En el Museo Bolivariano, en Caracas, el movimiento de abogadas y abogados en defensa del Esequibo escucha a la presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leer la minuciosa respuesta a los argumentos de Venezuela. Después, la coordinadora del movimiento, Luz Orsolani, lee un pronunciamiento de respaldo a la posición del gobierno en la materia, subrayando la intención de paz con justicia social que caracteriza el accionar de Venezuela, heredera del Libertador, Simón Bolívar.
Claro y contundente, el comunicado del gobierno bolivariano relativo al pronunciamiento de la CIJ sobre el Esequibo, resume los términos de una cuestión histórica que se proyecta al presente con importantes (y amenazantes) implicaciones. El comunicado –leído y comentado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acompañada del Canciller Yvan Gil y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López,– en primer lugar aclara una cuestión de fondo: Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia “por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo”.
Venezuela considera como único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial, el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero 1966 por Venezuela y los representantes de la Guayana Británica, próxima a lograr la independencia. Por esta razón define como “incidental” la decisión de la CIJ “relativa a las objeciones preliminares presentadas por nuestro país contra la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana sobre la validez del Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899”.
En junio y noviembre de 2022, Venezuela decidió acudir a la CIJ para contestar la demanda unilateral de Guyana. A fines de septiembre del año pasado, Delcy voló a La Haya para contrarrestar la intervención de Guyana en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se replantearon los argumentos del Laudo Arbitral de 1899, que Venezuela considera «írritos y nulos».
Con documentación rigurosa, contundente y abundante, Delcy Rodríguez demostró los mecanismos fraudulentos utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña para arrebatarle a Venezuela su territorio. Un despojo de carácter colonial, que tiene como fecha de origen el 3 de octubre de 1899.
En ese momento, se firmó en París el llamado Laudo Arbitral, constituido por un tribunal creado dos años antes sobre la base del Tratado de Arbitraje de Washington, en el que Estados Unidos, en representación de Venezuela, por un lado, y el Reino Unido como propietario de la entonces colonia de Guayana Británica (ahora República Cooperativa de Guyana), por otro lado, habían acordado llevar a un tribunal de arbitraje internacional la disputa sobre la frontera oeste de la colonia británica, y al este de Venezuela. Venezuela ya era entonces independiente, pero no fue convocada para una solución amistosa a la disputa territorial. Estuvo representada por las potencias coloniales.
En definitiva, el fallo fue a favor del Reino Unido que se adjudicó el territorio que Venezuela ya llamaba Guayana Esequiba, y que se extendía por 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo (ciertamente no un nombre inglés). En ese momento, Venezuela protestó de inmediato, citando vicios de forma.
Sin embargo, fue en 1962 cuando logró llevar su protesta a la ONU, proporcionando evidencia documental de sus razones. La solicitud fue aceptada y dio lugar al Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966. Ese acuerdo sigue vigente aunque sea transitorio ante una solución definitiva y consensuada, que Venezuela sigue pidiendo incluso ahora.
En esta ocasión, por primera vez en su historia, la República Bolivariana de Venezuela ha ido a la Corte Internacional de Justicia en defensa de su soberanía e integridad territorial. El comunicado celebra que la Corte haya validado los argumentos presentados por Venezuela: “en primer lugar al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña, y en segundo lugar porque deja en claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966; único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial”.
Por esta razón, el comunicado define la sentencia como “incidental”, y declara que el gobierno bolivariano evaluará sus implicaciones “de manera exhaustiva, y adoptará todas las medidas a su disposición para la defensa de sus legítimos derechos”. La CIJ ha revisado minuciosamente las objeciones preliminares presentadas por Venezuela contra la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana sobre la validez del Laudo arbitral de 1899, y ha dejado abierto el camino a una posible revisión del daño hecho por Gran Bretaña.
El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, Hermann Escarrá, indicó que Venezuela tiene pruebas y documentos que constatan la herencia de la Guayana Esequiba, desde años remotos. En este sentido, Escarrá tildó de “hecho insólito, grosero y escandaloso”, que se diga que Gran Bretaña no es parte del tema, porque fue esta nación quien firmó el Tratado de Washington en 1897, así como el Laudo Arbitral de París en 1899, y el Acuerdo de Ginebra en 1966.
Delcy Rodríguez anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocará a una gran consulta nacional sobre esta sentencia incidental de la CIJ y, en nombre del gobierno, convocó “a todo el pueblo venezolano a la unión nacional en defensa del legado histórico y territorial de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar y en cumplimiento de los valores constitucionales de paz, integridad y soberanía; en el más estricto respeto al Derecho Internacional”.
Rodríguez denunció que el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana impulsa los intereses mercenarios de las grandes transnacionales del petróleo y de las empresas que, ilícitamente, están explotando ese territorio bajo concesiones entregadas por esa nación.
