Es un sector político que para nada está comprometido con la democracia y el respeto a las instituciones republicanas, procurando fraguar una transición violenta, salvaje y dictatorial que barra al chavismo y al sistema político como un todo
Por lejos, varios elementos cayeron por su propio peso en la elección presidencial del 28 de julio pasado, un nuevo desafío a un proceso de pacificación nacional, y de entendimiento de que la ruta electoral y democrática es el camino para dirimir los conflictos políticos.
En primer lugar, es claro que la oposición extremista poco o nada ha aprendido de todo este proceso histórico reciente, ya que al tiempo de negar al chavismo, como comunidad política que sigue vigente en la realidad venezolana, utilizó el proceso electoral para convertirlo en arma arrojadiza buscando sin tapujos un golpe de Estado que instaurara no sabemos qué adefesio antijurídico.
El 29 de julio con toda la violencia llevada a cabo dejaron claro que la lógica existencial es la expresión de su ejercicio político y, por ende, todo el tema de la ruta electoral es de mero trámite, siendo además una de las razones de fondo por la cual no sólo no firmaron el acuerdo ante el Poder Electoral, para aceptar el resultado emanado de éste, sino que además tampoco asistieron ante el Tribunal Supremo de Justicia para presentar las pruebas del fraude que nuevamente han reclamado.
De hecho, y sin que pueda mediar mucho tiempo para exigir la presentación de pruebas de una nueva cantada de fraude, el extremismo se lanzó infructuosamente en su estrategia golpista. Con mucho el día de “cobrar” estaba pautado en principio para ese día ya que las maniobras continúan.
La segunda realidad, a partir del fracaso de la aventura del 29 de julio, quedó confirmada en la potencia de la institucionalidad democrática para conjurar nuevas maniobras que en todo alteran la paz republicana, uno de los objetivos que debemos preservar a todo evento, más cuando de diversas formas se intenta el mismo objetivo desde el extremismo: procurar un golpe de Estado en Venezuela.
Para mayor ratificación de esto, el mensaje emanado desde una comunicación firmada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y publicada el lunes 5 de agosto, básicamente buscaban esta maniobra para dar al traste con el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, instaurando en su lógica fantasiosa una especie de transición a la boliviana, como la que lograron fraguar con Jeanine Añez en 2019, luego del derrocamiento del Presidente Evo Morales, con todas las consecuencias conocidas.
La potencia institucional salió con fuerza y determinación, aprovechando el Bicentenario de la Batalla de Junín, una de las epopeyas finales de la guerra de independencia en Suramérica bajo el liderazgo del Padre Libertador Simón Bolívar; para responder con un comunicado insurreccional desde la primera palabra hasta la última.
La respuesta de la institucionalidad armada de la República Bolivariana de Venezuela no se hizo esperar, en un comunicado suscrito por el general en jefe, Vladimir Padrino López, y el almirante en jefe, Remigio Ceballos Ichaso, que fue acompañado por el pronunciamiento de las Regiones de Defensa Integral de la Nación.
Afirma el mismo:
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer 5 de agosto de los corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado”.
“En primer lugar es importante traer a colación, que quienes hoy pretenden abrogarse el carácter de demócratas, tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radicales y absolutamente anticonstitucionales, antidemocráticas, contrarias a todas las leyes y a los más elevados intereses del pueblo de Venezuela. Estas acciones incluyen la solicitud de intervenciones militares en el sagrado territorio de la patria, así como la petición de medidas coercitivas unilaterales y el apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida, que el imperio norteamericano y sus aliados han aplicado a nuestra nación desde hace más de una década. Por tanto, resulta ostensiblemente cínico, que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana, procure revestirse de un manto de legalidad que nunca ha practicado”.
“Por otra parte, esta corriente fascista sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática orquestada para crear ficticias expectativas en un solo sector de la población, al que pretenden seguir engañando y manipulando. Es necesario reiterar, que las Elecciones Presidenciales del pasado 28 de julio se efectuaron bajo altísimos estándares de transparencia, con la asistencia de más de 900 observadores internacionales y representantes de todos los candidatos inscritos; y se constituyeron en una extraordinaria demostración de civismo, en la que el Poder Electoral, aún bajo ataque cibernético, y siendo el único ente constitucionalmente facultado, emitió los correspondientes resultados”.
“Pero ahora tratan de empañar el referido Proceso Electoral mediante el libreto harto conocido de la violencia. En esta ocasión, recurren a los mal llamados `Comanditos’, que realmente son bandas criminales de 4ta. Generación con las que han establecido alianzas, a fin de controlar el poder político que no lograron alcanzar con los votos; siendo pertinente aclarar, que su plan de gobierno es abiertamente entreguista y neocolonialista. Estas organizaciones delictivas desataron una ola de terrorismo a través de actos vandálicos que han atentado contra centros de salud y escuelas; estructuras de servicios públicos y recreativas; centros de acopio de alimentos; establecimientos comerciales privados; monumentos y esculturas patrimoniales; e instalaciones de partidos políticos; entre otras. Igualmente han ejecutado ciberataques a plataformas informáticas de entes de la administración pública a fin de generar zozobra y desinformación. Aunado a lo anterior, incursionaron sobre sedes de unidades militares y más de 250 puestos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), empleando para ello armas de fuego, explosivos y artefactos incendiarios”.
