El pasado fin de semana, Estados Unidos fue testigo de una de las mayores oleadas de protestas en su historia reciente, con manifestaciones bajo la consigna «No Kings» (No a los Reyes) que congregaron a millones de personas en más de 2.700 ciudades a lo largo de los 50 estados. Las marchas, en su mayoría pacíficas, surgieron como una expresión de rechazo a lo que los manifestantes perciben como un giro autoritario y unas acciones de gobierno monárquicas por parte del presidente Donald Trump.
Una respuesta presidencial que avivó las críticas
La respuesta del presidente Trump y su administración a las multitudinarias protestas no se hizo esperar y, lejos de suavizar los ánimos, pareció reforzar el mensaje central de los manifestantes. Trump y el vicepresidente J.D. Vance adoptaron la narrativa de manera burlona.
A través de sus redes sociales, publicaron memes generados por inteligencia artificial que mostraban a Trump con una corona. En uno de ellos, compartido por el propio Presidente, aparecía pilotando un avión de combate con la inscripción «KING TRUMP». El mandatario calificó las protestas masivas como una «broma» y las describió como «muy pequeñas, muy ineficaces», afirmando que los participantes no representaban al pueblo estadounidense.
Por su parte, altos cargos de su gobierno intentaron desacreditar a los manifestantes. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, llegó a afirmar que la base del Partido Demócrata estaba compuesta por «terroristas de Hamas, inmigrantes ilegales y criminales violentos». El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, las tildó de concentraciones de «odio a Estados Unidos».
Acciones de gobierno que alimentan la percepción de un poder absoluto
Las protestas «No Kings» no surgen en el vacío, sino como reacción a una serie de acciones ejecutivas y declaraciones presidenciales que, reflejan un desprecio por los controles y equilibrios democráticos. Analistas señalan varios acontecimientos recientes que han alimentado esta percepción:
· Uso político de indultos: La reciente conmutación de la sentencia del exrepresentante George Santos, condenado por fraude, fue vista por muchos como la última parodia de un sistema legal que el presidente utiliza para ayudar a sus aliados. La Constitución concede este poder, pero su aplicación altamente política es interpretada por sus críticos como un capricho regio.
· Política exterior agresiva y sin rendición de cuentas: La administración ha designado unilateralmente a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y ha asumido la autoridad para llevar a cabo acciones letales sin el debido proceso, ignorando en el proceso la autoridad del Congreso sobre los poderes de guerra. El senador republicano Rand Paul criticó esta aproximación, señalando que «si quieren una guerra total… eso requiere una declaración de guerra».
· Control de la información: El Departamento de Defensa ha expulsado a periodistas que se negaron a firmar las nuevas y draconianas regulaciones de prensa de la administración, una postura que, según analistas, refleja temor al escrutinio y erosiona la transparencia.
Un país profundamente dividido
Las masivas protestas y la contundente respuesta del gobierno pintan el retrato de una nación fracturada. Para los participantes en las marchas, salir a las calles era un acto de defensa de los valores democráticos. Como explicó Beth Zasloff, una manifestante en Nueva York, acudió porque se siente «indignada y angustiada por lo que llamó un ‘movimiento hacia el fascismo y un gobierno autoritario'».
Mientras tanto, la administración Trump y sus seguidores interpretan estas mismas movilizaciones como una muestra de resistencia ilegítima a una agenda de gobierno que cuenta con el respaldo de una parte significativa del electorado.
Este choque de narrativas y realidades subraya una tensión fundamental sobre la naturaleza del poder presidencial y los límites de la autoridad en Estados Unidos, un debate que, como demostraron las miles de pancartas de «No Kings», está lejos de estar resuelto.
