Dos nacionales de Trinidad y Tobago, identificados como Chad Joseph y otro conocido como “Samaru”, se encuentran entre las seis personas fallecidas durante una operación militar estadounidense en aguas venezolanas el pasado martes. Este suceso eleva a 27 el número de personas abatidas en acciones similares desde el 2 de septiembre, de acuerdo con informes oficiales.
La noticia ha sumido en el dolor a la comunidad pesquera de Las Cuevas, en Trinidad y Tobago, de donde era originario Chad Joseph. Sus familiares y vecinos han salido en su defensa, rechazando categóricamente las acusaciones de que se dedicara al narcotráfico y describiéndolo como un pescador que solo intentaba regresar a casa.
Cornell Clement, abuelo del joven, expresó su consternación: «No era traficante de drogas. Solo intentaba volver a casa». Por su parte, Christine Clement, la abuela, relató los pormenores de la difícil situación que vivía su nieto en Venezuela, donde había permanecido durante tres meses. Según su testimonio, Joseph enfrentó múltiples obstáculos para retornar, incluyendo un ataque previo a su embarcación y problemas mecánicos en un intento fallido de repatriación.
La versión oficial choca frontalmente con la percepción de la comunidad de Las Cuevas, que ha puesto en tela de juicio la actuación de las fuerzas estadounidenses. Un residente local cuestionó la falta de transparencia: «¿Qué evidencia tienen de que había drogas? Es inhumano destruir un bote sin mostrar pruebas».
Hasta el momento, el Gobierno de Trinidad y Tobago ha guardado silencio. Ni la Oficina de la Primera Ministra ni el ministro de Defensa, Wayne Sturge, han emitido declaración alguna sobre este caso concreto. Cabe recordar que, meses atrás, el ministro Sturge había advertido que los pescadores que participaran en actividades ilegales “asumirían las consecuencias por su cuenta”. Tampoco se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Sean Sobers, ante las solicitudes de declaraciones.
La controversia trasciende las fronteras del Caribe. En Estados Unidos, el congresista Jim Himes calificó las operaciones militares contra el narcotráfico como “preocupantes” y argumentó que carecen de sustento legal. «La idea de que Estados Unidos esté en un conflicto armado con narcotraficantes venezolanos no se sostendría en ningún tribunal», afirmó el legislador, poniendo en duda el marco jurídico de estas acciones.
Este trágico incidente reaviva el debate internacional sobre la legalidad, la jurisdicción y los protocolos de las operaciones militares estadounidenses en aguas de otros países, así como sobre la veracidad de las acusaciones que justifican el uso de fuerza letal. La comunidad internacional y los familiares de las víctimas esperan una investigación transparente y respuestas concretas de los gobiernos involucrados.
