En el marco de la Revolución Judicial que adelanta el Gobierno Bolivariano, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente a transformar el sistema de justicia venezolano para que sea verdaderamente inclusivo y se convierta en una herramienta de protección popular.
Durante una jornada de trabajo con autoridades del sistema judicial y representantes de movimientos sociales, la mandataria denunció que la «criminalización de la pobreza» ha sido históricamente una génesis para el odio y la división en el país. En este sentido, instó a los poderes públicos del Estado a emprender una profunda sanación de las instituciones que resultaron permeadas por años de agresiones y amenazas externas contra la nación.
«No puede haber justicia plena mientras la pobreza sea vista como delito. Nuestro sistema debe mirar con ojos de protección a quienes históricamente han sido vulnerados», expresó Rodríguez, enfatizando la necesidad de revertir las prácticas judiciales que profundizan la exclusión social.
La Presidenta Encargada informó que, como parte de esta nueva etapa, la Comisión para la ejecución de la Ley de Amnistía articulará esfuerzos de manera directa con los programas de atención social destinados a campesinos, trabajadores e inquilinos. Explicó que el objetivo central de esta sinergia es construir una justicia genuina que proteja a los sectores más vulnerables de la sociedad.
«Este esfuerzo conjunto garantizará que el Estado recupere plenamente sus facultades para servir al pueblo sin distinciones de ninguna naturaleza, blindando así la estabilidad democrática y la paz social de la República», puntualizó la Jefa de Estado (E).
