El diputado a la Asamblea Nacional, muy vinculado al debate y la consulta de la Ley de Extinción de Dominio y de otras normativas y reformas relacionadas, afirmó que “un corrupto no puede llamarse chavista”.
La Ley de Extinción de Dominio, y otras normativas que se han aprobado o se debatirán próximamente, establecerán sanciones ejemplarizantes contra los corruptos, pues se trata de delitos comparables con los peores, los de lesa humanidad, homicidios y violaciones, aseguró Jacobo Torres, diputado a la Asamblea Nacional y activista sindical.
—¿Esta nueva ley frenará la corrupción?
—Antes que nada nos debemos preguntar por qué hemos llegado a este punto de la aprobación de esta ley. Debemos reconocer una falencia: nuestras leyes han sido muy blandas, sobre todo las que tienen que ver con la corrupción. Establecen penas muy benévolas, casi siempre pecuniarias, son “saludos a la bandera”, y eso no puede seguir siendo así, debemos plantear medidas ejemplarizantes. Se trata de que quien cometa un delito, efectivamente lo pague. Hay un segundo aspecto, de orden más político. Por otro lado, al revisar el contexto histórico, tenemos que decir que la corrupción no es una hechura de este gobierno, por más que se repita esa idea constantemente. Ese fenómeno viene desde que el primer español puso un pie en este país. En estos días me hablaron de uno de los gobernadores de la época colonial, apodado “el Africano”, que instituyó aquella costumbre de jugar carnaval con agua y fue quien más robó el erario público durante la era de la colonia. En la Cuarta República esto se perfeccionó, se hicieron especialistas, al terminar de convertir la corrupción en una forma de acumulación de capital, como lo decía mi mentor, Alí Rodríguez Araque. Una vez que la renta sustituye la producción (un debate que sigue abierto), la corrupción termina siendo un método de acumulación de capitales y la maximización de la renta.
—¿Los hechos más recientes hicieron tomar conciencia de la necesidad de esta ley?
—No se trata sólo de que estos personajes (los acusados de delitos contra el patrimonio público este año) se hayan corrompido en el ejercicio del gobierno. Ese cuento no me lo vengan a echar a mí. En mi opinión, eso era parte de un plan de infiltración que arrancó en tiempos del comandante Chávez. No en balde, algunos de ellos fueron sus ministros o funcionarios de alto nivel y otros han sido parte del equipo del Presidente Obrero Nicolás Maduro. Todo ese tinglado de corrupción, trata de personas, tráfico de bienes y demás actividades delictivas; no se creó porque alguien les mojó la mano. No, a ellos les han venido trabajando el ego mediante un plan de implosión del gobierno. No han podido por la vía militar (intentos de invasión y golpe de Estado) ni por el quiebre económico y el bloqueo. Entonces, han buscado la vía para quebrarnos la moral y qué mejor ruta para eso que la corrupción de los funcionarios.
—La Ley de Extinción de Dominio viene a corregir esta situación, pero se concreta por esta última “emergencia”, el brote de corrupción detectado este año…
—Era una necesidad en la que veníamos insistiendo. Tanto el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Capitán Diosdado Cabello, como el propio compañero Presidente Maduro en distintas alocuciones lo han venido planteando. También desde la Central de Trabajadores lo habíamos hecho, como parte de nuestro empeño en adecentar el movimiento obrero que, durante décadas, fue también corrompido por el puntofijismo. La Ley de Extinción de Dominio viene a cumplir un primer rol. Hasta ahora había habido impunidad. Los corruptos hasta se ufanaban de sus robos. Vinicio Carrera (quien fue ministro de Transporte y Comunicaciones de Luis Herrera Campíns en el quinquenio 1979-1984) hasta compró un título nobiliario en el Reino Unido, no recuerdo si conde o barón. Eran cosas que hacían movidos por vanidad personal. Hubo innumerables casos, como el del Sierra Nevada, el de los jeeps de José Ángel Ciliberto, el de la partida secreta de Carlos Andrés Pérez. Se condenaba al que tuviera la poca habilidad de resultar descubierto, no porque robar estuviese mal. Por eso cuando el compañero Diosdado plantea esta ley, el propósito es extremar las medidas penales para sancionar al criminal, quien debe terminar preso porque no se trata de un delito menor. Lo segundo es que el Estado tenga la posibilidad de recuperar los bienes mal habidos. Además, la persona acusada debe demostrar de dónde sacó los bienes que posee. Si eres funcionario y compraste una mansión, vas a tener que demostrar de dónde sacaste el dinero para comprarla, no importa si, por apariencia, sigues viviendo en una casa modesta o en un apartamento. El Estado tiene el derecho y el deber no solo de sancionar al ladrón, sino también de recuperar para el pueblo lo robado.
