Para el 8 de septiembre, el primer ministro francés François Bayrou ha convocado una moción de confianza en la Asamblea Nacional. Presentó la votación como la última oportunidad para que los parlamentarios le apoyaran en la polémica ley de presupuesto de 2026. Bayrou dirige un gobierno en minoría y tanto el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, como los tres partidos que forman la coalición de izquierda (Verdes, Socialistas y La Francia Insumisa) ya han anunciado que votarán en contra. Juntos tienen los votos suficientes para retirarle la confianza al gobierno.
Si el gobierno es derrotado, será el presidente, Emmanuel Macron, quien decida cómo proceder. Podría intentar formar un nuevo gobierno —el tercero en esta legislatura— o convocar a elecciones anticipadas, aproximadamente un año después de las últimas celebradas en el verano de 2024. Desde entonces la Asamblea Nacional, se encuentra en una situación de estancamiento, ha bloqueado cualquier decisión definitiva sobre la nueva ley de presupuesto.
La ley de presupuesto de 2025 se aprobó, a duras penas y con retraso, el pasado febrero. La de 2026, que ha anunciado recortes como la eliminación de dos días festivos, la falta de ajuste de las pensiones, y otras subidas de impuestos para las clases populares; ya ha sido rechazada por la Francia Insumisa. Bayrou las había presentado como recortes necesarios para afrontar un momento crítico en la historia de Francia, que él ha comparado repetidamente con la crisis de la deuda de Grecia de 2015. La deuda pública es la tercera más alta de la eurozona, después de Grecia e Italia, y se espera que siga aumentando en los próximos años, en violación de las normas europeas, impuestas a los Estados miembros de la UE.
Hasta 2008, la deuda pública francesa estuvo en línea con el promedio de los países europeos, pero con la grave crisis financiera hubo un aumento repentino, de 69 % en 2008 a 84 % en 2009. Desde entonces ha estado en constante aumento y las cosas han empeorado con la pandemia y la crisis energética. Así que Francia se encuentra entre los países europeos al que, en los últimos meses, la Comisión Europea ha sometido a un procedimiento por déficit excesivo. El déficit, también conocido como saldo negativo, es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, es decir, entre lo que recauda en impuestos y lo que gasta: si un país gasta más de lo que recauda en impuestos, necesariamente tiene que endeudarse y, por lo tanto, contribuye a aumentar la deuda pública.
Además, el diferencial (spread) de los bonos del Estado, o sea el indicador financiero que muestra lo riesgoso que los inversores consideran a un país, es hoy casi el doble de lo que era antes de las elecciones europeas de junio. Ese momento abrió una fase de grave inestabilidad política para el país y, de hecho, dificultó aún más la gestión de los problemas de las cuentas.
Para la Unión Europea —que ciertamente no es la unión de los pueblos, sino la de los banqueros y las grandes instituciones internacionales—, estos son «dogmas económicos» que deben respetarse, bajo pena de la imposición de planes de ajuste estructural como los impuestos a la Grecia de Tsipras en 2015, o a los argentinos hoy en día. En Francia, el pueblo lucha para evitar que suceda lo que ya ocurrió en Italia, donde, con una serie de «reformas» promulgadas por «gobiernos técnicos» del agrado de la «centroizquierda» (desde la reforma de Dini hasta la de Maroni, pasando por la ley Fornero), la seguridad social pública fue objeto de un ataque clasista sin precedentes. Por ello, hoy los pobres ya no pueden recibir atención médica, y es pobre incluso quien gana dos salarios, tan bajos son y tan alto es el coste de la vida.
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En Francia, al igual que en Italia, la ley de presupuesto debería entonces aprobarse antes de que termine el año. Si esto no sucede, el próximo año el Estado no podrá gestionar sus gastos, lo que podría causar graves problemas para cuestiones muy concretas como el pago de los salarios de los funcionarios, la prestación de servicios y las pensiones: sin duda no para los capitalistas y las industrias de armamento.
Francia se posiciona como la «fuerza motriz» del rearme europeo. Es el país que lidera el mayor número de proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa (FED), un programa que invertirá 8.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para desarrollar nuevas tecnologías militares. Macron ha puesto en marcha un plan para duplicar el presupuesto de defensa en sus dos mandatos. Se ha pasado del 2% del PIB y se aspira a un objetivo del 3-3,5%, que sería uno de los más altos de Europa.
El rearme italiano también está en fase avanzada, con programas aprobados por 42.000 millones de euros desde el inicio de la actual legislatura. En 2025, se estima que alrededor de 13.000 millones de euros se destinarán a la compra de nuevas armas. Italia es el segundo país por número de empresas y centros de investigación implicados en los proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa.
Según esta lógica, por lo tanto, quienquiera que sea nombrado después de Bayrou tendrá que iniciar un serio saneamiento de las cuentas. Según otra lógica, mientras Bayrou y Macron se dedican a negociar con la burguesía financiera para salvar un sistema en declive, Nicolás Maduro, un presidente que viene de la clase obrera, se dedica a resistir un asedio económico para defender la soberanía y el proyecto bolivariano: mostrándoles a los pueblos del mundo que la única salida es la lucha común.
