EE. UU. ha amenazado con restablecer sanciones al sector petrolero en su esfuerzo por revertir la decisión del máximo tribunal venezolano, que dictaminó la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. Por su parte, la ultraderechista aspirante a la silla presidencial ha declarado que “no podrán hacer elecciones sin mí”, y descartó designar un candidato que la sustituya.
Este martes, 30 de enero, el Departamento del Tesoro manifestó que no renovará la licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas venezolano, cuando expire el 18 de abril de 2024; ya que considera que se incumplieron las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ratificó la postura de Venezuela de exigir respeto a la política interna y rechazó la presión de Washington para desconocer la inhabilitación a María Corina Machado.
“A estas alturas, ya deberían saber que a nosotros no nos interesan sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solo les competen a los venezolanos. Ocúpense ustedes de su país”.
Y agregó: “Desde la extrema derecha prevalece la arrogancia y por esta razón consideran que un apellido puede sustituir a la Constitución (…) Creen que con cuatro gritos pueden sustituir a la Ley de Contraloría”.
El pasado viernes, 27 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la decisión de la Contraloría General de la República de 2015 de inhabilitar a la opositora María Corina Machado, por 15 años a causa de presuntos delitos de corrupción.
El TSJ indicó que Machado, además, ha estado involucrada en acciones contra la República y el orden constitucional, como la creación de un Estado paralelo, el «gobierno interino» que encabezó el autoproclamado, Juan Guaidó, hoy prófugo de la Justicia venezolana y residenciado en EE.UU.
El máximo tribunal señaló que Machado aupó la imposición de bloqueos y sanciones extranjeras al país que causaron grandes sufrimientos al pueblo venezolano, dificultando la compra de alimentos, medicinas y otros insumos vitales, también defendió el «secuestro» de recursos y bienes del Estado en el exterior, entre otros actos que constituyen traición a la patria.
A mediados de diciembre de 2023, Machado introdujo un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, luego de ganar unas polémicas primarias realizadas por el ala radical opositora, consideradas fraudulentas por sectores opositores y del chavismo, motivo por el que el TSJ decidió suspender «todos los efectos» de esos comicios internos.
En respuesta de EEUU, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro informó el lunes 29 de enero que hasta el próximo 13 de febrero autorizaba las operaciones que involucran a la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), estatal venezolana adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Con la licencia general número 43A, que sustituye a la 43 –emitida en octubre–, el Departamento del Tesoro ordena nuevamente cerrar todas las operaciones con la minera venezolana.
En marzo de 2019, Minerven fue agregada a la lista negra de la OFAC, por lo que sus activos fueron bloqueados y se prohibió a los estadounidenses establecer relaciones comerciales con ellos.
Por su parte, John Kirby, el portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, dijo durante una rueda de prensa; que el gobierno venezolano tenía hasta abril para implementar los pactos acordados con la oposición o, de lo contrario, «Washington podría restablecer las sanciones«.
Al respecto, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, advirtió que Caracas adoptaría contramedidas, que incluyen la suspensión de los vuelos de repatriación de migrantes y «la revisión de cualquier mecanismo de cooperación existente, frente a un deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano (…) Venezuela rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el Gobierno de EE.UU.«, denunció la vicepresidenta.
Las tensiones han escalado desde el desmantelamiento de conspiraciones, que pretendían asesinar al presidente, Nicolás Maduro, con participación de sectores radicales de la oposición, militares y funcionarios de la CIA y la DEA.
Propuesta de Noruega
El diputado Jorge Rodríguez también anunció que Caracas acepta la solicitud hecha por Noruega, para instalar una misión de seguimiento y verificación del proceso de diálogo retomado en Barbados en octubre pasado.
El Gobierno Nacional ─dijo el presidente del parlamento─ pese a todos los ataques al acuerdo, y pese a los intentos de salirse del cauce constitucional, hará un nuevo esfuerzo para mantener los postulados del acuerdo, el cual expresa claramente la no injerencia de externos. “Ambas partes de la delegación diseñamos los mecanismos que establecen la revisión de las inhabilitaciones”, por tal razón, la mesa de diálogo de Barbados no sustituye al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Rechazamos cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones. Las partes defenderán la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas”.
Ante los intentos desestabilizadores, el Gobierno venezolano seguirá atento “a las decisiones y las acciones” que puedan considerarse como “agresivas”. De igual manera, permanecerá el llamado “a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones, ilegales e ilegítimas”.
Nuestra respuesta será recíproca y enérgica. “Insistimos en que estas sanciones son ilegales”.
Finalmente, aseveró que “llueva, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones presidenciales en el año 2024, pese a las pretensiones de los mismos heraldos negros, las mismas viudas del golpe de Estado, de convocar a la violencia”.
