La orfandad del tristemente llamado Grupo de Lima sigue creciendo. No hay forma de seguir justificando el papel injerencista de una minúscula logia de presidentes de extrema derecha. Su único objetivo es la desestabilización del Gobierno Bolivariano, elegido legítimamente por el voto popular. El Cartel de Lima es una estructura despiadada generadora de odio, persecución y agresión, pues de su seno no ha salido ni una sola propuesta positiva que favorezca a todos los venezolanos.
Los asociados al Cartel de Lima son claros representantes (colaboracionistas) de los nefastos planes intervencionistas del imperio norteamericano. Son lacayos y peones serviles que actúan al margen de las normas internacionales, principalmente de lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas. También destaca el peligrosísimo papel de las parcializadas actuaciones (claramente golpistas) del secretario Luis Almagro, que lejos de poner a la Organización de Estados Americanos en un rol de conciliación, ha asumido el papel de partidario activo de las facciones de extrema derecha claramente comprometidas con golpes de Estado, magnicidios y los demás fracasados planes de “la salida” violenta. Más torpeza es imposible lograr.
Recordemos que el Cartel de Lima viene actuando impunemente y al margen de las normas internacionales desde el año 2017, para “acompañar a la oposición” en su objetivo de asaltar por la fuerza el poder político. Destacando que este propósito está bien alejado de la vía electoral, democrática y pacífica, que ha escogido la mayoría del pueblo venezolano como su forma de gobierno. La derecha venezolana le perdió el gusto a contarse electoralmente, a medirse en buena lid. Ni siquiera pueden organizar unas elecciones internas para renovar sus autoridades, pues todo es pelea y divisiones fratricidas.
Nada más ver que el Cartel de Lima ha estado apoyado frenéticamente por presidentes de la logia conservadora continental, como Mauricio Macri, Jair Bolsonaro e Iván Duque; además de incluir alegremente en su seno a la brevísima golpista boliviana Jeanine Áñez. Para ser miembro de este cartel mafioso, se debe contar con la aprobación del Tío Sam, el cual emite la respectiva certificación como lacayo, postrado ante las disposiciones emanadas desde el Departamento de Estado. Nada de autonomía, libre albedrío o independencia para estas tristes marionetas tuteladas.
El claro objetivo del Cartel de Lima siempre ha sido el de la injerencia en nuestros asuntos internos, para favorecer los antojos y pataletas del sifrinaje criollo. Sin pena alguna se han dado a la tarea de reconocer o desconocer discrecionalmente tanto instituciones, poderes públicos y autoridades; de acuerdo a la conveniencia del momento.
Protegen abiertamente a criminales, perseguidos por la justicia venezolana por sus transgresiones a la ley; ejecutadas mediante intentos de golpes de Estado, magnicidios e invasiones con fuerzas paramilitares extranjeras; organizadas impunemente desde Estados Unidos (contratación y financiamiento de mercenarios, tráfico internacional de armas, etc.) y Colombia (base de operaciones y entrenamiento de las fuerzas mercenarias).
Hay total impunidad, con claras violaciones de infinidad de normas internacionales.
Pero todos los objetivos del Cartel de Lima han fracasado. Sus burdos intentos de lograr por la fuerza un cambio inconstitucional de las autoridades electas, han chocado con la resistencia heroica del pueblo venezolano que ha defendido la paz, la soberanía y la Constitución.
Por el contrario han ido cayendo, poco a poco, las figuras más reaccionarias dentro del Cartel de Lima. Volviendo, en la mayoría de los casos, los gobiernos que propician el diálogo por encima del bloqueo, el acoso y la injerencia en los asuntos internos. Bien recibidas han sido las respetuosas posturas de los nuevos gobiernos de México (sede de una nueva ronda de reuniones con la oposición), Argentina, y Bolivia. Más recientemente han manifestado su deseo de abandonar el Cartel de Lima los gobiernos de Perú (paradójicamente su lugar de fundación), con la llegada del presidente Pedro Castillo; y el gobierno de Santa Lucía, asumiendo cabalmente la posición del Caricom de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado soberano.
Las pretensiones del Cartel de Lima de tumbar a nuestro gobierno mediante el “cerco diplomático”, el bloqueo económico y financiero y la agresión mercenaria han fracasado estrepitosamente. Sus protagonistas principales (Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y Carlos Vecchio) deberán enfrentarse, tarde o temprano, a la justicia. En su rol de apátridas, ya tienen condena política: concentran el máximo desprecio por parte del pueblo.
La extrema derecha continental debe aprender que mediante salidas de fuerza no lograrán nunca más imponer títeres en nuestra región. Los pueblos han despertado y no apoyarán más dictaduras fascistas. Su único camino es reconocer el ordenamiento jurídico internacional que auspicia el respeto insoslayable a la soberanía de los Estados.
Este es uno de los principios fundamentales contenido en la Carta de las Naciones Unidas, que como señala en su artículo 2, establece el “principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”; auspicia que se “arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”; y señala además que “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Los miembros propulsores del Cartel de Lima son una vergüenza para el derecho internacional.
