Mediante un comunicado, la Cancillería calificó de “ridícula la lista difundida por la UE en la que incluyen a Venezuela como un país de alto riesgo”. Por medio de la misiva oficial, aseguró que un “verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”.
La Unión Europea amplió este martes (10.06.2025) su lista de jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, incorporando a 10 nuevos países: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela; mientras eliminó a Panamá y otras naciones que figuraban anteriormente.
La medida fue rechazada categóricamente por Venezuela mediante una comunicación difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
“Una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente pretende hoy tutorar a Venezuela, cuando ni siquiera puede gobernar con coherencia su propio espacio. Tienen bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo.
Venezuela, por el contrario, es una economía en crecimiento, con estabilidad política y con instituciones que responden a su pueblo, no a intereses financieros ni a lobbies de turno. Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes, y sin doble moral.
Lo que molesta a la decrépita élite europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tutelajes, y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”, expresa el comunicado.
La UE permite a los países “señalados como de alto riesgo”ofrecer compromisos para “enmendar” sus normas y evitar figurar en su repertorio. Aparecer, aunque no implica “sanciones” (medidas coercitivas unilaterales, como las prefiere llamar Venezuela), sí exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una “mayor vigilancia” con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
Desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, Venezuela ha sido objeto de numerosas sanciones internacionales. Estas sanciones han sido impuestas por países como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Canadá y Panamá.
Desde 2017 hasta la fecha, Venezuela ha sido objeto de 1.039 sanciones internacionales. Estas medidas han afectado sectores clave como el petróleo, la banca y el comercio.
PDVSA ha recibido restricciones que incluyen la confiscación de activos como Citgo y Monómeros, la prohibición de repatriación de dividendos y sanciones a sus directivos y socios. Además, las medidas coercitivas han limitado su capacidad de operar con petroleras internacionales, afectando su producción de crudo, que ha caído significativamente en los últimos años. “Hoy el 25% de la producción de petróleo está sancionada”, ha denunciado la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. La producción petrolera pasó de 2,3 millones barriles diarios en abril de 2016, a 339 mil barriles al día en julio de 2020, lo que representa una caída de la producción de 85 %.
Además, en 2019, el gobierno británico reconoció a Juan Guaidó como “presidente de Venezuela”, lo que usó para incautar el oro propiedad del Estado venezolano que se encontraba en el Banco de Inglaterra. Se trata de 31 toneladas de lingotes, valoradas en aproximadamente 2 mil millones de USD, que están hasta el día de hoy retenidas en las bóvedas del banco británico.
La controversia comenzó cuando el gobierno de Nicolás Maduro solicitó la devolución del oro para financiar la lucha contra la pandemia de COVID-19. La entidad financera británica rechazó la solicitud, argumentando que Reino Unido reconocía como gobierno legítimo a Guaidó.
A pesar de que en 2023 la oposición venezolana destituyó a Guaidó como “presidente interino”, el oro sigue congelado en el Banco de Inglaterra, sin una resolución.
