No hay dudas de que el extremismo seguirá ensayando fórmulas para tratar de generar masa crítica insurreccional en contra de la paz y respeto a las instituciones del Estado venezolano, con apoyos y silencios internacionales en el marco de un proceso geopolítico que pretende desde afuera definir las acciones de un país tutelado y colonizado al servicio del hegemonismo
Sin lugar a dudas, los y las constituyentes de 1999 comprendieron con claridad los dos grandes elementos de la democracia participativa y protagónica como forma modélica de la V República venezolana. Por un lado, el ejercicio directo de la democracia a través de un proceso de empoderamiento que pasa por el protagonismo y participación del pueblo en los asuntos públicos.
Por el otro, la elección de cargos desde una perspectiva de confianza a quienes se presentan con propuestas, con proyectos, con políticas públicas para la atención de los problemas y demandas de la población en diversas áreas.
En este segundo asunto y visto que el modelo electoral de la extinta cuarta república se caracterizó por la exclusión sistemática del pueblo venezolano de su derecho a la participación, con planificación suficiente para excluir a las grandes masas populares de un hecho tan sencillo como elegir, sumado al robo de votos como moneda común; entonces el constituyente decidió establecer una Sala Electoral, encargada precisamente de la atención de todo lo concerniente al hecho electoral.
Esa Sala Electoral ha estado en los focos nacionales e internacionales, al abocarse a decidir sobre un contencioso electoral solicitado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que básicamente buscaba certificar todo el proceso electoral del pasado 28 de julio y, de ser el caso, convalidar el resultado electoral dado por el Consejo Nacional Electoral.
Tal solicitud responde a tres cuestiones, primero el ataque cibernético sufrido por el sistema electoral venezolano y denunciado la misma noche de la elección por el presidente del Poder Electoral, Rector Elvis Amoroso; en segundo lugar, para revisar con todos los elementos que la Sala Electoral solicitase a los factores que fueron parte de la elección presidencial, que el resultado dado en efecto coincide con todos los elementos peritados por la instancia judicial; y finalmente, dirimir un conflicto planteado por el extremismo que desde casi inicios de la campaña electoral lanzó al país la conseja de un fraude que luego trataron de posicionar como justificación del intento de golpe de Estado del 29 de julio.
En una evidente actitud de arrogancia y antisistema político, sumado al hecho de no tener nada que presentar como pruebas que no fuese documentación forjada, el extremismo opositor no se presentó ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ni presentó prueba alguna del fraude que reclamó desde el mismo momento del anuncio del Primer Boletín por parte del Consejo Nacional Electoral.
Con todo este contexto, y luego de realizado el peritaje técnico correspondiente, este 22 de agosto la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió su decisión respecto a la controversia por el resultado electoral del 28 de julio pasado, considerando en la decisión algunos aspectos que vale la pena enunciar:
- Ratificación de la competencia del TSJ, en Sala Electoral para resolver la controversia surgida el 28J. Los tribunales con competencia electoral constituyen en el mundo la última instancia para resolución de conflictos y controversias electorales.
- Reafirma a partir del peritaje técnico la ocurrencia de un ataque cibernético masivo a la plataforma del Consejo Nacional Electoral que perturbó el proceso electoral.
- Fueron citados casos propios del derecho comparado como los de elecciones recientes en la República Federativa del Brasil, en los Estados Unidos Mexicanos, así como la controversia suscitada en EEUU, durante la elección presidencial del año 2000, donde la Corte Suprema de Justicia declaró ganador a George W. Bush.
- Se constató que de 10 candidatos acudieron 9 a la audiencia del TSJ respecto a este caso. De igual forma, de 38 organizaciones políticas que acudieron solo 33 presentaron los recaudos solicitados (actas y otros materiales propios del proceso electoral presidencial).
- Los candidatos Antonio Ecarri y Enrique Márquez no consignaron los recaudos solicitados por el TSJ. Por su parte, Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases y no cumplió con la orden del TSJ, lo cual es clara evidencia de desacato al mandato del Poder Judicial. Esta conducta acarrea sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
- Los ciudadanos Manuel Rosales, Manuel Cartaya y José Simón Calzadilla, representantes de los partidos que apoyaron a Edmundo González Urrutia, no consignaron material electoral alguno, argumentando que no posían el mismo, ni participaron en la recepción de las actas el día de la elección.
- Todo el material electoral consignado queda en resguardo del Tribunal Supremo de Justicia.
- En relación al peritaje realizado por expertos nacionales e internacionales: Los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación. Se verificó en consecuencia la plena coincidencia de los mismos.
Con estos elementos la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso contencioso electoral con base en el peritaje e informes técnicos realizados. Certifica el material electoral consignado y Convalida los resultados de la elección presidencial del 28J emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Se exhorta al CNE la publicación definitiva de los resultados electorales en la Gaceta Electoral. Se remite esta decisión al Fiscal General para que investigue y determine las responsabilidades del caso ante la zozobra causada a la población por usurpación de funciones, eventuales delitos electorales y otros delitos.
