«Estados Unidos está inaugurando con el proceso de la compañía petrolera de propiedad venezolana, CITGO, una peligrosa forma de expropiación Internacional que busca invalidar sus títulos de propiedad en USA por valor de 21 mil millones de dólares para entregarlos, sin que Venezuela pueda ejercer su derecho de legítima defensa a los acreedores nacionales de la compañía. Poco o nada ayuda este zarpazo financiero al proceso electoral que actualmente ocurre en el país vecino. Obligar a que se hagan elecciones en medio de sanciones, es una manera sutil, pero efectiva de intervenir en el derecho de los electores de votar libremente sin tener una escopeta en la nuca», Ernesto Samper
El robo de Citgo Petroleum Corporation, CITGO, era una cuestión casi cantada y lógica a juzgar por la actuación del contubernio entre la Plataforma Unitaria del extremismo opositor, que maneja esta empresa a sus anchas bajo los auspicios de un falso, pero vigente, interinato e instituciones inexistentes pero reconocidas por la élite de poder en Washington; que les ampara y protege como sus dóciles brazos ejecutores de todo cuanto pueda causar daño al país.
De hecho, en meses anteriores, el presidente de la República, Nicolás Maduro se expresó con claridad sobre el contexto de esta empresa y quienes la controlaban: “todos los bienes de la empresa Citgo, todo el dinero de Venezuela en el exterior, [fueron entregados] a un grupo de partidos políticos de oposición, pertenecientes a la Plataforma Unitaria, para que los vendan, para negociar, hacer y deshacer (…) [Se] está llevando a cabo uno de los mayores saqueos que jamás se hayan hecho contra ningún país del mundo.»
Y es que sin duda el sentir nacional de rechazo sobre el pretendido saqueo a Citgo Petroleum Corporation necesita incrementarse lo suficiente como para desnudar la inmoralidad e incapacidad política de sectores antinacionales quienes han resultado claves para favorecer el saqueo de un bien de la Nación venezolana; causando de nueva cuenta un daño patrimonial que debe ser sustanciado y denunciado nacional e internacionalmente, por el precedente terrible que en materia de violación al derecho internacional genera.
Estamos hablando ni más ni menos que la pérdida de más de 21mil millones de dólares por conducto de esta maniobra que se ejecuta de manera sinuosa por parte del tribunal de Delaware, en medio de una subasta de remate que ha sido hecha de manera silenciosa por esta instancia judicial a solicitud de la Plataforma Unitaria, para que este saqueo no sea pieza de reclamo nacional en el contexto de la elección Presidencial del próximo 28 de julio.
Pero es que el problema de Citgo tiene cola, y no viene precisamente de la demanda de Crystallex contra la República Bolivariana de Venezuela por el caso de las Minas Las Cristinas donde nuestro país fue demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, del Banco Mundial, y que el 4 de abril de 2016 decidió a favor de la empresa canadiense ordenando a Venezuela el pago de 1.202 millones de dólares.
El problema central era observar con sentido de oportunidad la posibilidad de fraguar una conspiración que terminara en la situación actual de remate y saqueo de Citgo que, siendo una filial asociada a PDVSA, nada tenía que ver en el asunto de Crystallex con la República, pero si apetecía a diversos intereses dado su jugoso valor.
Entonces, para lograr su objetivo, tenían necesariamente que conspirar para levantar el “velo corporativo”, que desde el punto de vista jurídico expresa que una empresa de naturaleza privada (CITGO) y siendo filial de otra empresa (PDVSA), en realidad funcionan como instrumentos del Estado Venezolano (República Bolivariana de Venezuela), para así poder juntar los activos de CITGO como parte de los activos de la República y proceder a su remate para obtener el pago de las demandas a Venezuela.
Toda esta conspiración logró avanzar con fuerza en el año 2017, justo cuando se instrumentaba contra Venezuela un nuevo episodio insurreccional de revolución de colores mientras se avanzaba en nuevos paquetes de sanciones a directamente hacia la economía nacional y en específico contra PDVSA, como sucedió en agosto de ese año.
