En noviembre de 2020, Estados Unidos desplegó un buque de guerra frente a las costas de Cabo Verde: para evitar –escribió el New York Times– que “el régimen” venezolano e Irán (y también Rusia, se dijo después) intentaran liberar a Alex Saab, el diplomático venezolano secuestrado y torturado porque intentaba romper el asedio económico a Venezuela, importando alimentos y medicinas.
Trump ya había evaluado el uso de la fuerza militar desde el momento del secuestro de Saab en Cabo Verde, el 12 de junio. El entonces secretario de Defensa, Mark Esper, se había opuesto, considerándolo un «uso impropio» de las fuerzas armadas. La situación cambió después del despido de Esper, uno de los tantos despidos en la cúpula de esa primera administración. El nuevo nombrado, Christopher Miller, aprobó inmediatamente el despliegue militar.
Ya entonces, Estados Unidos hubiera querido hacer de Alex Saab el gran acusador de Nicolás Maduro, para presentarlo como jefe de una red de narcotráfico. Pero no lo logró debido a la resistencia del diplomático a lisonjas y torturas, incluso después de ser extraditado ilegalmente a Miami; a pesar del derecho internacional.
Hoy, Trump ha desplegado tropas en el Caribe. Tras un episodio poco claro, en el que este 2 de septiembre sostuvo haber “eliminado” (como si fueran bolos) a 11 presuntos narcotraficantes; el pasado viernes, un destructor de EEUU abordó y retuvo durante unas 8 horas a una embarcación con 9 pescadores de atún venezolanos, en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. Además, la marina estadounidense está enviando diez F-35 desde Puerto Rico.
Ciertamente, considerando el genocidio en Palestina y todo lo que Estados Unidos le permite a su perro rabioso sionista, uno se siente tentado a creer que no hay ningún freno para el lejano Oeste global. Sin embargo, es útil entender con qué hoja de parra se justifica esto en un país como Estados Unidos, acostumbrados a imponer al resto del mundo su “democracia” como un producto perfecto. El punto de partida ha sido la aprobación por parte de Trump de un decreto que equipara algunas redes de narcotráfico (verdaderas o presuntas) a organizaciones terroristas.
Entre estas, el magnate ha incluido al fantasmagórico Cártel de los Soles, declarando que lo dirigen el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el actual ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Y aumentando a 50.000 dólares la recompensa por la cabeza de Maduro. Distorsiones y arbitrariedades justificadas por el decreto emitido, que permite al gobierno utilizar el poder militar, bajo una óptica de seguridad nacional, para combatir una amenaza que considera directa contra Estados Unidos: independientemente del lugar en el que se encuentre dicha amenaza.
Es la “Doctrina Monroe” transferida del siglo XIX al XXI, por la que el concepto de supremacía estadounidense en el hemisferio occidental debe seguir siendo un pilar de la política exterior. Figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, han resucitado esta doctrina, justificando una intervención, incluso armada, para contrarrestar el «caos» y el «desorden» en la región, provocado también por “el flujo de drogas y la inmigración”.
No es que Rex Tillerson y Mike Pompeo, que ocuparon antes el cargo de Rubio no fueran partidarios de la “máxima presión” para llegar al siempre soñado “cambio de régimen” en Venezuela, y no hayan organizado múltiples estrategias para lograrlo. Rubio, sin embargo, parece tener la intención de pasar de las palabras a los hechos también con la intervención militar. Hoy aparece como el verdadero hombre fuerte de la administración estadounidense, en su calidad de secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional. Ya en la época del primer gobierno de Trump, como senador republicano de Florida, elegido por los rabiosos potentados anticomunistas (y como familia de narcos) tuvo una notable influencia en la política exterior hacia América Latina.
Ahora, ha definido al gobierno de Nicaragua como «enemigo de la humanidad», a Maduro como «un fugitivo de la justicia estadounidense», que no es un jefe de gobierno, sino el líder de «una organización terrorista y criminal que se ha apoderado de un territorio nacional», y ha colmado de elogios al salvadoreño Nayib Bukele.
Un “líder ejemplar” a quien, según un documento del gobierno dado a conocer por los tribunales, Estados Unidos habría pagado 4,76 millones de dólares para que aceptara a los migrantes deportados por Trump y los encerrara en campos de detención como “narcotraficantes enviados por Maduro”, a pesar de que la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales.
Costos y estrategias de la intervención
Pero ¿cuánto está dispuesto a gastar el gobierno de Estados Unidos para un cambio de régimen en Venezuela? Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado cuestiona el gasto de 10,5 millones de dólares al año para el mantenimiento de propiedades y personal en Caracas, incluyendo la embajada de 11 hectáreas, la residencia del embajador y otros tres apartamentos, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas ocurrida en 2019. Todo para «allanar el camino para una rápida sustitución» de Maduro. Sin embargo, se evidencia que esta cifra es insignificante, si se compara con los miles de millones de dólares necesarios, para sostener el despliegue militar en el sur del Caribe, oficialmente destinado a combatir a los cárteles del narcotráfico; pero con Venezuela en la mira.
¿Cuánto cuesta desplegar 4000 Marines, ocho barcos, un submarino nuclear y diez aviones F-35 en el Caribe? Con la ayuda de dos inteligencias artificiales, basándose en datos públicos, el informe señala que Grok, la IA de X, estima un costo, durante 90 días, de aproximadamente 1,73 mil millones de dólares.
