Solo aquellos periodistas que visitan un país para confirmar los estereotipos impuestos por la ideología dominante, pueden definir al socialismo bolivariano como una «dictadura». Quiere decir que nunca han asistido a una de las tantas asambleas populares, nunca han ido a una de las comunidades que han apoyado el «proceso» durante casi 23 años, que actúan y se organizan según el principio de corresponsabilidad.
En los debates que tienen como tema el espinoso problema de la corrupción, habrían escuchado entonces esta exhortación: «¡Limpieza, limpieza, limpieza popular!». Una consigna que no se refiere a la ausencia de medidas anti-covid o la remoción de residuos orgánicos, sino al control social sobre el comportamiento de los funcionarios públicos y el uso de los recursos estatales. Una facultad prevista por la Ley Orgánica de Contraloría Social, promulgada el 21 de diciembre de 2010.
Una ley basada en el principio constitucional de «corresponsabilidad», que definió el control social como una «función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones del Poder Popular, para asegurar que se lleve a cabo la inversión pública de forma transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos y sociales”. Un principio que también sustenta la Ley de las Comunas y que se fortalecerá en la Ley Orgánica de Ciudades Comunales, actualmente en discusión en las comunidades, y que debe regular el funcionamiento de las Ciudades Comunales.
En este contexto se puede entender la denuncia de Nerenys del Carmen, vocera del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras (CPT), presentada en vivo al Presidente de la República durante una conferencia virtual dedicada a la instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras. La portavoz denunció que en una importante empresa estatal, Lácteos Los Andes, «no escuchan a los CPT «, y que no se están considerando propuestas para aumentar la producción, ni tampoco se contemplan contactos con productores y comunas propuestos por los trabajadores para tal efecto.
“¿Qué está pasando en Lácteos Los Andes? ¿Por qué no se escucha a la clase trabajadora?” preguntó el presidente. Luego, reiteró el punto 6 de los 9 contemplados en la agenda del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera, que implica la participación de los CPT en un nuevo modelo de gestión, y por ello prevé la designación de Directivas de trabajadores y trabajadoras en cada empresa. Una línea, recordó, ya señalada hace 15 años por Hugo Chávez, y sobre la que «no hay necesidad de discutir, solo es cuestión de planificarla bien y ponerla en práctica».
No es posible —añadió el presidente— que “compañeros que llegan a la presidencia de empresas repudien la línea obrera, la línea socialista, y asuman el poder como si fueran capitalistas, o peor que capitalistas. ¿Podemos aceptar esto, camaradas? La revolución bolivariana tomó el poder político, defendió la patria y derrotó al imperialismo y las conspiraciones para darle el poder a la clase obrera y al pueblo”.
Luego de pedir protección para la trabajadora, Maduro ordenó al vicepresidente sectorial de Desarrollo Social Territorial, Eduardo Piñate y demás autoridades relevantes, una investigación «dentro de las 48 horas» sobre la empresa estatal: para escuchar «todas las denuncias, críticas y las propuestas de los trabajadores y de las trabajadoras «. El resultado no tardó en llegar y llevó a la detención del presidente de Lácteos Los Andes, el coronel Luis Piligra, acusado de estar en el centro de una red de corrupción que utilizaba la empresa estatal para enriquecerse.
«Vivía en el lujo, haciendo alarde de ser propietario de yates, aviones privados, autos grandes, apartamentos, propiedades, fincas, además de controlar una red de empresas privadas propiedad de familiares y amigos», dijo el fiscal general Tarek William Saab en una rueda de prensa, destacando que el coronel había estado en la mira del poder judicial durante algún tiempo.
La investigación, que también desembocó en el suicidio de un alto ejecutivo de la empresa, Reinaldo González, ha suscitado un gran debate en el país. Algunas medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la brutal caída de los ingresos, debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo, abren las puertas a la inversión privada con una vuelta parecida a la Nueva Política Económica de Lenin, la NEP, pero al estilo bolivariano.
Un proyecto que busca elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras aumentando la producción, pero sin distorsionar la esencia del proceso bolivariano. Es decir: salvar lo esencial para no perderlo todo. Un camino que, por ello, implica la participación activa de la clase obrera y sectores populares, cuya conciencia y organización constituyen la principal línea de resistencia al imperialismo. El mensaje de Maduro, en esta ocasión, llegó alto y claro: mientras los trabajadores aprietan los dientes y renuevan su compromiso con la revolución, los aprovechados no están permitidos, menos que nunca en esta coyuntura.
Sobre la lucha contra la corrupción, el mandatario ya ha indicado un rumbo claro, flanqueado por Tarek William Saab, cuyas investigaciones ya han llevado a la cárcel a varios funcionarios de alto nivel que utilizaron empresas públicas con fines privados. Una batalla campal, considerando que, cuanta más riqueza circula en un país, más corrupción encuentra la manera de manifestarse y atrincherarse, reproduciendo desigualdades sociales a favor de las élites políticas y económicas que aprovechan el desvío de los recursos públicos. Y cuando la corrupción se generaliza, cuando los intereses privados de los funcionarios públicos entran en conflicto con los de la sociedad, se deslegitima todo el sistema político.
Con respecto a la corrupción, que también está determinada históricamente, la Venezuela bolivariana no tiene términos de comparación con la historia del socialismo donde se han realizado revoluciones, habiendo optado por convivir con una burguesía agresiva y resentida, que hace alarde de su riqueza y busca imponer su propio sistema político por cualquier medio. También en este sentido, el socialismo bolivariano, por tanto, aparece como un laboratorio: que vuelve a cruzar el río, palpando las piedras.