En tal sentido, es válido recordar una investigación de la Periodista estadounidense Anya Parampil, y publicada por GrayZone el 3 de septiembre de 2019, la cual dejó claro que el factor esencial, quien se presentó como “testigo estrella”, para tratar de levantar este velo corporativo y así posibilitar el remate y saqueo de Citgo Petroleum Corporation, fue, no por casualidad, el futuro procurador espurio del falso gobierno interino, José Ignacio Hernández, quien en 2017 actuó ante tribunales estadounidenses como parte de Crystallex antes de saltar a ser parte actuante de un falso gobierno, en 2019, construyendo una narrativa nada creíble de actuar ahora para “proteger los intereses de Citgo”.
Así lo observa en su momento la citada investigación de Gray Zone:
“Sin embargo, el interés de Hernández en el caso Crystallex no comenzó cuando asumió el cargo del representante legal de Guaidó en el extranjero en febrero [de 2019]. Según documentos judiciales, apareció en 2017 como testigo experto en el caso, testificando en nombre de Crystallex.
En otras palabras, Hernández había ayudado en el caso legal de Crystallex contra el gobierno que ahora afirmaba representar.
Para ganar su demanda contra el gobierno venezolano, Crystallex tuvo que persuadir a un juez de que tenía derecho a confiscar las acciones de Citgo a través de un concepto legal conocido como «alter ego«.
En derecho comercial, alter ego se describe como «levantar el velo corporativo» o probar la «instrumentalidad» de una empresa. Es la doctrina a través de la cual un tribunal determina que una corporación privada, como Citgo, simplemente sirve como cobertura para un individuo o grupo, en este caso el gobierno venezolano.
En el caso de Crystallex, esa tarea quedó en manos de un abogado venezolano de 43 años y profesor de derecho administrativo. Presentó una declaración jurada en un tribunal de los Estados Unidos en abril de 2017, argumentando que el gobierno de su país había utilizado a PDVSA, el accionista mayoritario de Citgo, «como una herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales».
Ese testimonio experto fue entregado por nada menos que el futuro fiscal de Guaidó, José Ignacio Hernández.
En el momento del testimonio de Hernández, Citgo estaba protegido de las acusaciones de instrumentalidad por varias capas de separación entre el gobierno de Venezuela y la administración de las operaciones diarias de la compañía.
Bajo las regulaciones venezolanas, el presidente de la república solo nombró a la junta de PDVSA. Los miembros de la junta a su vez seleccionaron la junta de la subsidiaria de Delaware de la compañía, PDVSA Holding, que luego eligió la junta de Citgo Holding. Finalmente, esta subsidiaria nombró a la junta de Citgo Petroleum.
Toda la cadena de mando se volcó en febrero de este año cuando la Asamblea Nacional de Venezuela nombró directamente no solo una junta ad hoc de PDVSA, sino también a los altos ejecutivos de todas las tres subsidiarias.
Bajo el liderazgo de Guaidó, la Asamblea Nacional colocó una mano del gobierno en medio de tres corporaciones privadas con sede en los Estados Unidos, demostrando esencialmente el caso del alter ego de Crystallex para ellas.”
Visto este contexto es claro que las instituciones paralelas creadas en tiempos de Donald Trump se enfocaron en pagar con CITGO el fracaso de no poder acceder al poder ni fraguar la transición violenta que al sol de hoy tienen entre ceja y ceja, pero que en su momento resultaron derrotadas por el insumiso pueblo venezolano, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un liderazgo firme como el del Presidente Nicolás Maduro Moros.
Otro tanto pretendieron hacer con Monómeros, la cual fue sometida a la rapiña para tratar luego de ser rematada, proceso que fue alterado por la llegada a la Presidencia de Colombia de Gustavo Petro que procedió a devolver esta empresa a su legítimo dueño, la Nación venezolana.
