La oposición colisiona duro y varias veces con la realidad
La inhabilitación ratificada por el TSJ
En lo que va de 2024, las diferentes facciones de la oposición, pero especialmente la más radical, ha sufrido fuertes traumatismos por chocar de frente con la verdad.
El más potente de esos impactos ha sido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la inhabilitación administrativa que pesaba sobre la dirigente política María Corina Machado, quien ahora de manera firme, por sentencia judicial, no podrá inscribirse como candidata presidencial.
Machado, representante de la rancia oligarquía nacional y de los intereses más oscuros de la corporatocracia estadounidense, concurrió a las elecciones primarias organizadas por la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) a sabiendas de que estaba inhabilitada. Y ese sector de la oposición le permitió participar en esas condiciones. Fueron unos comicios internos, no auditados por nadie, pero ella emergió como ganadora absoluta, con más de 90 % de los votos. Con la decisión del máximo órgano judicial, ese segmento de la derecha queda sin candidato. Todos sabían el riesgo que estaban corriendo. Ahora se están devorando entre sí y buscando una fórmula de emergencia para designar un abanderado. “Recojan los vidrios”, podría ser un buen consejo.
El informe del Congreso de EE.UU.
Si de trancazos contra el muro de la realidad hablamos, los opositores están sufriendo uno que les duele especialmente porque quien les ha cantado la verdad en su cara ha sido un factor aliado: el Congreso de Estados Unidos.
Un informe del cuerpo legislativo del país norteamericano ha dictaminado expresamente que las medidas coercitivas unilaterales (MCU) y el bloqueo estadounidense contra Venezuela fracasaron como estrategia para derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro y, en cambio, fueron la causa eficiente de la ruina económica del país y, por tanto, de la ola migratoria que ubican en 7 millones de ciudadanos.
Este documento no hace más que darle la razón al presidente Nicolás Maduro, a los demás dirigentes de la Revolución y a todos los que —dentro y fuera de Venezuela— han elevado su voz para denunciar los efectos perversos que han tenido las MCU y el bloqueo en el aparato productivo venezolano. Y es un gran desmentido, para quienes han pasado todos estos años tratando de negar la responsabilidad de Estados Unidos en todo lo malo que le ha pasado a Venezuela, incluyendo la transformación del país de receptor a emisor de migraciones.
Si en el mundo existiera, en serio, un estado de derecho internacional; ese informe podría ser la base de una demanda muy contundente de Venezuela contra el poder imperial, incluyendo una solicitud de reparaciones por cifras billonarias en dólares, pues de esa magnitud es el daño económico causado. Ello, sin incluir los daños humanos irreparables y el sufrimiento de millones de personas.
Tristemente, ya sabemos que esas normas no funcionan cuando se trata de las grandes potencias, sus aliados incondicionales y sus lacayos.
Las confesiones y delaciones “no creíbles”
En estos días de un intenso enero, también se presentaron las denuncias concretas de los cinco movimientos golpistas que hubo en 2023 y fueron detectados y abortados por los cuerpos de inteligencia.
La primera reacción opositora fue la de siempre: negar y tratar de minimizar y ridiculizar los casos. Sin embargo, las autoridades nacionales venían con sólidos materiales probatorios y los presentaron de inmediato, incluyendo entre ellos la reina de las pruebas en el Derecho Penal: la confesión.
Allí quedó demostrada la ya muchas veces evidenciada capacidad de resistencia a la verdad que tienen este sector de la política nacional y sus jefes imperiales. A pesar del carácter inequívoco de las confesiones y delaciones, siguieron sosteniendo que todo es mentira, un montaje, un teatro.
En Estados Unidos, unos voceros que parecen actores de reparto de malas series de Netflix calificaron las denuncias como “no creíbles”, en especial en lo que toca a la participación de la CIA y la DEA en las maquinaciones fallidas del año pasado.
Habrá entonces que esperar hasta que alguien en el gobierno o en el Congreso de Estados Unidos tenga un arranque de franqueza y eche el cuento con pelos y señales, tal como lo acaban de hacer los parlamentarios en torno a los efectos del bloqueo y las MCU.
El 11-S según Trump
Para completar un tiempo de colisiones aparatosas con la verdad, sobre todo para los admiradores de Estados Unidos y su orden político, tuvimos en días recientes la declaración de Donald Trump sobre el 11 de septiembre de 2001.
El ultraderechista que anda muy acelerado en campaña electoral expresó lo que tantas otras personas han dicho durante más de dos décadas: que el ataque al World Trade Center fue un autoatentado y que sólo sirvió para desplegar la maquinaria de guerra de Estados Unidos causando destrucción y muerte en varios países y enriqueciendo a los oligarcas del “Estado Profundo” de Estados Unidos.
No es la opinión de un vecino tomándose una cerveza en el bar de la esquina. Es el testimonio de un expresidente de la superpotencia nuclear (con amplio chance de volver a serlo). Y ha confirmado lo que muchos expertos en diversas materias han señalado: todo fue una maquinación interna que costó millones de vidas de afganos e iraquíes y de miles de estadounidenses, así como el inicio de una era de terror y violación de derechos humanos a escala planetaria.
Una declaración como esta debería estar causando un terremoto político dentro y fuera de Estados Unidos pues estaríamos en presencia de la confirmación por un testigo calificado de un crimen ejecutado con toda la premeditación, alevosía y ventaja que se pueda imaginar por una élite despiadada y corrupta. No ha causado esa hecatombe porque son muchos los factores de poder que participaron o han encubierto lo ocurrido.
Y aquí retornamos a lo dicho: si existiera un verdadero sistema de justicia internacional, ya tendrían órdenes de detención el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, sus colaboradores inmediatos, buena parte de la clase política de ese país (republicanos y demócratas) y de la obsecuente Europa, para ser enjuiciados como lo que son: criminales de guerra.