“Nueva constitución YA. Asamblea constituyente YA. Abajo el capitalismo. Rumbo al socialismo”. “No a la matanza en Perú. Ni Vizcarra ni Merino”. Los carteles desplegados en el Coliseo de Roma por la comunidad peruana, resumen los términos de la protesta que desde hace cinco días se viene desarrollando en Italia. El recién electo presidente interino, Manuel Merino, se vio obligado a dimitir; mientras que los manifestantes gritaban «Fuera Merino, corrupto asesino».
El Parlamento le retiró su confianza a menos de una semana de haber destituido al anterior jefe de Estado, Martín Vizcarra, acusado de corrupción. En Lima, las protestas se intensificaron tras la violenta represión que provocó la muerte de dos jóvenes manifestantes (de 22 y 25 años), 80 personas heridas y cientos de detenciones.
La forma como el Congreso derrocó a Vizcarra, mediante la polémica aplicación de un artículo de la Constitución, había originado las protestas. Merino logró asumir la presidencia con el apoyo de 9 partidos; pero retrocedieron ante el agravamiento de la situación, durante la cual dimitieron 13 ministros, incluidos los de Interior y Defensa.
Una protesta eminentemente política es la que estos días, en las principales ciudades peruanas, vemos proyectada sobre objetivos generales de lucha contra un sistema en el que las distintas facciones de la gran burguesía utilizan la «lucha contra la corrupción» como arma política para defender sus intereses de clase y grupo. Vizcarra lo hizo para derrocar a su antecesor Pedro Pablo Kuczynski y cerrar el Congreso, y luego el Congreso lo hizo para derrocar a Vizcarra; la protesta dice que tanto el Ejecutivo como el Legislativo son a su vez corruptos y expresión de la lucha dentro de la burguesía.
Por eso —leemos en muchos análisis de la izquierda radical—, el pueblo no pretende ser utilizado para apoyar al Congreso ni al Ejecutivo. Su tarea —escribe la Asociación Acepp que lucha por la amnistía y la reconciliación—, es «seguir desenmascarando el carácter de clase de estas escaramuzas entre corruptos que no se preocupan por los muertos por la pandemia; los millones de desempleados; más del 80% de los trabajadores informales, y un pueblo que pide soluciones urgentes a sus derechos fundamentales negados; como la salud, alimentación, vivienda, y educación…”.
Como en Ecuador y otras partes de América Latina, donde los gobiernos neoliberales han dado vía libre a las ganancias privadas; la pandemia es de hecho un negocio lucrativo contra la salud de los pobres. Tras décadas de capitalismo neoliberal, la crisis afecta a todos los sectores de la sociedad peruana y la protesta popular crece ante la indolencia de quienes deberían representarla; pero luego «terminan yendo de la mano de los dueños del país».
Por esta razón, el objetivo de una nueva constitución «del pueblo y para el pueblo», a lograrse a través de una asamblea nacional constituyente, está ganando cada vez más apoyo. Una demanda que resuena en diferentes lugares de América Latina; donde aún no ha llegado el viento del socialismo.
Perú, cuyos gobiernos han logrado mantener en cárceles militares, durante cuarenta años, a presos políticos de más de 85 años; lamentablemente también es la sede del notorio Grupo de Lima, uno de los centros más activos de subversión de las clases dominantes contra el socialismo bolivariano y cubano. Un grupo formado directamente por la administración estadounidense a través de su títere en la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien desencadenó el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales y todas las agresiones internacionales contra Venezuela y Cuba. Un grupo mefítico es el de Lima, que como mayor apoyo tiene a Colombia —que para América Latina es lo que Israel para Medio Oriente—, y cuenta con el respaldo de la Unión Europea.
Si la protesta popular logra abrirse camino, provocando un cambio de marcha, los efectos positivos se harían sentir en todo el continente, dando nueva vida al proyecto de una nueva independencia basada en las relaciones sur-sur.
