El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Minas, sancionada recientemente por la Asamblea Nacional (AN). Esta sentencia habilita el paso final para la promulgación y entrada en vigencia de un marco legal diseñado para modernizar la gestión de los recursos minerales en el país.
El fallo del máximo tribunal, fundamentado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 25 de la Ley Orgánica del TSJ, ratifica la legalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento el pasado 9 de abril de 2026.
La nueva legislación es el resultado de un extenso proceso de consulta pública que involucró a diversos sectores económicos, técnicos y sociales vinculados a la actividad minera. Su objetivo principal es reorganizar la explotación de minerales estratégicos y establecer reglas de juego claras que brinden seguridad jurídica a los actores del sector.
Entre los puntos clave de la reforma se encuentran: Actualización de procesos administrativos para una gestión más eficiente de los yacimientos, optimización de la administración de los recursos minerales como pilares del desarrollo económico, y el establecimiento de normativas claras para promover la inversión y el desarrollo sostenible asociado a la actividad minera.
Próximos pasos
Tras el aval de la Sala Constitucional, el texto legal será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación definitiva y posterior publicación en Gaceta Oficial, momento en el cual entrará en vigor formalmente en todo el territorio nacional.
Con este avance, el Estado venezolano busca dinamizar la economía nacional, diversificar las fuentes de ingresos y garantizar que el aprovechamiento de las riquezas del subsuelo se traduzca en beneficios tangibles para el país bajo un esquema de ordenamiento jurídico actualizado.