De tan grave consideración es este asunto del despojo de CITGO, que factores internacionales se han pronunciado rechazando esta maniobra.
Destacamos dos elementos, por un lado, la expresión del ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, que justo valora este remate nefasto de un patrimonio nacional en medio de un proceso previo a la campaña electoral presidencial en Venezuela:
«Estados Unidos está inaugurando con el proceso de la compañía petrolera de propiedad venezolana, CITGO, una peligrosa forma de expropiación Internacional que busca invalidar sus títulos de propiedad en USA por valor de 21 mil millones de dólares para entregarlos, sin que Venezuela pueda ejercer su derecho de legítima defensa a los acreedores nacionales de la compañía. Poco o nada ayuda este zarpazo financiero al proceso electoral que actualmente ocurre en el país vecino. Obligar a que se hagan elecciones en medio de sanciones, es una manera sutil, pero efectiva de intervenir en el derecho de los electores de votar libremente sin tener una escopeta en la nuca», ha aseverado.
De seguidas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA-TCP ha emitido un comunicado donde rechaza de manera categórica está barbarie jurídica.
Afirma el comunicado: «Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condenan categóricamente las acciones emprendidas por la administración estadounidense que apuntan hacia la consumación del despojo ilegal de la empresa venezolana CITGO Petroleum Corporation.
Esta acción descarada, que viola los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y la libertad de actividades económicas de los Estados, profundiza la amenaza constante a la soberanía y al derecho al desarrollo de Venezuela, al materializar una agresión de piratería sin precedentes, con consecuencias directas sobre el bienestar del pueblo, en el cínico y extorsivo afán de Washington por asfixiar la economía venezolana.
Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condenan categóricamente las acciones emprendidas por la administración estadounidense que apuntan hacia la consumación del despojo ilegal de la empresa venezolana CITGO Petroleum Corporation”, Comunicado ALBA-TCP
Los países miembros del ALBA-TCP hacen un llamado a la comunidad internacional a denunciar y condenar esta acción imperialista por parte de la administración estadounidense, que busca hacerse de activos que no le pertenecen, para imponer su agenda ilegítima y supremacista de intervención en asuntos internos de otros Estados, negándole a Venezuela su derecho a la defensa en los tribunales correspondientes.
La Alianza Bolivariana reitera su respaldo irrestricto a las autoridades venezolanas en defensa de esta importante empresa energética, propiedad del pueblo de Venezuela, al tiempo que apoya todas las medidas legales, diplomáticas y políticas que se estimen pertinentes.»
Es claro que la gravedad de este tema hace necesario enfilar con fuerza contra quienes se han beneficiado directa e indirectamente de una agresión patrimonial que nos quita el principal activo físico y financiero de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, teniendo quien corresponda que asumir su responsabilidad por actuar abiertamente en contra de los intereses de la República y del pueblo venezolano.
Este saqueo, también deja ver la incapacidad moral y política de la opinión electoral de la Plataforma Unitaria; que ha sido beneficiada de los manejos de esta empresa y ahora pretende hacerse la loca en su función de complicidad para que la élite del poder de EEUU ejecute este robo que viola todo elemento del derecho, en tiempos de socavamiento absoluto de abierto del orden internacional basado en reglas.
Cómo cuestión nacional, CITGO no puede ser sacada de la ecuación como expresión de lo que está en juego el 28 de julio próximo, ya que una oposición extremista sin llegar al poder de manera efectiva ha sido capaz de maniobrar un daño directo, de nueva cuenta, contra la Nación que pretende gobernar.
De llegar a hacerlo por vía del voto, elemento que parece difícil ante el sostenido avance del chavismo como comunidad política viva y vigente, no hay dudas que lejos de buscar soluciones a los desafíos que tenemos como país, tratarán de imponer un nuevo coloniaje totalmente inaceptable para las institución de la V República.
De nosotros depende ponerle freno a semejante pretensión.
