Un grupo de legisladores estadounidenses ha alzado la voz ante el Congreso para denunciar que las recientes movilizaciones militares en el Caribe, impulsadas por la administración de Donald Trump, responden a una estrategia motivada por intereses energéticos, y no a una auténtica operación antinarcóticos.
Bajo la consigna «No se trata de drogas, sino de petróleo«, los congresistas señalaron que la narrativa oficial del combate al tráfico de estupefacientes está siendo utilizada como una fachada.
Alertaron que el actual gobierno pretende emplear la misma retórica de las «armas de destrucción masiva» que justificó invasiones pasadas, esta vez para apoderarse de los recursos de Venezuela.
Los legisladores recordaron que el propio mandatario ha admitido públicamente su interés en los hidrocarburos venezolanos, llegando a afirmar en plataformas digitales que dicho recurso es de ellos
El debate alcanzó un punto crítico durante la votación de la Resolución sobre Poderes de Guerra, diseñada para frenar las facultades presidenciales de iniciar conflictos armados sin autorización legislativa.
El resultado de 211 votos a favor y 213 en contra evidencia una profunda fractura en el Capitolio sobre la legalidad y la ética de una intervención armada en Sudamérica.
Los congresistas criticaron la ausencia de evidencia real que vincule la seguridad nacional de EE. UU. con la situación en Venezuela, exigiendo honestidad por parte del Ejecutivo.
Durante las sesiones, los representantes advirtieron sobre el historial de fracasos en la política exterior estadounidense. Citaron los casos de Iraq, Libia y Siria como ejemplos de intervenciones que, bajo la promesa de «ayuda democrática», terminaron en desastres humanitarios y conflictos interminables.
Los congresistas hicieron un llamado a la sociedad civil y a la comunidad internacional para rechazar cualquier escalada militar que ignore la soberanía de las naciones y el marco legal del Derecho Internacional.
