CITGO, licencia N° 42 e ingresos de los trabajadores

La CITGO es una filial de PDVSA adquirida a la Corporación Southland. Cuenta con tres refinadoras de petróleo en Luisiana, Illinois y Texas con capacidad para procesar 749.000 b/d, cuenta además con, aproximadamente, 10.000 estaciones de servicio para la comercialización de gasolina, lubricantes y productos petroquímicos; asimismo, 48 terminales de almacenamiento y distribución. Toda esta infraestructura está ubicada en el denominado corredor energético de Houston en EE.UU. Al declararse Juan Guaidó como presidente “interino”, el gobierno de Trump, cumpliendo parte del sueño americano de apropiarse de la misma y violando descaradamente el derecho internacional, el de la propiedad y el del ejercicio de la libre empresa, le entrega la administración de dicha empresa a quien dictamine la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por el nefasto Guaidó. De forma inmediata, comienza su desmontaje como activo nacional mediante un procedimiento espurio para favorecer a Crystalex, a quien en el año 2008 se le revocó la concesión sobre la mina Las Cristinas, en el estado Bolívar, por incumplimiento del plan ambiental. Toda esta maniobra es coordinada por José Ignacio Hernández, quien fungía como Procurador Ad Hoc de Guaidó. El referido personaje, supuestamente era el encargado de defender a la República; pero resulta que él mismo encabezaba el grupo de abogados que, en su momento, Crystallex contrató para ir en contra de PDVSA; en la demanda que se interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi); Zamuro cuidando carne. Para tapar un poco la desfachatez, en tanto terminaban de concretar el robo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emite una especie de protección a los bienes de CITGO. Ante el desmoronamiento del gobierno ficticio de Guaidó –construido por los EE.UU. –, levantan esta protección y emiten la licencia N° 42 que le otorga la representación de la República a la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela “presidida” en la actualidad por Dinorah Figuera y la autorizan para “realizar transacciones incidentales y necesarias para la negociación de acuerdos de solución” relativos a las deudas del Gobierno venezolano, de PDVSA o cualquier entidad donde se tenga una participación de 50 % o más. Es decir, se habilita el remate de CITGO. Mientras, el Presidente Nicolás Maduro, a pesar de las dificultades financieras generadas por este tipo de confiscación, anunciaba en la jornada del 1º de mayo un ajuste en el bono contra la guerra económica y el cesta ticket como inicio del proceso de rescate de los ingresos de la clase trabajadora; la Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno de EE.UU. dan un nuevo zarpazo a la población con la licencia N° 42 y sus consecuencias negativas sobre los ingresos fiscales. Esta situación debe llevarnos a mayores niveles de unidad en la defensa de los intereses de la patria. En este orden, el presidente ordenó la toma de todas las medidas legales al alcance para evitar esta agresión y determinar las correspondientes responsabilidades criminales, dentro y fuera de nuestro territorio. De igual manera, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero. Esta ley la abordaremos en una próxima entrega.