El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó este lunes como un nuevo «Plan Cóndor» la reciente condena ratificada contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que forma parte de una estrategia sistemática de persecución contra líderes progresistas en la región, impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos.
Correa afirmó que el lawfare o «guerra jurídica» se ha convertido en una herramienta para neutralizar a dirigentes políticos sin sustento legal real. «Esto no es casualidad. Es como las dictaduras de los años 70, donde existía el Plan Cóndor. Hoy estamos ante un Plan Cóndor 2, pero con métodos más sutiles: en lugar de desaparecer a la gente, buscan destruir su reputación», declaró.
El exmandatario ecuatoriano recordó casos similares en la región, como los de Fernando Lugo (Paraguay), Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia), y el suyo propio en Ecuador, señalando que todos enfrentaron procesos judiciales sin fundamento. «No pueden ganar en las urnas, así que usan el poder mediático y judicial para condenar antes de investigar», sostuvo.
Correa aseguró que esta estrategia no sería posible sin la coordinación de Estados Unidos: «Para que haya esta persecución en toda América Latina, tiene que estar permitida o directamente impulsada por EE.UU.». Además, destacó dos elementos clave para el lawfare:
- El poder mediático, que genera consenso sobre la culpabilidad de los líderes sin pruebas.
- El poder judicial, que, según él, ya tiene «sentencias escritas de antemano».
Es de recordar que la Corte Suprema de Argentina ratificó la semana pasada una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para Fernández de Kirchner por un supuesto caso de corrupción relacionado con obras públicas en Santa Cruz. La exmandataria, que niega los cargos, solicitó prisión domiciliaria, alegando tener más de 70 años, custodia permanente por su seguridad y haber sufrido un intento de homicidio en 2022.
Sus seguidores convocaron una marcha masiva para este miércoles, cuando se espera que un juez defina su situación legal. Sin embargo, medios argentinos como TN informaron que la justicia podría emitir el fallo un día antes, buscando evitar la movilización.
El caso contra Fernández de Kirchner, iniciado en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, ha sido señalado por irregularidades y denuncias de parcialidad. Su defensa insiste en que no hay pruebas contundentes que la vinculen directamente con los delitos imputados.
