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FRANCISCO GONZALEZ
El 20 de marzo de 2019 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michel Bachellet realizó una declaración a través de un informe oral de actualización sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Esto fue en el marco del 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Dicho informe fue muy criticado en los espacios del pensamiento crítico y de la izquierda regional, espacios políticos desde donde ella provenía cuando fue presidenta de Chile en dos momentos; primero con la Concertación luego con la coalición Nueva Mayoría. Ese primer informe de marzo 2019 estuvo permeado en gran medida por otros informes emanados de ONGs venezolanas que jugaban y juegan directamente a los intereses de Estados Unidos y sus 51 socios del hemisferio occidental; expresión utilizada por la administración de Trump, Pompeo, Pence y Bolton, desde enero de este año cuando decidieron arremeter contra la revolución bolivariana. Para entender este proceso de encuadre del llamado a intervención de parte de estos sectores ultra radicales de Estados Unidos junto a la oposición venezolana en el sistema internacional hay que ubicarse en la historia recién y evaluar de manera comparativa lo que vivieron los libios con la caída de Gadafi en 2011.
Entre febrero y marzo de aquel año, las fuerzas Libias pro Gadafi habían repelido los opositores que estaban asentados en Bengasi, ciudad del noreste libio, frontera con Egipto y desde donde armaron las operaciones de infiltración basados en las llamadas primaveras árabes para tumbar gobiernos soberanos. Bajo esta premisa, se acuso al gobierno Libio de dictador, violador de derechos humanos y con estos argumentos emanaron par de resoluciones; la 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, en las cuales se fue construyendo un supuesto de hecho que permitió una zona de exclusión aérea para intervenir y bombardear el país casi de inmediato. Al mismo tiempo, se remite a la corte penal internacional el caso para enjuiciar a Gadafi por violación de derechos humanos y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos (R2P). Las cartas estaban echadas y Libia entro en la vorágine del desmantelamiento de su Estado Nación. Sus cuentas bloqueadas en el extranjero en bancos belgas, franceses y de otros países. Se confiscaron activos de empresas de la nación; al mismo tiempo, lograron infiltrar el aparato de Estado a tal punto de que algunos ministros fueron cooptados por el Consejo Nacional de Transición, órgano ilegítimo dentro de Libia pero que contaba con el apoyo de Estados Unidos Francia, Inglaterra y otros aliados de la OTAN y sus medios internacionales. El caso de enjuiciamiento de Gadafi en la corte penal internacional cayó en manos del abogado argentino Luis Moreno Ocampo, el cual se había hecho nombre con los enjuiciamientos de los dictadores en Argentina durante el período de la dictadura o Proceso de Reorganización Nacional. No obstante, sus acciones posteriores dentro y fuera de la CPI dejaron mucho que hablar de una persona equilibrada para un cargo de semejante envergadura. Lo cierto es que los discursos de este abogado con respecto al proceso contra Gadafi en Libia, no fueron muy distintos de los del Consejo Nacional de Transición o los del Grupo de Contacto Europeo. Situación similar a la aplicada por Estados unidos y sus socios europeos en la actualidad contra Venezuela.
La historia demostró como terminó Libia luego de la intervención, convertida en un gran cementerio entre pugnas triviales sectoriales y de grupos mercenarios matándose por los recursos del país. Por otra parte el dinero de sus arcas corre en cuentas privadas de los líderes de los países invasores. La causa contra Gadafi ante la corte penal internacional no prospero en Libia por su asesinato. Esta experiencia le sirvió a Luis Moreno Ocampo Ex fiscal de la corte Penal internacional en el momento de apertura del juicio en 2011 contra Libia, para ser contratado en el año 2017 por Luis Almagro, Secretario General de la OEA por “Posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el régimen chavista”; sus funciones serian de “Asesor especial para crímenes de lesa humanidad”. Pocos meses después fue objeto de acusaciones sobre sus finanzas y su trabajo en la Corte Penal Internacional. Moreno Ocampo organizaría las dos audiencias públicas sobre Venezuela en la OEA en septiembre de 2017. A pesar de su partida por las investigaciones de corrupción en su contra en la CPI, dejo a cargo tres expertos internacionales que aun hoy tratan de llevar a juicio en esta corte al presidente legítimo de Venezuela Nicolás Maduro Moros. En este punto los casos Libia y Venezuela se entrelazan jurídicamente. Según investigaciones posteriores Moreno Ocampo aceptó sobornos de parte del empresario millonario Libio Hasán Tatanaki, que si bien se lo pintaba cercano a Gadafi, al percatar como inevitable la intervención del país en el 2011, se hace aliado de los opositores al mando del General sublevado Jalifa Hafter. Por esta razón, luego del asesinato de Gadafi, Tatanaki habría contratado los servicios del Ocampo para protegerlo de procesos penales estando este abogado aun en funciones en la Corte Penal internacional. A pesar de este currículo, sería contratado posteriormente en el caso de la “crisis venezolana” en 2017 por Luis Almagro en la OEA.
Este tipo de personajes son los que contratan para acabar con países soberanos; pero Venezuela no es Libia y se han topado con el muro de contención del ideal bolivariano continental que ha logrado repeler estas pretensiones de Estados Unidos y sus 51 socios de lograr la intervención al país. En el mundo actual, esos informes no tienen ya el peso que tuvieron otrora por el desprestigio de personajes como Ocampo o Almagro en el ámbito internacional. Bachellet debe evaluar que Estados Unidos se disputa le hegemonía internacional ante países como Rusia y China; aliados de Venezuela y en recuentes declaraciones tomadas por la BBC de Londres dijo:… “tenemos que ir con neutralidad a conversar con todas las partes, no ser parte de alguna estrategia”. De estas palabras se puede inferir que prefirió visitar personalmente a Venezuela por invitación del presidente Maduro, meses después de aquel primer informe de marzo el cual fue muy criticado por las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo; justo en medio del contexto de asedio a Venezuela de parte de EstadosUnidos que ha pretendido aplicar las experiencias intervencionistas y guerreristas utilizadas en Libia en 2011. El segundo informe de julio próximo verá la luz en medio del desprestigio de Almagro por su apoyo irrestricto al autoproclamado nombrándolo presidente antes que el mismo o en medio de las acusaciones de corrupción por parte del equipo de Guaido que se ha robado el dinero de la supuesta ayuda humanitaria. El otro tema tiene que ver con los orígenes y apellidos y si bien la Doctora Bachellet a pesar de las criticas durante su gobierno en Chile de ser pro neoliberal o de no defender los derechos de los Mapuches o de jugar a las trasnacionales expoliadoras en Chile con la Constitución de Pinochet aun vigente hasta hoy; lo cierto es que representó una centro izquierda aliada a Venezuela y sumo en construir parte de la CELAC con Chávez. Su padre el General constitucionalista Alberto Bachellet, torturado y asesinado durante la dictadura de Pinochet diría en carta a su hijo Alberto que vivía en Australia en octubre de 1973:..“Me quebraron por dentro, en un momento me anduvieron reventando moralmente –nunca supe odiar a nadie- siempre he pensado que el ser humano es lo más maravilloso de esta creación y debe ser respetado como tal, pero me encontré con camaradas de la FACH (FUERZA AEREA CHILENA) a los que he conocido por 20 años, alumnos míos, que me trataron como un delincuente o como a un perro”…