Respecto a las actas publicadas en la página no oficial, así como el ataque cibernético, dichas acciones pueden configurar actitud antijurídica y deben ser, por ende, investigadas.
Tal cuestión, que debe ser considerada cosa juzgada, cierra el nproceso electoral presidencial, con la característica nada novedosa de un extremismo que denuncia fraude y genera violencia, sin tener nada que presentar al país en esa mezcla recurrente de desprecio y negación de las instituciones de la V República y el temor de quedar en evidencia ante la forja de documentos electorales que saben acarrean delitos de importancia.
De igual forma, es la manifestación del poco o nulo aprendizaje de un extremismo que pretende seguir jugando con los resquicios electorales que le da la Constitución, cuando en realidad están tratando de fraguar el asalto al poder y destrucción de la V República de Venezuela como un todo.
Resulta por ende lógico que los resortes institucionales les impidan seguirse involucrando en procesos político–electorales, siendo básicamente extremistas antisistema cuyo accionar está al margen de la Constitución Nacional y las leyes de la República.
Claramente, todos los venezolanos y venezolanas debemos acatar esta decisión del Máximo Tribunal en su Sala Electoral, incluso al natural desacuerdo que pueda existir de parte de algunos sectores, el cual debe ser debatido en los cánones de la democracia y del sistema político dispuesto en la Constitución Nacional de 1999. Cualquier otra cosa no tiene cabida y debe ser excluido para preservar la paz y estabilidad de Venezuela, tan asediada, hostigada, amenazada y atacada por poderes imperiales y operadores internos.
Destacamos el comunicado emanado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, que no ha dejado duda alguna del respeto a la institucionalidad democrática y el acatamiento a la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Afirma el comunicado:
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre apegada a la Constitución y leyes de la República, acata de manera absoluta y categórica la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que declara con lugar el recurso contencioso relativo a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de los corrientes, convalidando los resultados emitidos previamente por el Consejo Nacional Electoral”.
“Una vez más, el Estado venezolano a través de sus legítimas instituciones, garantiza el respeto a la voluntad política del soberano, la preservación de la paz y la estabilidad de la nación; que intentó ser alterada por grupos fascistas de extrema derecha que pretendieron concretar un golpe de Estado, para lo cual recurrieron a la violencia y al enfrentamiento entre connacionales, además de actos terroristas, vandálicos y cibernéticos, que fueron debidamente controlados por el esfuerzo de la unión cívico-militar-policial, pero que lamentablemente dejaron un nefasto saldo de varios fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales”.
“Hoy también podemos reafirmar, que Venezuela, no solo se ve fortalecida en su democracia participativa y protagónica, sino también en su soberanía e independencia ante el insolente injerencismo imperial”.
Las actas publicadas en la página no oficial, así como el ataque cibernético, dichas acciones pueden configurar actitud antijurídica y deben ser, por ende, investigadas
“Ratificamos absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, reelecto por el Poder Popular, legítimamente proclamado por el Poder Electoral y ahora ratificado por el máximo tribunal de justicia del país, para el próximo periodo presidencial 2025–2031; al tiempo que reafirmamos la voluntad inquebrantable de continuar defendiendo los derechos inalienables del pueblo venezolano, como lo son la vida, la paz y su desarrollo integral”.
“¡NUESTRA MAYOR VICTORIA ES Y SEGUIRÁ SIENDO LA PAZ!”
Finalmente, y durante una sesión de la Asamblea Nacional, el presidente de esta instancia, diputado Jorge Rodríguez, valoró esta decisión como un acto de sabiduría y defensa de la paz:
“Esto fue un acto de sabiduría, así como un acto de defensa y mantenimiento de la paz de la República, y un acto de independencia de los poderes públicos en Venezuela y de toda la Patria, frente a cualquier agresión que venga del extranjero (…) Esta Asamblea Nacional tiene que hacer de manera perentoria, para elecciones futuras, una Ley de Partidos Políticos, donde claramente se prohíba que una persona de este país convoque a golpe de Estado, invasiones y al asesinato. Al menos en Venezuela, un fascista no puede ser candidato”, destacó.
Como hemos afirmado en reiteradas oportunidades, somos los venezolanos y venezolanas los principales garantes de la defensa de la paz nacional, de la estabilidad y especialmente de la armonía del funcionamiento de un país que, independientemente de posturas políticas, desea paz para desarrollar con sus acciones el bienestar individual y colectivo para sí y sus familias, para hacer sus proyectos de vida sin agresiones, amenazas u hostigamiento de quienes sólo llevan la democracia en sus bocas, pero no en la práctica tal como lo demostraron en el episodio salvaje del 29 de julio.
No hay dudas de que el extremismo seguirá ensayando fórmulas para tratar de generar masa crítica insurreccional en contra de la paz y respeto a las instituciones del Estado venezolano, con apoyos y silencios internacionales en el marco de un proceso geopolítico que pretende desde afuera definir las acciones de un país tutelado y colonizado al servicio del hegemonismo de pensamiento único liberal que hoy día niega el pluralismo democrático, las libertades y la democracia en sus bases más esenciales.