“Ante esta realidad, resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales a quienes siempre ellos han despreciado, incitándolos a desobedecer las leyes e irónicamente, conminándolos a ponerse del lado de la historia y del pueblo, cuando precisamente, en la estoica defensa de sus derechos, la paz y la sana convivencia, estos efectivos son los más afectados por la violencia que ellos mismos han desatado; sumando hasta el momento: 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la FANB heridos; además del fallecimiento de 02 Tropas Profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana. Por tal razón, más insultante e injurioso es que mencionen a los familiares de tan abnegados hombres y mujeres de uniforme, que también resultan sensiblemente agraviados por el salvaje y fascista plan desestabilizador que vienen desarrollando, el cual ha dejado hijos huérfanos y marcados traumas psicológicos en estas familias. Estos eventos no quedarán impunes y serán objeto de férrea justicia”.
Continúa, como debe ser, el proceso de sustanciación de elementos de cada candidato y organización con fines políticos ante la Sala Electoral del TSJ, que luego de hacer las gestiones correspondientes dirá la última palabra sobre el proceso electoral, como corresponde al sistema constitucional de Venezuela.
“Sin duda alguna, estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad; pero jamás lo lograrán. Cumplimos exitosamente, como siempre lo hemos hecho, con disciplina y profesionalismo, las tareas correspondientes a la Operación República para garantizar la seguridad de las instalaciones, el material electoral, y muy especialmente la de los votantes; siendo además testigos de la transparencia del proceso electoral. Ahora, en perfecta unión cívico-militar-policial, resguardaremos el orden interno y la paz en toda la geografía nacional, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y a los preceptos constitucionales”.
“Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la FANB, quien ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular y proclamado por el Poder Electoral para el próximo periodo presidencial 2025 – 2031. Al mismo tiempo respaldamos su espíritu republicano, recogido en la propuesta para dirimir lo contencioso electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual tendrá la última palabra, demostrando una vez más la fortaleza de las instituciones democráticas del país”.
“¡Qué valentía la de los héroes de Junín!… ¡Qué honor y qué gloria, de aquellos Libertadores! Siempre con la misma determinación que ellos mostraron, nosotros vamos a permanecer firmes en la defensa de nuestra Patria amada y querida”.
“¡LA PAZ PREVALECERÁ!”
Evidentemente esta posición, cohesionada y firme, rompe abiertamente con la posibilidad de “cobrar” una victoria electoral que el extremismo no obtuvo, lo que les ha colocado en posición de entrampamiento.
En tercer lugar ha quedado confirmada la verdadera naturaleza de un extremismo que niega, sin tapujos y con un montón de excusas a cuestas, la institucionalidad democrática venezolana.
La demostración más evidente de esto es su no presencia cuando fueron convocados por el Poder Electoral para que firmasen un documento de reconocimiento de resultados y compromiso con la paz de la República Bolivariana de Venezuela, cosa por supuesto que no hicieron cuando trataron de dar un golpe de Estado el 29 de julio.
Sumado a lo anterior, la manifiesta incomparecencia del candidato Edmundo González Urrutia ante el Tribunal Supremo de Justicia para que descargue las pruebas del supuesto fraude que reclaman ante el resultado electoral, con excusas poco creíbles lo que le lleva a entrar en desacato a la autoridad judicial, compone un expediente de desconocimiento de un factor totalmente anti sistema que solo aprovechó el proceso electoral para tratar de dar un golpe de Estado en Venezuela, sin mayor argumentación que añadir al asunto.
Vale recordar que la máxima instancia judicial decidió abocarse ante un recurso contencioso interpuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, utilizando la vía jurisdiccional para dirimir en Sala Electoral cualquier controversia sobre el proceso electoral del 28 de julio, procurando certificar su victoria y no impugnar la misma como algunos juristas, más bien en ejercicio de la propaganda política, han afirmado.
Son elementos que hacen ver el trasfondo real de un sector político que para nada está comprometido con la democracia y el respeto a las instituciones republicanas, procurando fraguar una transición violenta, salvaje y dictatorial que barra al chavismo y al sistema político como un todo. Posiblemente esto sea una última gran cruda realidad que nos viene dejando el proceso pos elección presidencial del 28 de julio.
Continúa, como debe ser, el proceso de sustanciación de elementos de cada candidato y organización con fines políticos ante la Sala Electoral del TSJ, que luego de hacer las gestiones correspondientes dirá la última palabra sobre el proceso electoral, como corresponde al sistema constitucional de Venezuela.
Esto debe seguir avanzando sin demora y exigiendo respeto a todo aquel que pretenda presionar o generar medios de injerencismo que no son aceptables por parte de ningún Estado, y menos de instancias que se erigieron en el triste papel de la OEA en 2019, como en la actualidad lo hizo el Centro Carter, perdiendo seriedad y quedándose con las ganas de enturbiar el proceso político nacional.
La constitución, la paz, y la estabilidad se impondrán en Venezuela.
