El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles la decisión de retirar selectivamente una serie de sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela, con el objetivo declarado de «permitir el transporte, la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial».
La medida fue informada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien en declaraciones a medios sostuvo que esta acción se alinea con el anuncio previo del presidente Donald Trump de que su administración se encargará directamente de gestionar los recursos generados por el crudo venezolano.
El anuncio se produce en un contexto donde altos funcionarios estadounidenses han reafirmado su control sobre el sector energético venezolano. Previamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó la influencia de Washington, declarando que Venezuela no puede transportar su petróleo sin autorización norteamericana debido al riguroso embargo y la capacidad de incautar buques petroleros. «Entienden que la única forma en que pueden mover petróleo y generar ingresos y no tener un colapso económico es si cooperan con los EE.UU.», afirmó Rubio, en referencia a las autoridades venezolanas.
El Secretario de Estado delineó lo que denominó la «hoja de ruta» de Estados Unidos para Venezuela, estructurada en tres fases. Una primera de estabilización, que implicaría la extracción y venta en el mercado internacional de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, bajo control del destino de los fondos. Le seguiría una fase de recuperación, para garantizar el acceso de Washington y sus aliados al mercado venezolano, y una final de transición, no detallada. Rubio también reveló que las autoridades venezolanas solicitaron incluir en el acuerdo energético el petróleo contenido en un buque actualmente detenido en el Caribe, sin proporcionar una fecha concreta para el reinicio de las exportaciones.
Este anuncio contrasta con las declaraciones realizadas un día antes por la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien en un evento televisado fue enfática al afirmar: «No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su Gobierno constitucional, es el poder popular consolidado. El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie».
La medida configura un escenario complejo donde la flexibilización parcial de sanciones se presenta condicionada a un férreo control financiero y operativo por parte de las autoridades estadounidenses, un punto que el gobierno de Caracas rechaza de plano al defender su soberanía y autonomía.










