La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por la magistrada Tania D’Amelio, informó al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, en atención a una situación excepcional de agresión extranjera que ha derivado en el secuestro del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, por parte de fuerzas imperiales, ha procedido a aplicar los mecanismos previstos en nuestra Carta Magna para preservar la estabilidad del Estado.
Esta decisión se toma en el contexto de una grave operación militar perpetrada en la madrugada de hoy por el gobierno de los Estados Unidos, que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país, resultando en la captura y traslado forzoso del Presidente Maduro fuera del territorio nacional. El gobierno venezolano ha denunciado estos actos como una «gravísima agresión militar» y una violación flagrante del derecho internacional.
En cumplimiento estricto de lo dispuesto en los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con el firme propósito de resguardar el hilo constitucional y la paz de la Nación, se dispone que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, asuma las funciones de Presidenta de la República de manera temporal.
· Fundamento Legal: El Artículo 234 establece que las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo. La Sala Constitucional ha determinado que el secuestro y la ausencia forzada del Jefe de Estado constituyen una falta temporal que requiere esta medida inmediata para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo.
· Condición de Encargo: La ciudadana Delcy Rodríguez asume la presidencia en condición de encargada, mientras se supera esta brutal agresión contra la integridad del Jefe de Estado y se garantiza su retorno seguro a la Patria.
La Sala Constitucional hace un llamado a la unión, la cordura y la movilización pacífica de todo el pueblo venezolano, de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y de todos los poderes públicos en defensa de la independencia nacional, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación.
Asimismo, se exhorta a la comunidad internacional a reconocer la legitimidad de esta medida constitucional y a condenar la intervención militar y el secuestro de un jefe de Estado soberano, acciones que representan un peligroso retroceso a prácticas coloniales y una amenaza para la estabilidad regional y global.
Esta decisión del máximo tribunal es una respuesta jurídica necesaria e inmediata para asegurar la continuidad de las funciones del Poder Ejecutivo, garantizar el orden constitucional y proteger a la Patria en este momento de extrema gravedad. El TSJ reafirma su rol como garante de la institucionalidad y de la defensa de la soberanía, hoy más que nunca amenazada por actos de guerra de fuerzas externas.
¡La Constitución y la Patria se defienden con leyes y con el pueblo unido!
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