El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este martes los pactos secretos entre el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele y líderes de la pandilla MS-13.
De acuerdo con la investigación, fiscales estadounidenses habrían documentado acuerdos entre el Ejecutivo salvadoreño y cabecillas de la Mara Salvatrucha, en los que se comprometieron a reducir los índices de violencia y brindar apoyo político a Bukele, a cambio de beneficios penitenciarios y compensaciones económicas.
«Este escándalo evidencia la doble moral de un mandatario que, mientras se presenta como el gran combatiente del crimen, negocia en la sombra con los mismos grupos que aterrorizan a su pueblo para perpetuarse en el poder», afirmó Saab.
El Fiscal General también denunció que, en medio de estas negociaciones clandestinas, el gobierno de Bukele mantiene en condiciones inhumanas a más de 250 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladados desde Estados Unidos sin haber cometido delito alguno.
«Bukele no solo pacta con criminales, sino que tortura a inocentes. Más de 250 compatriotas están secuestrados en lo que solo puede describirse como un campo de concentración, sin debido proceso y sometidos a tratos crueles», declaró Saab.
Además, reveló que, como parte de un intercambio con Estados Unidos, el gobierno salvadoreño habría ofrecido reducir en un 50% los costos de mantenimiento de los venezolanos recluidos en el CECOT, tratándolos como «mercancía de negociación».
Saab reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos, dentro y fuera del país, e instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otros organismos multilaterales a actuar con urgencia frente a estas graves violaciones.
«Exigimos justicia para nuestros connacionales y repudiamos la hipocresía de un régimen que, mientras negocia con pandillas, somete a inocentes a un infierno de torturas», concluyó.
El Ministerio Público venezolano continuará documentando estos hechos y presentando las pruebas correspondientes ante instancias internacionales para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.
