El diputado Ramón Lobo explica los principales aspectos de la nueva legislación
La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de Estados y Municipios, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por el presidente Nicolás Maduro Moros; tiene por objetivo ordenar el sistema tributario venezolano, buscando mayor eficacia y eficiencia en la recaudación de los tributos. Explicó el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento venezolano.
“Se busca evitar la sobreimposición, las sobrecargas fiscales que pueden afectar el desenvolvimiento de la economía; porque, al fin y al cabo, tanto para el país en general, como para un estado o un municipio, la recaudación puede aumentar o disminuir según el comportamiento del aparato productivo. Si ese aparato puede generar más ingresos, aumentará su aporte a los tres niveles de gobierno: nacional, estadal y municipal”; detalló el parlamentario, quien también fue ministro del Poder Popular para las Finanzas y presidente del Banco Central de Venezuela.
Señaló que la nueva legislación surge como respuesta a una serie de inquietudes que se plantearon en todo el país. “Nosotros hemos sido víctimas de un bloqueo económico en los últimos años que ha limitado los ingresos fiscales del Tesoro nacional y también ha afectado la actividad económica de toda la sociedad, tanto de las personas naturales como de las jurídicas. A pesar de esa merma, los estados y los municipios están obligados a cumplir con sus funciones; y buscando la manera de cubrir los requerimientos de las comunidades se generó una situación complicada. Por eso se creó esta ley que pretende coordinar y armonizar los sistemas tributarios”.
Lobo destacó que esta normativa marca un hito histórico, pues hasta ahora nunca se había puesto en vigencia una ley para coordinar y armonizar los cobros de tributos mediante un organismo con amplia participación de todas las instancias involucradas, como el Consejo Superior de Administración Tributaria; en el que estarán representados el Ejecutivo Nacional, a través del ministerio con competencia en Economía y Finanzas y el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas, todos bajo la coordinación del Consejo Federal de Gobierno. Ese órgano podrá convocar a los sectores productivos para escuchar sus opiniones.
Precisó que antes de esta ley no existía un punto de encuentro para los entes con competencia en materia de recaudación.
“No se trata de crear o eliminar tributos estadales o municipales. Lo que la ley hace es establecer los principios, parámetros y limitaciones de esos tributos. Por ejemplo, en lo que se refiere a los tributos municipales, nosotros estamos estableciendo techos para tres tipos de tributos (de un total de ocho que existen): el de actividades económicas, impuesto sobre vehículos e impuesto sobre inmuebles urbanos. En el renglón de actividad económica no se puede cobrar más de 3 % sobre los ingresos brutos, salvo unos sectores específicos en los que hay porcentajes mayores”, enfatizó.
Aseguró que la ley no afectará la viabilidad económica de los gobiernos regionales y locales, pues se trata de colocar topes a los tributos y garantizar la racionalidad del sistema en su conjunto. “No estamos afectando la autonomía estadal ni municipal, pero tiene que haber justicia tributaria. A pesar de todas las dificultades, el gobierno nacional sigue entregando recursos mediante el Situado Constitucional y el Fondo de Compensación Interterritorial, pero claro que ha disminuido el extra que siempre se les entregaba a las regiones y localidades. Por eso los gobiernos de los estados y municipios han utilizado, con mayor fuerza, el poder tributario. Nosotros confiamos en que la ley no los va a afectar negativamente. Por el contrario, en mediano plazo, los favorecerá porque si las unidades productivas funcionan mejor, van a generar más ingreso para ellas y mayores aportes a esos gobiernos. Lo que se quiere es garantizar que las cargas tributarias sean justas y que estimulen el hecho productivo. Por eso proponemos la opción de las exoneraciones, rebajas e incentivos fiscales”.
Lobo tiene la visión completa del tema porque fue alcalde de su pueblo, La Azulita (municipio Andrés Bello, estado Mérida) entre 2000 y 2008. Y como ministro de Finanzas, presidente del BCV y parlamentario ha podido conocer y estudiar a fondo las potestades tributarias de los estados y del gobierno nacional.
“Esta ley fue sometida a una consulta muy amplia, en todos los estados del país y ahora, ya aprobada, seguiremos trabajando para que haya participación en cada una de las localidades donde debe aplicarse”, aseguró el diputado.
Un aspecto clave de esta ley es que se ratificó la obligación de cobrar los tributos en bolívares, aunque se establece como unidad de cuenta la tasa de mayor denominación que publica el BCV. Esto pone fin a la práctica de cobrar en divisas extranjeras, algo que estaba ocurriendo sobre todo en los municipios fronterizos.
Otro punto destacado es que las licencias de la actividad económica se renovarán cada tres años, no anualmente, como venía haciéndose hasta ahora. Esto significaba muchas trabas burocráticas para los agentes económicos. “Para no afectar los ingresos de los municipios, se pagará una tasa de mantenimiento anual”, puntualizó
En la ley se exhorta a las autoridades regionales y locales para que minimicen y simplifiquen los trámites administrativos. “A veces, en una misma Alcaldía, para pagar un tributo o hacer un trámite, se le exige al contribuyente la solvencia de otras oficinas que están en la misma administración municipal. El agente económico se la pasaba de puerta en puerta, generándose retrasos”.
Lobo reconoció que uno de los tributos que más inquietud genera no solamente entre los empresarios, sino también en las personas naturales es la tasa sobre recolección de desechos sólidos, el aseo urbano. “La ley establece que se debe generar un punto de encuentro con la ley que rige la materia, la de Gestión Integral de la Basura. Allí se van fijar las tasas (cuando el servicio lo presta la alcaldía) o las tarifas (cuando lo presta un tercero). Bajo esa ley específica se deben fijar los montos de esas contribuciones”, dijo.
En relación a otra normativa tributaria, Lobo negó que la AN esté considerando la reforma o derogación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. “He visto por ahí declaraciones de algunas personas dando esas opiniones, pero nosotros no tenemos ninguna iniciativa en torno a eso”, aseguró.
