En un contundente análisis publicado por la Universidad de Oxford, la profesora Janina Dill, titular de la Cátedra Dame Louise Richardson de Seguridad Global en la Blavatnik School of Government, afirmó que la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela denominada «Operación Resuelta Absoluta» constituye una violación flagrante e indiscutible del derecho internacional.
Según el informe, la captura del presidente Nicolás Maduro, de la Primera Dama y Diputada Cilia Flores y el bombardeo de objetivos venezolanos representan una agresión armada contra una nación soberana que carece de cualquier base legal bajo la Carta de las Naciones Unidas.
La profesora Dill sostiene que la operación estadounidense viola el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
El análisis desestima la caracterización de EE.UU. como una «operación de aplicación de la ley», subrayando que un Estado no puede ejercer autoridad legal en territorio extranjero sin consentimiento.
El informe aclara que no se cumplen las excepciones de legítima defensa ni existió un mandato del Consejo de Seguridad.
Argumentos como la «liberación del pueblo» o la «lucha contra el narcotráfico» son calificados por la académica como pretextos que no otorgan validez jurídica a la invasión.
La captura de un Jefe de Estado en funciones añade una capa adicional de ilegalidad a la operación militar.
Dill resalta una diferencia crítica respecto a intervenciones pasadas: la actual administración estadounidense no ha intentado siquiera ofrecer una justificación legal elaborada, lo que sugiere un desprecio total por las normas internacionales.
«La conclusión es inescapable: Estados Unidos comenzó el año 2026 con una agresión militar contra una nación soberana sin la apariencia de una justificación legal. Esto no es complejo. Podemos dejar de debatirlo», sentencia la profesora en su documento.
La Universidad de Oxford advierte que la reacción del mundo es crítica para el futuro de la estabilidad global.
La académica critica las respuestas «equívocas» de algunos países europeos y recalca que cada nación que no condene explícitamente esta agresión está contribuyendo a la destrucción del orden internacional.
El análisis concluye que permitir que esta violación pase sin una condena clara sienta un precedente peligroso, donde el «interés presidencial» de una gran potencia prevalece sobre la integridad territorial y la soberanía de los demás estados.
