¿Qué se puede aprender de un trago amargo?
Tema de la corrupción retoma lugar prioritario para la Revolución
Los recientes acontecimientos han significado una retoma por parte de las fuerzas revolucionarias del tema de la corrupción como parte de sus prioridades, trascendiendo el campo retórico e instalándose en el de los hechos concretos.
Esto es trascendental, pues reconcilia al chavismo con una de sus raíces históricas: la lucha contra un mal que parece inherente a la vida pública y que constituyó uno de los factores fundamentales para el derrumbe del sistema político de Punto Fijo.
Pero, aparte de ese retorno a una esencia originaria, la toma de medidas contra funcionarios corruptos es un gesto que atiende una demanda muy actual de los militantes y simpatizantes de la Revolución, como es que se castigue a quienes han dilapidado los recursos del Estado venezolano en un tiempo de tantas dificultades para la mayoría nacional.
La dirigencia honesta de la Revolución se está jugando a todo o nada en este episodio candente de la vida política venezolana. Si la acción contra la corrupción deriva en sanciones severas para los culpables y en un consecuente freno a los casos de daño al patrimonio público, el pueblo sabrá reconocer y premiar ese esfuerzo. Si no logra la concreción del lema “caiga quien caiga”, habrá recriminación y castigo político. Eso está muy claro.
Reivindicación de la denuncia popular
Nuevamente, la divulgación de datos sobre las conductas criminales perpetradas por funcionarios de diferentes poderes y ámbitos ha servido para comprobar que las instancias de la contraloría social y la comunicación popular tenían razón en denuncias que presentaron en el pasado.
Es necesario reivindicar el rol de esos contralores y comunicadores de las bases, así como funcionarios de medio y bajo rango que se han atrevido a formular acusaciones contra sus jefes presuntamente corruptos y han corrido con las consecuencias de ello.
En algunos casos, esa reivindicación exige cesar la persecución penal o reengancharlos en sus cargos, pues las mismas estructuras corrompidas se encargaron de judicializarlos o despedirlos de sus trabajos por haber intentado ejercer la función contralora popular.
Papel de los medios revolucionarios
Un sismo político de esta magnitud reclama reflexión individual y debate grupal a diversos niveles. Todos los cuadros revolucionarios están obligados a analizar lo que está ocurriendo y asumir posturas coherentes.
En el caso de los medios revolucionarios, –es decir, los públicos, los privados cercanos al proceso bolivariano y los alternativos– es más que pertinente mirar en retrospectiva para revisar cuál ha sido su posición editorial acerca de las denuncias de anomalías en el manejo de fondos estatales y otros delitos vinculados al ejercicio del poder.
Enfrascados en la guerra mediática contra la derecha antipatria, los conductores de estos medios asumieron posturas de «cuadro cerrado» respecto al tratamiento informativo de las denuncias que muchas veces se han presentado en torno a irregularidades en Pdvsa, el Poder Judicial y otras instancias oficiales.
Esa actitud dificultó la difusión de los casos y, contradictoriamente, le dio armas a la maquinaria mediática opositora para aparecer como tribuna de la lucha contra la corrupción, un papel que no merecen en absoluto.
Ya nada puede hacerse respecto al pasado, pero si esto sirve para cambiar de actitud en lo sucesivo, será un gran avance, una prueba más de que no hay mal que por bien no venga.
Contra todos los corruptos
Un clamor que toma cuerpo entre la gente común en estos días es que la acción emprendida contra la corrupción, además de ser un proceso de autodepuración de las fuerzas revolucionarias, sea también la ocasión para ajustar cuentas legales con la pandilla de delincuentes afiliados a partidos opositores, quienes se han valido de la ficción del gobierno interino para desvalijar el tesoro público.
Ese reclamo ha estado siempre activo, pero ahora se repotencia con estos pasos firmes dados por el gobierno para sancionar a funcionarios acusados de hechos punibles contra el patrimonio nacional.
La ley ha de ser aplicada de manera estricta a unos y otros, pues de no hacerse así, quedaría reforzada la impunidad de una dirigencia política que ha actuado al margen de toda norma jurídica y con el amparo de la potencia imperial y sus aliados.
