En la Octogésima Asamblea General de la ONU, la representante de Perú, Dina Boluarte, concluyó su intervención con los micrófonos apagados. ¿Fallo técnico o saboteo intencional? Mientras tanto, fuera del “Palacio de Cristal” (edificio sede de la ONU), los peruanos residentes en Nueva York se hacían sentir. Al igual que muchos inmigrantes de otros países, los peruanos que viven en Estados Unidos no han perdido la oportunidad de protestar contra la que consideran no presidenta, sino «usurpadora», que gobierna desde el 7 de diciembre de 2022, tras un «golpe institucional» contra el maestro Pedro Castillo. El expresidente sigue encarcelado y los manifestantes, que han denunciado la dura represión sufrida desde 2022 hasta hoy, enarbolaban las fotos de más de 80 víctimas y pedían la liberación de Castillo.
Otros heridos －periodistas y jóvenes manifestantes－ se han sumado en estos días en Lima, a raíz de los violentos enfrentamientos con la policía, que ha reprimido duramente la manifestación del movimiento «Generación Z». Los jóvenes crecidos en la era digital que se organizan a través de plataformas virtuales, han salido a la calle alzando símbolos culturales como la bandera de One Piece. La bandera de One Piece, o Jolly Roger, es el emblema del protagonista de la serie manga y anime japonés homónima, creada por Eiichiro Oda. En la serie, es el símbolo de la tripulación de piratas liderada por Monkey D. Luffy. Indica libertad, aventura y rebelión contra el poder constituido por el gobierno mundial, que considera a los piratas como criminales.
Sin embargo, el elemento desencadenante fue muy concreto: la Ley N.º 32123, aprobada por el Congreso, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP. Las siglas AFP y ONP indican los dos sistemas principales de gestión de pensiones y seguridad social. Las AFP son las Administradoras de Fondos de Pensiones, y representan el sistema de previsión de capitalización individual.
Se trata de sociedades privadas que gestionan los fondos de los trabajadores para obtener beneficios, invirtiéndolos en los mercados financieros (acciones, bonos, etc.) con el fin de generar «rendimientos para los futuros pensionistas». El riesgo, sin embargo, recae enteramente sobre el trabajador. La pensión final depende directamente del monto total de las cotizaciones realizadas.
Este sistema es el pilar del modelo neoliberal, introducido en los años 90: los años de Fujimori, que pagó peaje al Fondo Monetario Internacional llevando a cabo su «autogolpe» con el que, en 1992, disolvió el Congreso y suspendió la Constitución, para introducir drásticas reformas económicas neoliberales y sofocar a la oposición con el terror. En base a la idea (aún persistente) de que la previsión debe ser gestionada por el mercado para garantizar mayor eficiencia y rendimientos, Fujimori entonces unió la AFP al sistema público. Hasta ese momento, regía el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), basado en el principio de la solidaridad y el reparto, en el que todos los trabajadores estaban incluidos y donde las cotizaciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones.
Fue establecido en 1973, durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Un gobierno de impronta nacionalista y reformista que unificó la miríada de cajas de pensiones y seguridad social fragmentadas que existían en Perú hasta ese momento. Sin embargo, en 1992, Fujimori creó un ente específico, la ONP, como gestor de ese sistema: para dar a los trabajadores peruanos la ilusión de poder elegir entre dos modelos de protección, en realidad para desmantelar el sistema público y canalizar enormes capitales privados (las cotizaciones de los trabajadores) hacia el sector financiero.
Boluarte está siguiendo el mismo camino, ya que debe responder a las mismas fuerzas que la pusieron a gobernar derrocando al maestro Castillo; mal visto por las oligarquías que manejan el país. Ahora, uno de los debates más candentes concierne la posibilidad de que los trabajadores retiren parte de sus fondos AFP, como ocurrió durante la pandemia, para hacer frente a la crisis, pero las sociedades privadas se oponen ferozmente.
Las protestas de los jóvenes, a las que se han unido otros sectores de la sociedad golpeados por las políticas neoliberales, no son solo de carácter económico; piden la destitución de Boluarte y el cierre del Congreso. La popularidad de la «usurpadora» está en mínimos históricos, su gobierno está sacudido por acusaciones de corrupción a la propia Boluarte por la posesión de costosos relojes, y zancadillas entre «hermanos-cuchillos» de cara a las elecciones fijadas para el 12 de abril de 2026. En esa fecha los ciudadanos deberán elegir, además del presidente de la República, a los vicepresidentes y a los diputados al Congreso y al Parlamento Andino, para el periodo 2026-2031.
Ciertamente no podrá competir Castillo, a quien se le ha negado definitivamente la solicitud de libertad de la prisión preventiva en la que se encuentra. Es más, corre el riesgo de enfrentarse a acusaciones aún más graves, que conllevan décadas de prisión. Podría formularlas el mismo Juez Supremo Provisional (un magistrado que ocupa temporalmente un puesto vacante en la Corte Suprema) que le negó la libertad.