Este valor podría aumentar hasta 2 mil millones en caso de imprevistos o disminuir a 1,5 mil millones con apoyo de los aliados. Copilot, la IA de Microsoft, ofrece una estimación mucho más alta, sugiriendo que el despliegue de tres meses podría costar entre 16 y 22 mil millones de dólares, sin contar los imprevistos. Ambas estimaciones, aunque no son oficiales, superan con creces los gastos operativos y de personal sostenidos por las propiedades diplomáticas en Caracas, evidenciando la vasta inversión militar.
Pero el juego es de alcance global. Así, aunque algunos sectores del trumpismo, convencidos de que para hacer negocios es mejor no movilizar abiertamente las cañoneras, muestran fastidio por las fuertes maneras de Rubio, este, por ahora presume de una sólida sintonía con Trump sobre la necesidad de desplazar a China del hemisferio occidental, bajo la óptica de una nueva Doctrina Monroe. Rubio comenzó su primer viaje oficial con una visita a Panamá, donde inspeccionó el Canal e insistió sobre el tema de la explotación de dos puertos por parte de una empresa de Hong Kong. Tras las amenazas de Trump de tomar el control del Canal, la empresa aceptó vender los puertos a un grupo de inversión liderado por Estados Unidos, a pesar de la oposición del gobierno chino.
“Narco” Rubio ha planteado la cuestión de la presencia china también durante su segundo viaje a la región, en el que visitó Jamaica, Guyana y Surinam. Y ha mostrado una gran sintonía con Daniel Noboa, presidente empresario de Ecuador, donde Rubio cuenta con volver a instalar las bases militares norteamericanas.
Mientras tanto, ha tratado de calmar las preocupaciones de algunos líderes progresistas, como la mexicana Claudia Sheinbaum, que temen el regreso en tromba del poder imperial estadounidense. Pero con la Colombia de Petro, que ha anunciado su indisponibilidad para apoyar una invasión de Venezuela, parece tener la intención de actuar con amenazas y halagos, hasta el próximo año, cuando habrá elecciones presidenciales.
Los funcionarios de Trump han criticado duramente a Colombia por no haber reducido el cultivo de coca. La producción está en niveles récord, según los datos de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de la cocaína colombiana termina en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Trump amenaza con no otorgar a Colombia una certificación, concedida después de una revisión anual, －cuyos resultados se esperan para el 15 de septiembre－. El objetivo es determinar si Petro está haciendo lo suficiente para combatir el tráfico de drogas. Si la certificación no fuera aprobada, podría haber enormes consecuencias.
Entre estas, la suspensión de cientos de millones de dólares en ayudas, la aplicación de sanciones y restricciones de visado para los funcionarios del gobierno colombiano y el daño a una de las alianzas más estrechas que Washington tiene en América Latina. Colombia es el principal beneficiario de los gastos militares estadounidenses en América Latina, y las autoridades colombianas advierten que la pérdida de la certificación dañaría a ambos países.
Temas, de los que se discute en la galaxia de portales y laboratorios de ideas, remitidos por el fascismo venezolano y quienes lo manejan (todos en calidad de demócratas ejemplares y paladines de los “derechos humanos”, obviamente). Para acceder a ellos, se necesita embarcarse en un juego de matrioscas no siempre identificable en la primera vuelta. Monitorear sus tramas y expectativas, en un momento tan complejo y dramático a nivel global, sin embargo, vale el esfuerzo.
Permite hacerse una idea de la amplitud del enfrentamiento en curso, de los intereses contrapuestos que lo mueven, y de las muchas zonas grises que se han multiplicado con la caída de la Unión Soviética, opacando fronteras geográficas y simbólicas.
Se tiene la cartografía de un mundo al revés, donde incluso un episodio histórico, retomado por el gobierno bolivariano para reivindicar hoy su propia soberanía, es distorsionado para empujar a apoyar la agresión armada del imperialismo norteamericano y la de sus vasallos de la Unión Europea. Nos referimos al asedio sufrido por Venezuela entre diciembre de 1902 y febrero de 1903.
Entonces, el gobierno de Cipriano Castro fue rodeado por una flota conjunta de Inglaterra, Alemania e Italia. La coalición exigía el pago de la deuda externa del país y presuntos resarcimientos. El gobierno de Cipriano Castro resistió. Para los fascistas venezolanos, sin embargo, ese episodio histórico no recordaría el nuevo asedio imperialista al que es sometido el gobierno bolivariano, sino “el asedio interno de una tiranía que tiene sofocada a la nación”. Y que, por eso, debe ser derrocada por las cañoneras trumpistas “liberadoras”.
Pero ¿cuándo llegan? Se preguntan estos personajes desde su “exilio” dorado, desde donde multiplican foros y debates, generosamente pagados por los dueños del “imperialismo humanitario” que los dirige. Hay quienes dan por inminente alguna forma de ataque, quizás “dirigido” a cobrar la recompensa por la cabeza de Maduro, alguien más, así reflexiona: «La realidad es que el Comando Sur no tiene flota propia y no pueden estar ahí por un periodo prolongado, pueden desaparecer en cualquier momento«.
Con la lucidez típica de quien suele levantar el codo frecuentemente, el ex candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, desde España, cuenta lo provechosos que han sido sus viajes hasta ahora, en vista de “un gobierno eficiente que recupere la estabilidad de la moneda y los salarios”. Como si los gobiernos neoliberales y belicistas de Europa, los “patriotas” y fascistas varios, que votan resoluciones contra Venezuela en el Parlamento Europeo, pensaran en el bienestar de los sectores populares y no en el de las camarillas de negociantes que representan.
Y, en todo caso, todo esto tiene como premisa la caída del gobierno bolivariano. Lo cual, dice el pueblo venezolano, no es en absoluto un hecho.
