El surgimiento de la nueva ola de contagios de COVID-19 ha puesto nuevamente en atención las condiciones y limitaciones de la oferta de vacunas a nivel mundial. La esperanzadora alternativa provista por la ciencia en tiempo récord para combatir la mayor pandemia del último siglo queda desdibujada por la evidencia de un avance lento y desequilibrado de la imprescindible y urgente necesidad de una vacunación mundial generalizada.
La oferta internacional de vacunas no solo se encuentra limitada por la capacidad de producción y entrega de los fabricantes, sino que está totalmente deformada por países que privilegian sus propias demandas (EEUU., Europa), y al hecho, como indica el presidente. Alberto Fernández de Argentina, que » la venta está concentrada y los laboratorios deciden negociar con los Estados nacionales».
Las reiteradas afirmaciones de líderes mundiales y de directivos de empresas farmacéuticas que la prioridad debía ser unir y no dispersar esfuerzos para garantizar el justo, seguro y rápido acceso sin discriminación alguna de vacunas a la población mundial han quedado en promesas o, en muchos casos, peor aún, solo en frases vacuas o cínicas de relaciones públicas.
Lo cierto es que en lo inmediato, en los hechos, el desfasaje entre una oferta restringida y concentrada y una demanda mundial urgente y desesperada fue marcado por el poder y los negocios y no por la defensa de la humanidad. Resulta demostrativo de ello que en abril de 2019, de 811 millones de dosis vacunadas en el mundo, solo 38 millones han sido brindadas a través de COVAX , la alianza impulsada por la Organización Mundial de la Salud para «un acceso equitativo mundial a la vacuna contra el Covid-19.
Los fanáticos de la «mano invisible del mercado» -aquí y en todas partes- explican las dificultades actuales como un cuello de botella circunstancial que se corregirá automática y virtuosamente en poco tiempo. No es así. El entramado de intereses y negocios que se ha instalado en torno a la vacunación nada tiene que ver con la proclamada libertad de elegir y transparencia de la competencia de iguales, sino con disputas de posiciones de privilegio en un mercado que se estima alcanzará rápidamente más de 73.000 millones de dólares anuales.
Condiciones leoninas
En forma habitual, las grandes corporaciones farmacéuticas justifican el alto precio de los medicamentos por el hecho de que deben invertir en su desarrollo inicial enormes sumas que, en muchos casos, no llegan a resultados esperados, y por lo tanto terminan en un fondo perdido. Es por ello, justifican, que los precios de venta no se deben ajustar a los costos reales de producción sino también amortizar inversiones riesgosas anteriores.
De tal forma, plantean el reconocimiento internacional de la propiedad intelectual, la garantía de patentamiento y del derecho monopólico de producción y comercialización, exigiendo que no haya competencia para sus productos de empresas o países que pudieran fabricar productos sin tener que cubrir inversiones iniciales en investigación y desarrollo.
Paradójicamente, en el caso de las vacunas contra Covid-19 no se justifica el reclamo de una renta tecnológica garantizada a largo plazo con el monopolio de patente reclamado por las empresas por un periodo de 20 años. Las inversiones de éstas fueron realizadas en forma abrumadora con fondos y/o el apoyo de los Estados a través de enormes subsidios, anticipos de compras a riesgo , puestas a disposición de institutos de investigación pública, y ayuda directa a la realización y seguimiento pruebas de campo.
De todas formas, y por el juego de presiones y de intereses privados en juego, las negociaciones de vacunas en el marco de la emergencia sanitaria mundial tomaron una dinámica desequilibrada y perturbada. Por lo pronto, los vendedores han exigido desde el vamos a los gobiernos que las negociaciones sean reservadas, y de allí el misterio de los precios que se pagan y de las exigencias planteadas en cláusulas contractuales que, de transparentarse, evidenciarían a la sociedad otras inconcebibles ventajas y prebendas exigidas por los oferentes.
Entre éstas, grandes pagos anticipados , condicionalidad de entrega, garantías de no exponerse a riesgos de juicios en tribunales locales, costos de logística y seguros y muchos más, y la subordinación y postración para el demandante.
Es así entendible el porqué de que cuanto más pequeño y/o pobre sea un país, peores sean las condiciones para acceder a la vacunación de su población. De allí también la inconsistencia, que bien podría ser caracterizada también específicamente como inocencia o irresponsabilidad enunciativa, de clamar que las mejores condiciones se obtendrían si todas las compras de vacunas las hicieran los gobiernos locales o en forma privada, y se afirme falsamente que «no nos dejan con manos libres cuidar el interés público».
De tal forma, no solo no se reconoce que se ahondaría la ya grosera desigualdad existente (quien paga, y no quien más lo necesita, se vacuna primero ) sino también el desarrollo de un
mercado negro con todos los peligros de vacunas falsas y la dispersión y/o pérdida del imprescindible control sanitario público.
Vacunación universal vs. prebendas monopólicas
La atención de salud para la protección de la vida humana debe ser una prioridad urgente de la sociedad, que no puede ser subordinada a injustificadas de rentabilidades prebendarías de intereses privados. No puede confundirse costos reales y ganancias normales comprensibles, con la expectativa ladina de superbeneficios extraordinarios.
La pandemia requiere garantizar el acceso más amplio e inmediato posible a vacunas, medicamentos e insumos, partiendo del reconocimiento de que el desafío primordial debe ser atender una necesidad social general que no puede ser distorsionada o desviada.
Con tal propósito, las tecnologías para hacer posible la fabricación de vacunas deben contar también con disponibilidad social y control público, de forma tanto de lograr una mayor fabricación y oferta de productos con aseguramiento de calidad y mejores costos. Ello es en particular imperioso para países periféricos que cuentan con recursos limitados de divisa , como ocurre hoy con América Latina.
Recientemente, la India y Sudáfrica presentaron una propuesta común ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la vacunas y tratamientos contra el Covid-19. Ésta fue rechazada en un principio vehementemente por los países más desarrollados como EEUU, Unión Europea y Reino Unido, de donde por cierto son originarias actuales empresas proveedoras de vacunas, alegando que una restricción al derecho de propiedad intelectual podría ser considerada una usurpación y limitaría el incentivo privado para realizar futuras inversiones en investigación y desarrollo.
América Latina debe tomar un rol activo ante un debate que ha comenzado a abrirse a nivel mundial y que debe reforzarse ante tanta desproporción y desequilibrio en la accesibilidad a las vacunas. Ello no debe ser solo en la importancia que tendría el acompañamiento al reclamo que están impulsando organizaciones intragubernamentales de países periféricos como el Centro del Sur (del cual varios países latinoamericanos son miembros) para que se conceda la excepción «por seguridad» contemplada en el Artículo 73 (b) del Acuerdo de Propiedad Intelectual (TRIPS) de la OMC ([8]).
Sino también plantear propuestas concretas de complementación y cooperación en investigación y producción pública y privada entre países. Por lo pronto, sería un motivo sustantivo para retomar con pleno sentido histórico y práctico una perspectiva concreta de integración regional en formas armónica, realista y útil que traería evidentes beneficios comunes, sin significar el participar un lastre o marginación alguna para ningún país.
Por: Jorge Marchini
