El Departamento de Estado estadounidense decidió no renovar la «Licencia General 44» que había autorizado, hasta el 18 de abril, el restablecimiento de las transacciones comerciales en el sector del petróleo y el gas venezolano
En este año de elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio, la Venezuela bolivariana está una vez más en el ojo de la tormenta. Los acontecimientos actuales reflejan esto, incluso a nivel internacional. En primer lugar, porque el Departamento de Estado estadounidense decidió no renovar la «Licencia General 44» que había autorizado, hasta el 18 de abril, el restablecimiento de las transacciones comerciales en el sector del petróleo y el gas venezolano.
Las numerosas empresas multinacionales, tanto americanas como europeas, que han vuelto a invertir en el país; tienen ahora un plazo de 45 días para hacer las maletas o presentar solicitudes específicas de exención de estancia. A ellas, la Ley Antibloqueo aprobada por el parlamento venezolano para hacer frente al bloqueo económico-financiero, ─iniciado en su momento por Obama, incrementado por Trump y mantenido por Biden─ les había permitido márgenes de ganancia, al tiempo que había dejado firmemente al Estado venezolano (y a Pdvsa), el control de los recursos.
Los resultados de la exención de las «sanciones» inmediatamente se hicieron evidentes en los indicadores económicos internacionales. Desde que, en diciembre de 2023, tras los Acuerdos de Barbados, celebrados entre el gobierno y la oposición, para hacer frente a la «sed» de petróleo debida al contexto internacional, Biden flexibilizó las «sanciones» a PDVSA, la economía petrolera venezolana creció un 18 por ciento en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
También por eso las últimas investigaciones (por ejemplo de la firma Hinterlaces) le están dando un amplio margen de aprobación a Nicolás Maduro, ─candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de los aliados del Gran Polo Patriótico y de los movimientos populares─ para un tercer mandato.
Por este motivo, el comunicado de un grupo de opositores, entre ellos religiosos e intelectuales, insta a los representantes de la extrema derecha a abstenerse de proponer nuevas solicitudes de «sanciones». Desde el exterior, sin embargo, algunos exministros chavistas que han saltado la talanquera plantean la posibilidad de que Maduro sea reemplazado por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, quien también fue embajador en Italia.
La franja ultrarradical de la derecha venezolana no ha dejado de presionar a sus grupos de presión en Estados Unidos; obteniendo como resultado una declaración de apoyo de la administración estadounidense, emitida por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, quien explicó la suspensión de la licencia de esta manera: “además de bloquear las candidaturas de Machado y Yoris, Maduro y sus seguidores continuaron persiguiendo a opositores políticos, muchos de los cuales fueron arrestados”, dice el comunicado, e insta al gobierno bolivariano a respetar los Acuerdos de Barbados y permitir que “todos los candidatos participen en las elecciones y liberen a los presos políticos”.
A través del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien lideró las negociaciones, Venezuela respondió publicando íntegramente los acuerdos firmados para mostrar la inexistencia de puntos que impliquen la negación de las instituciones de la República. De hecho, según las leyes venezolanas (vigentes desde la promulgación de la nueva Constitución, votada por una abrumadora mayoría en 1999), una persona incapacitada no puede ocupar un cargo político ni postularse para elecciones. María Corina Machado, quien dirige el partido Vente Venezuela, ha sido inhabilitada por 15 años por varios delitos no insignificantes, como conspiración contra el Estado y traición a la patria.
De hecho, junto con otras figuras de derecha, casi todas ellas residentes en Europa, Machado ha participado en numerosos planes subversivos, siempre reivindicados: comenzando con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, y luego continuando con la violencia callejera (las guarimbas) y las hogueras humanas relacionadas (recordaremos al joven Orlando Figuera, en 2017, cuyo atacante ─un italiano que lideraba el grupo de extrema derecha─ sigue refugiado en España), para luego continuar con la autoproclamación de Juan Guaidó y la usurpación de cargos públicos (y bienes públicos en el exterior).