El uso de tales artificios jurídicos, como el de prolongar desmesuradamente un rol provisional, ocupado por figuras evidentemente más maleables, es uno de los aspectos del lawfare rampante en Perú: es decir, el uso de la magistratura con fines políticos. El abuso del mecanismo institucional de la «Vacancia presidencial», que permite al Congreso declarar el fin anticipado del mandato presidencial incluso basándose en una vaga definición de «incapacidad moral», ha caracterizado la escena política, entregándola a una crónica inestabilidad.
Después de eliminar al outsider Castillo, el Congreso, compuesto en su mayoría por fuerzas de derecha y centro-derecha, ha resistido a todos los intentos puestos en marcha por las protestas sociales, que pedían adelantar las elecciones. Con la impopular pero útil Boluarte y manteniendo el actual Congreso, el sistema apunta a estabilizar el modelo económico antes de afrontar un nuevo ciclo electoral potencialmente desfavorable.
Mientras tanto, en un panorama político fragmentado donde la derecha busca un candidato fuerte, mientras que las fuerzas que piden un cambio estructural trabajan para unir los diversos grupos en una única plataforma antineoliberal, los movimientos sociales e indígenas adquieren fuerza y voz.
Aunque no son un partido político, su movilización (como la de la «Generación Z»), apunta a mover las relaciones de fuerza. Su apoyo será fundamental para cualquier candidato alternativo: que encarne la oposición al modelo extractivista impuesto por las transnacionales y la élite compradora de Lima; que impulse la necesidad de una redistribución de los recursos; y que prometa una nueva Asamblea Constituyente para abolir la Constitución de Alberto Fujimori.
La crisis no es solo institucional, sino que refleja la incapacidad de la clase dominante peruana, en conflicto constante entre sus diversas facciones, de establecer un bloque de poder hegemónico estable. Para las fuerzas populares, sin embargo, se tratará de hacer un balance del experimento de Castillo, que a pesar de tener un origen popular y rural, fracasó porque no logró construir una verdadera hegemonía obrero-campesina basada en una sólida dirección política, ni romper el control institucional y económico de la élite de Lima.
El poder pasó así a la burguesía tecnocrática y conservadora representada por el Congreso y por Boluarte, mucho más presentables para quienes mueven los hilos a nivel internacional: represivos en los hechos, pero con un discurso repleto de proclamas democráticas, basadas en la moderación y los derechos humanos: la misma máscara de la golpista Maria Corina Machado.
Esto se vio en Nueva York, donde Boluarte acudió para participar en el evento con motivo del trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizado por la ONU. Durante su intervención, la gobernante se presentó como víctima de las que definió como «informaciones falsas» y de una supuesta «ideología del odio» que, según ella, buscan desacreditarla.
Su discurso en la Asamblea General de la ONU fue ampliamente criticado, tanto en Perú como a nivel internacional, como un ejercicio de cinismo e hipocresía política, en contraste con la realidad política y judicial de Perú. Pareció sobre todo otro intento, después de la participación en la ceremonia de investidura del nuevo papa en el Vaticano, de rehacer una imagen política presentable a nivel internacional. En el escenario global, su discurso se centró en gran medida en Perú, con el objetivo de proyectar una falsa imagen de estabilidad económica e institucional.
Respecto al tema central de la Asamblea, es decir, el genocidio en Palestina, mantuvo un tono extremadamente vago y diplomático, condenando genéricamente la violencia y la guerra. Un enfoque en neto contraste con la fuerte condena explícita proveniente de líderes socialistas y progresistas latinoamericanos como los presidentes de Colombia y Venezuela, y Cuba. Un discurso que refleja la dependencia de Boluarte y su alineación subalterna a los intereses políticos y económicos occidentales que sostienen al régimen sionista. Fue muy cuidadosa de no dañar los lazos económicos cruciales para el capital peruano.
Después de que, el 29 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum －conocida por sus posturas a favor de la libertad femenina－, recibiera al abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, declarando que el expresidente había sido encarcelado injustamente y que Boluarte era una usurpadora, el Congreso peruano declaró a Sheinbaum persona non grata.
Perú tiene tasas de violencia de género entre las más altas de la región. Las mujeres peruanas enfrentan una significativa segregación y precariedad en el mercado laboral. En las áreas rurales y andinas, son la columna vertebral de la agricultura, pero a menudo no poseen la tierra y tienen un acceso limitado al crédito y a la formación, perpetuando la pobreza.
Sin embargo, Boluarte, presentándose como «primera mujer Presidenta del Perú», quiso aparecer como un modelo de emancipación femenina, elogiando a las mujeres y su papel en la sociedad peruana y global. Frente al Palacio de Cristal, mientras tanto, las inmigrantes que manifestaban al grito de «Fuera la usurpadora«, la mostraban adornada con sus costosos relojes Rolex (objeto de la investigación por corrupción), y alzaban las fotos de las mujeres campesinas e indígenas que ella había mandado a matar durante las protestas.
