Por: Hedelberto López Blanch
Muchas naciones se están dando cuenta de que no pueden guardar riquezas en los bancos occidentales; porque algunas de estas instituciones se han especializado en adueñarse y robar sus tesoros mediante cualquier excusa.
Desde hace varias décadas, estos hechos de latrocinio y rapiña se han sucedido continuamente, en los que aparecen envueltos bancos de Estados Unidos y de Europa; los cuales se han adueñado del capital soberano de otros países.
El hecho más reciente, ocurrió cuando el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Gran Bretaña falló a favor del autoproclamado presidente fantasma de Venezuela, Juan Guaidó, para entregarle el oro que el gobierno de Caracas guarda desde hace años en el Banco de Inglaterra.
La magistrada Sara Cockerill decidió, sin apego a las leyes jurídicas internacionales, que la Junta de Guaidó ganaba un litigio interpuesto en esa instancia, bajo la excusa de que las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela (que le daba la razón a Caracas) no eran reconocidas por la justicia británica.
El Banco Central de Venezuela (BCV) rechazó “el insólito pronunciamiento del tribunal británico que, una vez más, de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.
El documento del BCV puntualiza que dicha decisión judicial “violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos; al pretender desconocer a las autoridades legítimas del ente emisor, para justificar un entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela”
El presidente Nicolás Maduro denunció que el Reino Unido “roba de manera descarada el oro venezolano” y que “el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres, ni en el Banco de Inglaterra”.
En el pasado reciente abundan hechos de esa índole; como lo explica una investigación de Sputnik. Hace 43 años, en 1979, cuando triunfó la revolución en la República Islámica de Irán, los activos de la nación persa fueron cortados por Washington, prohibiendo las importaciones de petróleo iraníes y congelando unos 11.000 millonesde dólares en activos — unos 35.350 millones de dólares actuales, teniendo en cuenta la inflación.
Rompiendo cualquier regla internacional y con las mañas de una potencia imperial, un tribunal de Nueva York ordenó que esos activos iraníes se utilizaran para indemnizar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, sin que existiera ni el más mínimo indicio de que la República Islámica estuviera involucrada en los ataques terroristas.
Además, más de 15.000 millones de dólares de Teherán se destinaron, en 2004, a la reconstrucción “fantasma” de Irak después de la invasión estadounidense. En esta última nación árabe desaparecieron de sus arcas miles de millones de dólares de las reservas del país.
Caso similar ocurrió con los 7.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán; depositados en instituciones financieras estadounidenses. La Casa Blanca, en febrero de 2022, ordenó disponer de esos fondos para “ayudar” a las víctimas del 11 de septiembre.
Tras la invasión de la OTAN a Libia, con la anuencia plena de Estados Unidos, 13.000 millones de dólares fueron congelados en un banco belga y posteriormente desaparecieron, según señaló la revista belga Le Vif.
En esa misma línea, por orden de la Corte Penal Internacional, más de 1.000 millones de euros de la nación árabe resultaron confiscados en Italia, mientras Washington realizaba una operación similar con 30.000 millones de dólares en bancos estadounidenses.
En instituciones británicas, la cifra de activos libios ─de los que no se sabe su paradero─ asciende a 12.500 millones de dólares.
En el caso de Cuba, por el bloqueo económico, comercial y financiero; le fueron congelados desde 1963, más de 245 millones de dólares en bancos estadounidenses; los cuales han ido despareciendo porque las distintas administraciones de esa nación los han entregado a miembros de la mafia cubano-americana radicada en Miami, mediante juicios espurios.
También se han frisado propiedades y cuentas bancarias pertenecientes al Estado, a entidades y a personas naturales cubanas, en transferencias realizadas a Cuba por entidades y ciudadanos extranjeros, e incluso premios en metálico obtenidos por cubanos en concursos o eventos deportivos internacionales y herencias.
Pero si, hasta 2021, Estados Unidos y Europa Occidental habían realizado esos timos contra naciones en desarrollo, ahora se han lanzado contra Rusia, una potencia política, económica y militar.
Después de que Moscú lanzó la operación militar especial en Ucrania, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar al país vecino, Washington y sus aliados occidentales bloquearon activos rusos por unos 300.000 millones de dólares, cerca de la mitad de las reservas internacionales del gigante euroasiático. Ese dinero es el que han pagado durante años los países occidentales por las importaciones de gas ruso.
El ministro de Exteriores, Serguei Lavrov catalogó de “robo” esa acción y si se concreta, dijo, «sería la destrucción de la propia base de las relaciones internacionales y golpearía a los propios europeos, al sistema financiero y socavaría la confianza en Europa, y en Occidente en general; porque es una arbitrariedad total parecida a la ley de la selva».
Y podríamos preguntarnos, ¿hasta cuándo se permitirá que sigan ocurriendo estos impunes desfalcos? No cabe la menor duda que se necesita un nuevo orden económico, financiero, jurídico, y sobre todo, moral que detenga esas arbitrariedades.