Delitos para los que está prevista la cadena perpetua en Europa. Sin embargo, en su ruidosa gira para pedir ayuda al Parlamento Europeo y a los países miembros de la UE, Machado recibió un amplio apoyo bipartidista (en Italia de Meloni, el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas), como «defensora de los derechos humanos y la democracia frente al dictador Maduro”. Y la declaración de Matthew Miller parece copiada de sus comunicados de prensa.
Cabe recordar que gran parte de la información sobre Venezuela que llega al Parlamento Europeo procede de las maniobras de Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo, que se ha distinguido en políticas similares a las de Machado desde el golpe de 2002. Antes de huir a España, Leopoldo López hijo se refugió en la Embajada de España en Caracas; donde ciertamente no recibió un trato similar al que la policía de Ecuador, ahora gobernado por la derecha, ha reservado al exvicepresidente de Correa, Jorge Glas.
En cuanto a López Gil, en 2015 recibió la ciudadanía española del entonces gobierno de Mariano Rajoy y fue el primer venezolano elegido al Parlamento Europeo por el Partido Popular. Desde 2019 es vicepresidente de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta de la UE, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos y miembro de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).
Hasta el último día para modificar las candidaturas ya presentadas ─el 20 de abril─ Machado siguió dando vueltas como si estuviera en campaña electoral. Mientras tanto, la polémica se desataba entre los distintos componentes de la extrema derecha: la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Vente Venezuela, el partido de Machado; por no lograr un acuerdo sobre un candidato único.
Y, al final, la PUD sacó su conejo de la chistera, añadiendo un decimotercer candidato a los 12 de la oposición, ya registrados por otros tantos partidos. Se trata de Edmundo González Urrutia, un ex diplomático de carrera, embajador durante la Cuarta República, ya inscrito como candidato «provisional» y ahora «elegido por unanimidad» por la PUD. González ya había sido presidente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que luego se convirtió en PUD.
La Plataforma también obtuvo una prórroga de la autoridad electoral (CNE), que extendió en 72 horas, hasta el día 23, el plazo para modificar candidaturas. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien perdió ante Hugo Chávez en las elecciones de 2006, que ahora aspiraba a competir con Maduro y que no había ahorrado duras críticas a Machado, retiró su candidatura, que ya había sido debidamente registrada, con lo que el número de candidatos de la oposición volvió a ser 12.
Mientras tanto, el currículum de González Urrutia ha comenzado a circular por internet, visto por organizaciones populares, feministas y LGBT, que lo definen como un «misógino y troglodita de origen copeyano». En un vídeo de 2020, en el que el exdiplomático intercambia opiniones con otro exponente de derecha, se le escucha ahondar en una cadena de palabrotas homofóbicas y machistas en torno a la regla establecida por el CNE; de candidatar al menos un 40% de mujeres.
Y, mientras tanto, el chavismo ha iniciado la Consulta Popular Nacional 2024, desplegando para ello más de 15.600 centros electorales autorizados por el CNE en todo el país. Con un proceso inédito, propio de la democracia participativa y protagónica que rige desde el lanzamiento de la Constitución Bolivariana en 1999, Maduro invitó a las comunidades a votar los proyectos presentados en los territorios sobre diversos ámbitos de la vida colectiva: salud, educación, nutrición, seguridad, medio ambiente, servicios públicos y economía.
Proyectos presentados y discutidos en las Asambleas de Ciudadanas y Ciudadanos, realizadas en 4.500 circuitos electorales municipales del país, que el domingo dieron origen a la consulta popular, avalada por el CNE. Las propuestas elegidas en las urnas, de las 23.000 presentadas, serán financiadas por el gobierno e implementadas por comunidades organizadas.
Un gran encuentro popular que, si fuera conocido de cerca en Europa, serviría para mostrar la distancia sideral que existe entre la política como verdadera gestión de los asuntos públicos hecha por el pueblo, y la política hecha por las élites en los países de la llamada democracia representativa, donde el pueblo vota, pero no decide.
Contra la decisión de Biden ya se ha iniciado una campaña nacional e internacional en la línea de la dirigida contra Obama que, en 2014, con un decreto ejecutivo, había puesto en marcha el mecanismo de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, definiendo a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. La campaña dice: “¡Biden, deroga el decreto ya!”.