—¿Hasta ahora eso no era posible?
—No. El primer gesto en ese sentido se hizo recientemente con la incautación de vehículos, yates, viviendas de lujo, lingotes de oro, divisas de varios países, armas de todos los calibres. Eso comienza a tener un efecto. Ya hemos ido más allá de las medidas penales, que también se han tomado. Porque si algo ha hecho esta Revolución es meter presos a un montón de corruptos. Por ejemplo, los de Pdvsa no son sólo estos que cayeron ahorita, sino que hay gente que ha sido procesada desde los tiempos posteriores a la salida de Rafael Ramírez. Algunos están presos, otros se fueron con la cabuya en la pata, como el alcalde de Guanta y el propio Ramírez, dejando una estela de horror, una madeja de corrupción que apenas se está comenzando a desenredar. En este caso no se trata sólo del robo; sino de que se produce en un país que vive una grave crisis inducida. Con las dificultades que está atravesando nuestro pueblo, es un crimen de lesa humanidad robarle el dinero a una sociedad que lo necesita de manera urgente.
—¿Cómo se compadece eso con el respeto a la propiedad privada, que ha sido una de las críticas permanentes de la oposición desde el comienzo del proceso revolucionario, en particular cuando se han llevado a cabo expropiaciones?
—Desde el año 2000 nos atacan por este tema. Yo siempre digo y repito, que mientras la propiedad privada exista en la Constitución venezolana, estamos obligados a respetarla. Sobre eso no puede caber absolutamente ninguna duda. Una cosa distinta son las empresas que quiebran fraudulentamente o las empresas de maletín, porque el primer deber es proteger a los trabajadores. En lo que se refiere a esta ley, si alguien está siendo investigado y se le encuentran bienes que no corresponden a sus ingresos, esa persona tiene la obligación de demostrar de dónde sacó la plata para tener esos bienes de los que disfruta y el tren de vida que lleva. Pero si, para evitar que los bienes sean detectados, esa persona los vende ficticiamente a un tercero, le toca al comprador demostrar de dónde sacó el dinero para adquirirlos. Si no lo puede demostrar, quedará sujeto a sanciones penales y los bienes le serán confiscados.
—¿Hay otras leyes que complementan a la de Extinción de Dominio?
—Hay una segunda ley recién aprobada, la de Protección a los Activos en el Extranjero; que complementa la de Extinción de Dominio. Esta va dirigida a los que han conspirado para que se pierdan bienes del país en el exterior; como lo ocurrido con Citgo, Monómeros, las cuentas bancarias y el oro. El Estado ahora tiene el derecho de sancionar a quienes se hayan prestado para esos despojos, y está en disposición de confiscarles sus bienes personales para resarcir lo robado al erario público. Le da al Estado una potestad mucho más fuerte para ir a defender en el exterior los bienes saqueados.
—La Ley de Extinción de Dominio es una legislación modelo preparada por la Organización de las Naciones Unidas para los casos de narcotráfico y lavado de activos. Pero nosotros no hemos tenido muy buenas experiencias con estas “leyes de paquete” que nos han impuesto. ¿No hay peligro de que esto sea una especie de Caballo de Troya?
