El sistema global de protección a los Derechos Humanos está profundamente corrompido desde la cúpula de los organismos internacionales especializados hasta las más perversas de sus expresiones: las fundaciones y organizaciones llamadas no gubernamentales (ONG) que, irónicamente, son financiadas y controladas por gobiernos y corporaciones del poder hegemónico capitalista.
Uno de sus defectos estructurales (derivados de ese financiamiento y ese control) es la falta de equidad, el doble rasero. La apertura de casos, el desarrollo de investigaciones, las actividades de campo, la emisión de informes y la solicitud de procesos judiciales, no son iguales para todos los países. Tanto los entes dependientes del sistema internacional como las ONG mantienen posturas sesgadas: son rápidos, contundentes y se inclinan a las enérgicas condenas cuando se trata de países pequeños, del sur global, y en especial si no son obedientes a los mandatos imperiales.
En cambio, resultan inoperantes o demasiado lentos y quisquillosos para abrir investigaciones y más aún para condenar a gobiernos del «occidente colectivo», como se les llama ahora a los Estados Unidos, la Unión Europea, y a sus aliados y lacayos.
Un sistema de protección de los derechos humanos en el que no todos los humanos tienen los mismos derechos ni reciben la misma atención y cuidado; es en esencia, un sistema falso, torcido, fallido; al servicio de intereses corruptos de dominación.
La desigualdad no es un asunto sutil, sino que se da en términos lacerantes, indignantes. Una evidencia actual es que el mismo sistema que escandaliza con la detención de una persona en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, China o Irán; se hace de la vista gorda con un genocidio en Gaza mediante el cual se está exterminando a un pueblo, su historia y su cultura.
Organismos multilaterales y ONG: igual actitud
Todo es una gran farsa. Los organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas se movilizan con extrema agilidad cuando el gobierno señalado como presunto violador de derechos humanos es de los que no le simpatizan al norte global. De inmediato asumen como verdad indiscutible que hay una vulneración de las garantías ciudadanas, en especial si la persona o el grupo afectado pertenece a la oposición interna y más si es uno de sus agentes o empleados.
Tal como lo hemos visto en numerosos casos (el de Rocío San Miguel es apenas el más reciente) si se produce la detención de ciertos individuos, aunque se haya cumplido con todos los requisitos legales internos, inmediatamente se califica como un “secuestro”, una “desaparición forzada” o una “persecución política”.
No se trata solamente de un esfuerzo por obligar a los órganos judiciales o policiales a cambiar sus decisiones por presiones externas. En el fondo, es parte de la perpetua campaña por deslegitimar las instituciones nacionales y abonar la caracterización de Estado forajido, que ha servido de justificación para invasiones, bombardeos y derrocamiento de autoridades legítimamente electas en numerosos países.
La visión colonialista de los gobiernos de Estados Unidos, la UE y sus aliados y lacayos se reproduce en las estructuras diplomáticas multilaterales. No suele haber mucha diferencia entre una declaración injerencista del Departamento de Estado y otra de algún funcionario de la ONU. Ni hablar de la Organización de Estados Americanos —acertadamente tildada como Ministerio de Colonias de Estados Unidos por el mítico canciller cubano Raúl Roa—, cuyo cipayismo se ha vuelto fanático bajo la conducción del deplorable uruguayo Luis Almagro.
Lo que hacen el gobierno imperial y sus satélites, y lo que replican los organismos multilaterales tiene un amplio coro en las ONG; lo cual no es sorprendente porque se trata de entidades que, pese a llamarse no gubernamentales, son financiadas por los gobiernos del capitalismo hegemónico.
Posturas hipócritas
La hipocresía de las élites de esas naciones es tan rampante que pretenden imponerle al resto del mundo unas supervisiones que no aceptan para sus propios países.
El caso más descarado, para variar, es el de Estados Unidos, que ni siquiera firma los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, no acepta la jurisdicción de tribunales internacionales y llega al extremo de exigir inmunidad total para sus funcionarios y militares, quienes así pueden cometer toda clase de crímenes y tropelías.
Esas naciones tampoco permiten que las ONG actúen a sus anchas en asuntos internos. Son abrumadores los requisitos para establecer una fundación de defensa de los derechos en Estados Unidos. El gobierno federal y los estadales las mantienen bajo constante vigilancia y resulta sencillamente inconcebible que una de esas organizaciones sea financiada por gobiernos hostiles a Washington. Es decir que, de acuerdo a esas normativas, la mayoría de las ONG que actúan libremente en Venezuela, hace tiempo habrían sido expulsadas o clausuradas.
Banalización de graves delitos
Uno de los aspectos más cuestionables de la quiebra del sistema global de protección de los derechos humanos es la banalización de los delitos de lesa humanidad. Cuando se hace una alharaca por una supuesta desaparición forzada, que resulta ser una privación de libertad apegada al ordenamiento legal, se le resta seriedad a las denuncias que puedan hacerse sobre ese gravísimo delito cuando en verdad está ocurriendo.
Se podría entender que gente, con pocos conocimientos en la materia, hable de desapariciones forzadas en casos de simples arrestos en los que se han respetado los lapsos y otros parámetros legales. Pero cuando quienes lo hacen son especialistas en el área sólo puede presumirse mala fe, intención expresa de causar una impresión errada en la opinión pública.
Mientras las organizaciones diplomáticas y privadas sigan siendo financiadas por partes interesadas en el juego geopolítico; en tanto el sistema de defensa de derechos humanos atienda con sumo detalle algunos casos y se muestre ciego ante otros (a todas luces mucho más graves); y si se sigue mostrando empeño en tergiversar los hechos y tipificar maliciosamente los delitos, cada vez menos gente creerá en esas luchas. Y esto es triste y lamentable, en un mundo urgido de auténticos defensores de los derechos humanos.