Cinco rectores, que encabezarán el CNE, han sido juramentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Por el lado chavista, fueron elegidos Pedro Calzadilla (presidente), Tania D’Amelio (rectora confirmada) y Alexis Corredor Pérez (ex miembro de la ANC). Enrique Márquez y Roberto Picón son opositores.
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Para Calzadilla, ministro de Educación Universitaria en 2014, fue «un histórico acuerdo nacional de fuerzas sociales y políticas para reencauzar a Venezuela hacia una estabilidad política en estricto apego a la dinámica que impone la democracia participativa y protagónica».
El diálogo, en efecto, no significa derogar los principios del socialismo bolivariano, que tiene su columna vertebral en el pueblo consciente y organizado. «Debemos construir la irreversibilidad de la revolución bolivariana con el Poder Popular, ejerciendo el poder político a través de los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular, rompiendo los esquemas establecidos por los gobiernos burgueses», dijo Maduro, aprobando 9 puntos de trabajo del Consejo Presidencial de la Clase Obrera.
El Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, indica además cómo el internacionalismo y el antiimperialismo siguen siendo los pilares de la revolución. Un proyecto en el que la búsqueda del consenso importa más que la coacción, como también puede verse en esta circunstancia. Según el resultado de la elección legislativa del 6 de diciembre de 2020, de hecho, el chavismo habría tenido derecho a nombrar a los cinco rectores. La mayoría cualificada de 256 escaños de 277 lo permitía.
La nueva composición, sin embargo, es el resultado de la compleja situación en que se encuentra el país, asediado por la estrategia golpista de una parte de la oposición, respaldada por EE. UU. y sus vasallos. Un plan desestabilizador que, tras la victoria de la derecha en las parlamentarias de 2015, pudiera haber desembocado en una guerra civil. Sin embargo, el gobierno bolivariano no quiso elegir la coerción como vía principal, ni procedió luego a un ajuste de cuentas con la banda de Guaidó.
Siguiendo el camino de Chávez, quien tras el golpe de 2002 regresó con la constitución en una mano y una cruz en la otra para proponer la reconciliación nacional; Maduro ha invitado a dialogar. Y sólo la intervención de EE. UU. bloqueó el acuerdo, ya concluido, de República Dominicana en 2017. Pero la intención, por parte de Maduro, nunca ha fallado a pesar de la injerencia, el cierre diplomático y, sobre todo, las medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegalmente por la llamada «comunidad internacional».
Un camino accidentado, pero hasta ahora fructífero, que ha logrado dividir el frente de la derecha confiando en la «diplomacia de la paz». El resultado más tangible se obtuvo en las parlamentarias del año pasado, cuando un abanico importante de partidos de oposición optaron por volver a la legalidad. La rapidez con la que el parlamento está aprobando leyes y reglamentos, con aporte también de los diputados de oposición, indica la buena salud de las instituciones a 22 años del triunfo de Chávez. Una evidencia que asimismo empieza a penetrar a nivel internacional.
El perfil de los dos rectores opositores muestra que el camino del diálogo ha dado otro resultado, rompiendo aún más el consenso de la derecha. Márquez, ahora vicepresidente del CNE, era un diputado y vicepresidente del antiguo parlamento que los partidarios internacionales de Guaidó toman como referencia. También fue miembro del G4, la coalición de los 4 principales partidos opositores a la que pertenecía su formación: Un Nuevo Tiempo. Picón fue asesor de la extinta alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Además de ser un experto de la derecha en materia electoral, cumplió seis meses de prisión por las violencias de 2017, acusado de rebelión, traición a la patria y robo de material militar. Un pedigrí que no deja dudas sobre el campo al que pertenece.
Ante el fracaso de sus planes y la llegada de Biden, Guaidó podría verse obligado a reducir su mantra (fin de la usurpación, gobierno de transición), en el contexto del reconocimiento fáctico recibido por Maduro a través de importantes planes humanitarios llevados a cabo con algunas instituciones de la ONU.
Y es comprensible que la extrema derecha en el exterior esté agitada. Esto explica la visita relámpago a Italia de una delegación encabezada por Leopoldo López, recibida por el Senado. Peter Stano, portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, elogió el nombramiento del nuevo CNE como «un primer paso y parte de un proceso». Se intenta que Italia, país que con el gobierno anterior mantenía una posición intermedia (ni con Maduro, ni con Guaidó), se adapte más a la posición europea, fuertemente influenciada por el lobby de López (padre) y sus compinches.
Tanto López como partes importantes del gobierno italiano expresaron rechazo por los «abusos de Maduro» y apoyo por «negociaciones internacionales que conduzcan a elecciones presidenciales libres y transparentes». López luego declaró su respaldo a su amigo Duque, en Colombia, con quien, antes de llegar a España, se presentó para amenazar a Venezuela con una nueva invasión. Ambos comparten la pasión por el narcotráfico y el paramilitarismo.
Detrás del apoyo a los golpistas venezolanos también hay motivos electorales basados en los intereses de los grandes constructores italianos que han hecho fortuna en Venezuela, representados por un arco transversal de partidos; unidos en el «miedo al socialismo». Es una situación similar a la de España. Como muestra la investigación publicada en un diario italiano: solo en Madrid viven 100.000 venezolanos, principalmente en zonas donde una vivienda cuesta 500.000 euros.
López vive allí, en el lujo. Al menos 50.000 tienen derecho a voto, y sus preferencias van, por supuesto, a la derecha y extrema derecha españolas. Un grupo de presión muy potente que ha comprado 7.000 apartamentos de lujo y que «gasta 100.000 euros semanales en el Ritz». Con la ayuda de cierto tipo de periodistas, que responden a las embajadas gringas, han dominado la opinión pública sobre Venezuela.
Un estudio presentado a la CPI por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, muestra que de 293 noticias verificadas en los mensajes en la red contra Venezuela, el 70% corresponden a versiones de la oposición venezolana. Esto forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela.
