La propuesta de construir un sistema de formación técnica profesional, lanzada a la opinión pública desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, debería ser tomada muy en serio y en la debida consideración cuando se piensa en que la República Bolivariana de Venezuela está en la urgente necesidad de avanzar en el desarrollo de todos sus sectores productivos.
Nuestro país carece de una instancia rectora de las diferentes instituciones dedicadas a la formación y actualización de las mujeres y hombres que por vez primera acuden al mundo del trabajo, o a aquellos que, ya siendo miembros de la nómina de una empresa, necesitan ponerse al día ante el avance indetenible de la ciencia y la tecnología.
Ese sistema tendría también las tareas de encadenar los requerimientos de, por ejemplo, la pequeña y mediana industria, tanto en materia de cantidad de personal como en la identificación de las especialidades en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, se ha propuesto la creación de un observatorio que se dedique a indagar y tomarle el pulso al mercado de trabajo. ¿Hace falta operadores de maquinarias certificados en el sector del calzado? ¿Cuántos por año? ¿En cuáles estados? ¿Con qué tipo de conocimientos? Tal oficina podría contribuir a despejar estas incógnitas.
Para la construcción del sistema de formación técnica profesional, es imprescindible el concurso de ministerios como el del Proceso Social del Trabajo y los de Educación, Industria, Finanzas; las universidades, la Asamblea Nacional (pues deberían modificarse limitantes como la que mantiene la figura del aprendiz hasta los 18 años de edad), las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales.
Ahora bien, una estructura institucional destinada al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas de los trabajadores y trabajadoras, sin duda impactaría de manera directa y positiva en el desempeño de la economía nacional, un elemento obligatorio para combatir con éxito y derrotar el pernicioso bloqueo planificado y ejecutado desde Washington y Bruselas.
Con justicia, podemos decir que el planteamiento del Inces es, en definitiva, sinónimo de soberanía nacional.
