Ángel Rafael Tortolero Leal
Pese al evidente clima de paz institucional y política alcanzada por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro luego de los acuerdos de la mesa de diálogo nacional, el sector más recalcitrante de la oposición, continúa atacando al país confabulado con la ultra derecha nacional e internacional.
Recientemente, una “Misión Independiente para la Determinación de los Hechos con respecto a los DD.HH. en el país”; presentó ante la ONU un informe parcializado con intereses geopolíticos imperiales, donde no se reconoce la situación real y se responsabiliza al Gobierno del Presidente Maduro de actos criminales; no sustanciados, ni se evalúa al rigor de las pruebas que exige dicho examen en cuestión.
En el informe, se apela a relatos mediáticos como fuente primaria, los cuales sirven para que el sector más recalcitrante y antidemocrático de la oposición venezolana, continúe en sus intentos por acabar con el Estado de Derecho, Justicia y Paz, y así tomar el poder por asalto.
A decir de su contenido, el informe, pierde objetividad y se suma al «circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para agredir al pueblo venezolano».
Su objetivo es presentar, una vez más, informaciones falsas, selectivas, sin balance alguno y sin pruebas sustanciales; que justifiquen cualquier tipo de acción “bélica humanitaria” por parte de EE.UU. y la U.E, los que, junto a una veintena de gobiernos plegados a su mandato; insisten en imponer en Venezuela un Estado tutorado por los designios de los imperios occidentales.
Es evidente que en Venezuela se vive una situación humanitaria de sobrevivencia y resistencia inherente a las condiciones económicas impuestas por las medidas coercitivas e ilegales de bloqueo financiero y económico; pero es falso que el Gobierno Bolivariano tenga como política la supresión de los derechos humanos, el asesinato selectivo y el hostigamiento a la disidencia; motivo por el cual el Presidente, Nicolás Maduro, ha manifestado su rechazo a esta nueva patraña imperial y solicita al Consejo de DD.HH. que en vez de atender al prejuiciado informe, interceda ante los agresores de la patria de Bolívar y Chávez, para que liberen el dinero necesario para el normal funcionamiento del país, sobretodo, en estos tiempos de Pandemia.
Es importante destacar que, el referido texto ignora los resultados de la cooperación entre el gobierno constitucional y oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ponderando como ciertas las afirmaciones de “Comisiones Independientes”; conformadas a partir de la solicitud de un grupo de países con gobiernos hostiles a la República Bolivariana; que tienen graves situaciones internas de violación de derechos humanos, lo que evidencia el uso político de este mecanismo internacional.
Adicionalmente, es muy lamentable la posición asumida por Noruega y la Alta Comisionada al respecto, la cual no por casualidad se alinea non los actos injerencistas del Grupo Internacional de Contacto y su petitorio de negociaciones «urgentes» para una “transición” por medio de elecciones libres; contraviniendo los preceptos establecidos en la Constitución venezolana y, más lamentablemente aún, coincidiendo con las pretensiones del autoproclamado seudo líder opositor y los intereses geopolíticos y geoestratégicos de EE.UU, la U.E y sus secuaces.
Solo resta decir que Venezuela es un país soberano, con un Estado de Derecho y de Justicia consagrado en su texto Constitucional; y tiene pleno derecho a su autodeterminación y al desarrollo de los designios que establece la democracia participativa y protagónica.
Afortunadamente, cada día son más los países que reconocen que gracias a la valentía del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y la madurez del Pueblo Organizado, en este país reina la paz deseada y practicada que demanda nuestro sistema democrático.