—No. Primero, porque el tener una mayoría amplia en la Asamblea Nacional nos da margen para hacer ajustes. Además, los diputados y las diputadas tenemos una permanente discusión y reflexión sobre lo que estamos haciendo. Recuperar el control de la AN no es sólo una consigna, sino que tenemos un cuerpo legislativo que siempre consulta todo lo que está haciendo. Eso es muy positivo porque la gente se reconoce en lo aprobado. Si nosotros hiciéramos las cosas solo por hacerlas, no sólo correríamos ese tipo de riesgos, sino que terminaríamos con las manos atadas. En este caso no creo que sea posible, porque esto ha dado pie para revisar todas las leyes que tienen que ver con sanciones a la corrupción. Tenemos 29 delitos tipificados en nuestra legislación y ahora estamos tratando de ampliarlos. Partimos de la idea de que estos delitos deben ser catalogados como si fueran homicidios o violaciones; porque están acabando con lo que pertenece a un pueblo y con sus esperanzas. El hecho de que hayan muerto 80 niños porque se desvió el dinero que aportaba Citgo para operaciones y trasplantes es un crimen muy serio por el que deben ser castigados los culpables, tanto los de derecha como los de aquí. Eso no tiene color político. Un corrupto no puede llamarse chavista. Un choro no puede llamarse revolucionario; no puede pertenecer a nuestros movimientos; eso es parte del intento de minar nuestra moral. Atrapamos algunos personajes que formaban parte del estado venezolano; pero al menos, según mi punto de vista, no eran revolucionarios, no eran chavistas. Es un asunto de principios: y el primer principio de un chavista, de un revolucionario, basado en el mejor ejemplo del comandante, es la honestidad. Nadie podía cuestionar a Chávez y nadie puede cuestionar al presidente Maduro, aunque todos los días traten de hacerlo con superficialidades como que su hijo, Nicolasito, tiene tal reloj o tales zapatos.
—Como parlamentario y cuadro revolucionario, ¿qué opina de la actuación de los organismos contralores en los últimos años, en particular la Contraloría General y la Comisión de Contraloría de la AN, que en la IV República era una especie de circo, pero al menos interpelaba a los funcionarios? En los casos recientes, la iniciativa la tomó la Policía Anticorrupción, que existía desde 2014, pero casi nadie la conocía.
—En la IV República, la Comisión de Contraloría era uno de los centros de negociado de contratos. Era parte de la podredumbre del viejo Congreso. Aunque me cuestionen por esto que voy a decir, yo no puedo echarle la culpa al contralor, Elvis Amoroso, porque él ha hecho un gran esfuerzo en condiciones muy adversas, con leyes muy flojas y blandas, sin margen de maniobra para sancionar. Igual pasa con la Comisión de Contraloría de la AN, que nos encuentra en pleno proceso de reconstrucción de un Parlamento que estuvo cinco años acéfalo, sin rumbo. Ahora tenemos, incluso, a estos factores “democráticos” de la oposición que están haciendo un esfuerzo por amoldarse. La actuación de esta Policía Anticorrupción, que yo tampoco conocía, comienza a generar frutos adecuados. En buena hora elegimos en la Asamblea Nacional Constituyente a Tarek William Saab como fiscal general. Yo estoy seguro de que él no ha mentido, ni está mintiendo. Cuando le ha puesto los ganchos a alguien es porque lo han agarrado en flagrancia o casi. Creo, eso sí, que aparte de reformar las leyes hay que reformar la Contraloría General de la República para que tenga más capacidad sancionatoria, más allá de la inhabilitación. Si se le otorga facultades al contralor, para que actúe junto con el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción, para ordenar investigaciones de orden penal, la discusión es otra. Ya no estará como un jarrón chino, sino que será un funcionario con capacidad de sanear el país y lograr lo que nuestro pueblo se merece.