Pero, mientras tanto, la derecha venezolana como la colombiana están sacando «primicias» sobre la posibilidad de que la decisión de Biden haga saltar por los aires el acuerdo del gas, que la Colombia de Petro necesita, y aplauden el pedido de Argentina de ingresar en la OTAN (un pedido ya hecho por Colombia cuando era gobernada por la derecha). El acuerdo entre Pdvsa y Ecopetrol preveía la puesta en funcionamiento, en menos de un año, del ramal colombiano del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.
Más que la defensa de la «democracia», lo que está en juego es la extraordinaria riqueza de Venezuela, empezando por el petróleo, que la farsa de «autoproclamación» de Guaidó logró hacer en sus manos, embolsándose dinero público (como también demostró una investigación en los EE. UU.). Emblemático es el caso de Citgo, la gran empresa que Venezuela posee en Estados Unidos, que ahora se encuentra en el centro de una ardua batalla legal, cuyo resultado será recordado a nivel internacional.
La derecha venezolana como la colombiana están sacando «primicias» sobre la posibilidad de que la decisión de Biden de mantener sanciones contra el petróleo y gas venezolano haga saltar por los aires el acuerdo del gas, que la Colombia de Petro necesita, y aplauden el pedido de Argentina de ingresar en la OTAN
En los últimos días, confirmando el conflicto interno que también existe en la Administración Biden de cara a las elecciones de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha ordenado la prórroga por cuatro meses de la licencia que impide a los acreedores de los bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) adquirir acciones de Citgo: es decir, hasta agosto, después de las elecciones de julio en las que Washington quiere entrometerse.
El 1° de mayo de 2023, una semana después de la Reunión de Bogotá, en la que 20 países evaluaron rutas para acercar posiciones entre EEUU y Venezuela, la OFAC emitió la licencia 42, que autorizaba a la inexistente Asamblea opositora del año 2015 (el Parlamento venezolano se renueva cada 5 años, y así fue en 2020) a negociar con acreedores de Venezuela acuerdos que podrían incluir el remate judicial de la empresa refinadora.
El caso tiene un alcance más amplio que el robo de Citgo. Finalmente, es necesario crear un precedente que permita a las grandes corporaciones aprovecharse de Estados que, como Venezuela, Ecuador en la época de Correa o Bolivia, y antes Cuba, han decidido recuperar el control económico y político sobre la explotación de sus recursos. El objetivo es permitir que los fondos buitre se apoderen del país, para reducirlo como Argentina, endeudada por generaciones. Por esta razón, no es irrelevante quién lidere el juego a nivel legal y represente los intereses del país.
22 años después del golpe contra Chávez, la esencia del choque de intereses en el terreno sigue siendo la misma. Luego, las medidas tomadas contra la gran concentración del poder económico alarmaron a la burguesía y al imperialismo norteamericano, y activaron las palancas internas de la contrarrevolución: las grandes corporaciones empresariales, los dirigentes de las centrales sindicales subordinadas a ellas (la CTV), medios privados y jerarquías eclesiásticas. Un sistema de poder, proveniente de la Cuarta República, en el que los presidentes eran designados en Washington antes de las urnas para ser garantes del status quo.
Machado, Capriles, López, etc., posteriormente amnistiados por Chávez, estuvieron entre los actores del golpe. Chávez dijo que, el 28 de abril, 17 días después del golpe, nombró una comisión de diálogo, convocando a todos los partidos a Miraflores; pero que, para Fedecámaras, «diálogo significaba sumisión». En cambio ─dijo─ un gobierno no puede someterse a ningún poder, mucho menos a uno imperial, porque debe responder al mandato popular.
Y así continuó siendo durante los años siguientes cuando ese golpe, aunque presentado de manera diferente, se intentó otras veces en Venezuela y América Latina. En el mismo tono fueron las declaraciones de Maduro tras la decisión de Biden; cuando el país está a punto de celebrar su elección número 35.
