Alex Saab y Julián Assange
Julian Assange y Alex Saab, un periodista y un diplomático. El primero, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, el otro secuestrado y recluido en una prisión de Florida, con desprecio al derecho internacional. Dos ejemplos de la arrogancia imperialista de Estados Unidos apoyada, en el caso de Assange, por el gobierno británico, mientras que en el caso de Saab el secuestro pudo haberse producido con la complicidad de un país dependiente, Cabo Verde, incapaz de decirle “no” a los Estados Unidos.
Assange es «culpable» de haber difundido documentos que resaltan la verdadera naturaleza de las guerras «por la democracia», lideradas por el gendarme norteamericano. El “delito” de Saab, embajador plenipotenciario de Venezuela, es el de haber intentado romper el cerco impuesto para obligar al pueblo venezolano; a ir en contra de su propio gobierno. Cuando Saab fue secuestrado por la CIA, en realidad estaba realizando una operación humanitaria para llevar alimentos, medicinas y combustible a la República Bolivariana.
Julian Assange, fundador del sitio Wikileaks, lleva tres años detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh; conocida como el «Guantánamo de Londres». Ahora también ha dado positivo por Covid y se encuentra en aislamiento, con grave riesgo por sus ya precarias condiciones de salud. La salud de Saab, superviviente de un cáncer de estómago, se encuentra seriamente debilitada; sobre todo tras las torturas que sufrió y las condiciones de privación en las que estuvo recluido en Cabo Verde, a pesar de varios pronunciamientos de organismos internacionales. Ahora, los tribunales estadounidenses siguen postergando la audiencia sobre su inmunidad diplomática; mientras crece la movilización internacional a través del Movimiento Free Alex Saab, coordinado por la abogada Laila Tajeldine.
Por la liberación de Assange, el sábado pasado, frente al parlamento de Londres, tuvo lugar una importante manifestación en la que participaron más de 5.000 personas. En primera fila, Stella Moris Assange, abogada sudafricana de 38 años, esposa del periodista australiano. También la joven esposa del diplomático Alex Saab, la italiana Camilla Fabri, quien siempre está al frente de las iniciativas por la liberación de su marido, respalda la lucha de Assange.
Los abogados de Assange presentaron un último recurso ante el Tribunal Superior de Londres contra el decreto de extradición a EE. UU., autorizado el 17 de junio por la ministra del Interior británica, Priti Patel. En Estados Unidos, el fundador de Wikileaks se enfrenta a una pena de 176 años de prisión: en la práctica, una condena de muerte. Ni siquiera pudo apelar a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, o de prensa. Contra Assange se aplicó una antigua ley de 1917, la Ley de Espionaje. También contra Saab hay un cargo de «conspiración»…
Hasta julio de 2010, el sitio Wikileaks ha publicado 250.000 archivos que revelan las conversaciones entre Washington y sus diplomacias (alrededor de 270 embajadas y consulados en todo el mundo) en los tres años anteriores. Un caso que llevará el nombre de Cablogate. Quien le dio la información a Assange fue el soldado Bradley Manning: le entregó documentos confidenciales de la diplomacia norteamericana, rechazados hasta entonces por todos los periódicos importantes. Manning, analista informático, era soldado en Irak y tenía acceso a bases de datos de las que durante 8 meses extrajo información. La guardó en un CD enmascarado con la portada de Lady Gaga y luego la transfirió a un pendrive destinado a Assange.
En abril de 2010, Manning fue arrestado y en agosto de 2013 un consejo de guerra lo condenó a 35 años. En esa ocasión, el exsoldado declaró que había divulgado los documentos para dar a conocer los abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak y Afganistán. También reveló que siempre había querido ser mujer y que quería llamarse Chelsea. Hoy cumplió su deseo, pero siempre se negó a acusar a Assange a cambio de beneficios.
Alex Saab también ha rechazado los beneficios propuestos por el gobierno estadounidense a cambio de la traición y falsas acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro.
Assange fue perseguido por una orden de arresto de las autoridades suecas desde 2010, incluso en Europa. En diciembre de ese año, se entregó a Scotland Yard y, 9 días después, fue liberado después de pagar la fianza. En febrero de 2011, la justicia británica decidió su extradición. Assange apeló. En abril de 2011, tras las revelaciones de Wikileaks, el gobierno de Ecuador, entonces presidido por Rafael Correa, expulsó a la embajadora estadounidense, Heather Hodges.
Assange, durante sus 500 días de arresto domiciliario en Londres entrevistó al presidente Rafael Correa en su programa de radio transmitido en Russia Today. Y, cuando la Corte Suprema británica decidió su extradición a Suecia en mayo de 2012, huyó a la embajada ecuatoriana en Londres y obtuvo asilo político de Correa el 15 de agosto.
Ecuador rechazó así a las amenazas de Gran Bretaña, en línea con la actitud adoptada por los países socialistas de América Latina ante las revelaciones de la injerencia estadounidense. Una situación que empeoró aún más con la llegada de otra fuente —Edward Snowden— y otro gran escándalo, el de Datagate, que estalló en el verano de 2013 y que también se ha unido en el rechazo de las injerencias a Brasil y Argentina. Snowden, ahora ciudadano ruso, mostró el alcance del espionaje ilegal por parte de las agencias de seguridad estadounidenses, en violación de la privacidad, tanto como de la soberanía de los Estados.
Los abogados de Assange denunciaron a la CIA por espiar las conversaciones con su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
Pisotear la inmunidad de un diplomático, no es precisamente un acto corriente. Cerrarle la boca a un periodista, o imponer la censura en nombre de la «seguridad nacional», por otro lado, es ahora un hecho común en los países capitalistas, que también abundan en proclamas redundantes sobre la «libertad de prensa» y el «pluralismo de la información».
Dos casos que sirven para subir el listón de la ilegalidad y la opresión de quienes, agitando la retórica de los derechos y la democracia, se consideran exentos del deber de respetarlos. La tarea de quienes se reconocen en otros principios, en cambio, es hacer saltar este listón.