“¿Por qué Guyana hace eso? Nosotros vamos a demostrar los regímenes fiscales. Guyana hace eso para enriquecer a las grandes transnacionales del petróleo, que son las que, además, han financiado a los abogados de Guyana en el caso ante la CIJ, que han propiciado toda esta conducta ilícita de la República Cooperativa de Guyana; que se niega a respetar y por eso Venezuela se lo recuerda: tienen la obligación de regirse por el Acuerdo de Ginebra de 1966 para la resolución de esta controversia”; dijo.
Son ya 6 grandes petroleras las que –mientras que el imperialismo pretende retrasar una solución jurídica amistosa y compartida según los acuerdos de 1966– están imponiendo una situación “de facto” de la que no sea posible volver atrás. Una política que caracteriza la acción imperialista, que pretende imponer su propia «legalidad» artificial, mientras viola los derechos humanos y los tratados internacionales: se puede ver en Palestina, donde el régimen israelí continúa con la ocupación salvaje del territorio palestino, a pesar de las muchas resoluciones de condena de la ONU; y lo vimos recientemente con el secuestro y la deportación del diplomático venezolano Alex Saab, con la complicidad de otro país del Sur subalterno a los Estados Unidos, Cabo Verde.
Mientras tanto, los centros de pensamiento hegemónicos contaminan el contexto internacional con una campaña mediática que pretende desvirtuar los elementos y el propósito de una disputa centenaria que requiere conocimiento histórico y visión geopolítica. El objetivo es presentar a Venezuela como un país “arrogante” que busca impedir el desarrollo económico de otro país “soberano” del sur.
Como siempre, para entender, es necesario recurrir a la historia que, para los pueblos del sur, es la historia de la opresión colonial así como de la opresión de clases, para lo cual la redacción de Estado “soberano” debe ir entre comillas: no es de extrañar, que la bandera de una segunda independencia sigue siendo muy actual en América Latina (y más allá).
Guyana obtuvo la independencia en 1966 y proclamó la república en 1970, aunque permaneció dentro de la Commonwealth, una organización intergubernamental de 54 estados independientes, unidos –excepto Mozambique y Ruanda– por la colonización sufrida por el Imperio Británico. Se trata de un país cuyas decisiones siguen fuertemente influenciadas por las políticas británicas y norteamericanas: con más o menos evidencias dependiendo de si va al gobierno el Congreso Nacional del Pueblo (de derecha, siempre apoyado por Estados Unidos) o el Partido Progresista del Pueblo, que es de izquierda, y al que pertenece el actual presidente Irfaan Ali, el primer presidente musulmán practicante oficial.
Para hacerse una idea de la presencia imperialista en la zona, basta con saber que existe una organización llamada GUYANA, USA, que promueve la integración de Guyana con Estados Unidos. ¿Porque? Porque más de 100.000 guayaneses tienen doble ciudadanía y los guayaneses que residen en los Estados Unidos son aproximadamente 350.000, o un tercio de la población total. La influencia de EE.UU., al que Reino Unido otorgó el uso de sus puertos en Sudamérica, incluidos los ubicados en Guyana, ya durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ha cesado, dada la fuerte continuidad de la relación especial existente entre los EE.UU. y Gran Bretaña.
Un tema candente, como podemos ver, en el contexto de la crisis mundial y la disputa entre el imperialismo norteamericano y el campo de fuerzas que, en cambio, se mueve en el contexto de un mundo multicéntrico y multipolar alrededor de China; y en el que se ubica la Venezuela Bolivariana. Un tema que también concierne a las relaciones de solidaridad que establecen Cuba y Venezuela con los países del Caribe en el contexto del Caricom, organización en la que Estados Unidos intenta influir desde hace tiempo. Guyana es miembro de Unasur, Celac y miembro asociado de Mercosur.
En el Esequibo, –que comprende una extensión territorial de 159.500 km2– los intereses en juego son gigantescos, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad y recursos naturales –bauxita, oro, diamantes, manganeso–; y también reservas de uranio, petróleo, y gas; como desde el geopolítico. Si el imperialismo pone sus manos en el área en disputa, de una vez por todas podría bloquearle a Venezuela el acceso a la fachada Atlántica, por donde sale el crudo pesado comercial, y poner en riesgo la seguridad económica del país. El Esequibo es además un tema de seguridad de la nación, y por eso el ministro de Defensa también estuvo al lado de la vicepresidenta ejecutiva.
En ese sentido, se constituyó la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba, presidida por el diputado Hermann Escarrá y con William Fariñas como primer vicepresidente. La Comisión Especial continúa su labor, tanto a nivel jurídico internacional como a nivel territorial: tanto para sensibilizar sobre la importancia del tema a través del “parlamentarismo de calle”, como para informar a las poblaciones aledañas al Esequibo, en Bolívar y Sucre. La consigna sigue la misma: “El sol de Venezuela nace en el Esequibo”.
