Vicepresidencia de la Mujer
Son cientos las cuartillas escritas que definen los hechos del 27 de febrero de 1989 como la primera revuelta popular en el mundo contra el Plan Neoliberal de Ajustes del FMI; así como también los folios de las denuncias ante los órganos de justicia internacionales sobre la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos, que solo fueron desempolvados diez años después, con la llegada del Comandante Chávez a la Presidencia de la República, para que en su gestión Venezuela fuese condenada por la violación de derechos humanos, invisibilizando el hecho de que todo ocurrió en los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.
En estos análisis no se reconoce el factor decisivo asumido por las mujeres, tanto en el desarrollo de los acontecimientos como en la larga lucha por la justicia que implicó casi una década sin que se tomara medida de protección alguna cuando era evidente, tanto la responsabilidad de quienes dirigían el Estado para el momento, como la persecución orquestada contra quienes reclamaban justicia.
Una de las tantas crónicas que se pueden conseguir relata así los antecedentes de las protestas: “El domingo previo a la entrada en vigencia del paquete, los mercados populares amanecieron repletos de gente y escasos de alimentos. Ese día, Carlos Hernández, vendedor del mercado de Caño Amarillo, se colgó al pecho un cartel que decía “No hay”, para ahorrarse explicaciones. Y cada ama de casa hizo, en promedio, cinco horas de cola para comprar dos potes de leche popular.”
Esto evidencia que las primeras víctimas fueron las mujeres, madres, jefas de hogar, que sufrieron los primeros impactos del Plan de Ajustes del FMI. Fueron ellas y no los medios de comunicación, ni los partidos políticos quienes generaron el análisis que sembró en el pueblo la exacta valoración de la crisis generada y que sería el pueblo el que pagaría las consecuencias de las decisiones tomadas; sin medir el impacto para la gran mayoría de la población.
Luego, en todas las imágenes están las mujeres en primera línea, activadas en la protesta; movidas por la impotencia de las limitaciones para garantizar la alimentación de la familia y no contar con apoyo alguno del gobierno de turno. Ahí están los nombres de las mujeres víctimas de la violencia del Estado, una violencia cometida para defender los intereses del gran capital; el generador de la crisis y beneficiario directo de las medidas de ajuste.
La lucha por la justicia se mantuvo gracias a la perseverancia de las mujeres en exigir la identificación de las víctimas y la personalización de las responsabilidades materiales; pues las autorías intelectuales siempre estuvieron claras y cubiertas por el manto de la impunidad.
En la misma crónica, se describe así la actuación de las mujeres en la lucha contra la impunidad: “Al cabo de unos meses, la Fiscalía General de la República solicitó las exhumaciones y los tribunales fijaron el 26 de noviembre de 1990 como fecha de inicio del proceso… Las madres, las esposas, las hermanas de las víctimas se mudaron a La Peste: alzaron una carpa, en principio, y luego construyeron una casa en obra limpia “para pasar todo el día allí, cuidando a nuestros muertos””
Reivindiquemos a las heroínas del 27 de febrero de 1989; las que parieron la Revolución Bolivariana.
