acorde a la ley vigente? En México, por ejemplo, la administración de Peña Nieto vendió las Plantas de Hidrógeno de las refinerías de Tula y Maderos, por lo que Pemex debe pagar alquiler aunque estén dentro de sus instalaciones. Estos esquemas absurdos existen, y debemos cuidarnos de ellos.
También se hace un énfasis especial en algo que los voceros de la “vieja PDVSA” y de la Derecha nacional han promovido con vehemencia: eliminar a las “filiales no petroleras”. Así, filiales como PDVSA Industrial S.A., PDVSA Ingeniería y Construcción S.A. o PDVSA Gas Comunal S.A., dejarían de existir, serían adscritas a algún otro órgano, o sencillamente serían privatizadas.
En resumen, el programa propuesto por la oposición pretende privatizar a la industria petrolera, reducir el ingreso nacional y privilegiar al interés transnacional.
Medidas económicas similares a las propuestas por el oposicionismo venezolano, fueron anunciadas por Carlos Andrés Pérez cuando asumió la presidencia de la República en 1989. Los resultados fueron devastadores y la respuesta del pueblo no se hizo esperar. Previendo ese antecedente, el programa “Plan País: La Venezuela que viene” desarrolla dos grandes políticas en materia de desarrollo social: Por una parte, convoca a la asistencia internacional para “atender la Emergencia Humanitaria Compleja”, con lo que se promete que se garantizará el abastecimiento de alimentos y medicamentos; pero, en países como Haití, Sudán, Congo, Costa de Marfil, Libia y otros, esto solo ha significado la ocupación del territorio por fuerzas militares extranjeras y la ruina del aparato productivo por la importación de bienes a través de la denominada “ayuda humanitaria”. Y por otra parte, hay una gran preocupación por reformar al Ministerio Público y al CICPC, duplicar el número de jueces, la reestructuración de los cuerpos policiales, la dotación de 120 mil policías, la creación de alianzas internacionales en materia de seguridad… y así, en medio de la crisis económica, se plantea crear nuevas cárceles. Todo esto anuncia una fuerte represión política.
Lo más peligroso: la balcanización
El programa de la oposición no es muy creativo, de hecho es la reedición de la Apertura Petrolera, de las políticas neoliberales del FMI, Ley de Vagos y Maleantes, etcétera, pero no por esto deja de ser una amenaza para nuestro país. Se anuncia la balcanización del territorio: “Organizar el poder de la República en una forma verdaderamente Federal, estableciendo competencias claras de los Estados para aumentar el poder a nivel local y limitarlo a nivel nacional”. La federación no es plena en Venezuela, porque la conciencia del pueblo es presidencialista (o centralista). La propuesta de la oposición abre la posibilidad de generar estados independientes que sean más débiles ante el interés transnacional. Todos los patriotas debemos entender a qué nos estamos enfrentando.
