En un nuevo intento por encubrir posibles crímenes de guerra, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la administración de Donald Trump se niega a liberar al público el video sin editar de los operativos militares en el Caribe.
El material audiovisual, clasificado como «alto secreto», contendría imágenes de sobrevivientes rematados durante el operativo del pasado 2 de septiembre.
Hegseth admitió que las imágenes existen y que solo serán mostradas a comités selectos del Congreso tras puertas cerradas. Esta negativa a la transparencia pública se produce en medio de crecientes denuncias sobre el asesinato de civiles y pescadores bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
La administración ha decidido proteger al almirante Frank Mitchell Bradley, responsable de las operaciones, asegurando que ha tomado «todas las decisiones correctas», a pesar de que los informes apuntan a ejecuciones sumarias de náufragos.
La decisión de ocultar el video refuerza la imagen de una administración que actúa al margen de la ley. Mientras la jefa de gabinete, Susie Wiles, admitía recientemente que estos ataques buscan el chantaje político contra Venezuela, Hegseth ahora bloquea la evidencia que mostraría la brutalidad de dichas acciones.
La negativa de Hegseth no es solo un asunto de seguridad nacional, sino un obstáculo directo a la justicia. Al calificar como «secreto» el asesinato de personas indefensas en el agua, la administración Trump confirma su desprecio por los derechos humanos y su intención de continuar una política de muerte en el Caribe sin supervisión ni escrutinio público.
