La crisis política y social en Bolivia ingresa a un escenario de alta incertidumbre. El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Claudio Choque, advirtió este martes que las bases movilizadas en carreteras y ciudades han rebasado la capacidad de contención de la dirigencia sindical, unificando su clamor en una demanda drástica: la renuncia del presidente de la República, Rodrigo Paz, y de su gabinete de ministros.
En declaraciones ofrecidas a la emisora local Radio Éxito, Choque explicó que esta escalada en el conflicto es el resultado directo del malestar acumulado por la crisis económica, la severa escasez de combustible y el encarecimiento de la canasta básica alimentaria.
Asimismo, fustigó la respuesta gubernamental, calificando de «error político» la emisión de órdenes de aprehensión contra líderes sociales, entre ellos el ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
«Nosotros solo somos portavoces de las bases. Las medidas judiciales no van a frenar las movilizaciones; al contrario, generan mayor indignación y radicalización», enfatizó el portavoz sindical, desmarcando la petición de salida del mandatario de una línea cupular y atribuyéndola a una reacción espontánea de los manifestantes.
Pese a la extrema tensión, desde la COB manifestaron mantener la disposición al diálogo, aunque bajo condiciones estrictas. Choque exigió que el Ejecutivo deje sin efecto las órdenes de captura vigentes, libere a los ciudadanos detenidos durante las jornadas de protesta y acceda a una mesa de negociación en un «lugar neutral», rechazando categóricamente la Casa Grande del Pueblo como sede de los encuentros. «El Gobierno tiene que bajar de las nubes y conversar sinceramente con los sectores movilizados», exhortó.
El conflicto boliviano ya resuena con fuerza en el plano geopolítico internacional, donde se manejan narrativas contrapuestas. Por un lado, el Gobierno de los Estados Unidos ha catalogado la coyuntura actual como «un golpe de Estado en marcha», al tiempo que criticó la postura de gobiernos vecinos como Brasil y Colombia, acusándolos de «hacer la vista gorda» por supuestas afinidades políticas.
En contraste, el expresidente boliviano Evo Morales calificó las protestas como una legítima «sublevación del pueblo» en rechazo a las reformas del presidente Paz, a las que tildó de «neoliberales».
Mientras tanto, en el frente interno, el panorama de gobernabilidad se torna cada vez más complejo. En paralelo a los piquetes de huelga y bloqueos de la COB, diversos movimientos ciudadanos y sectores de la sociedad civil han salido a las calles bajo la consigna de «defensa de la democracia».
Estos sectores exigen el cese inmediato de los bloqueos de rutas que impiden el suministro de insumos básicos y alimentos a la población, insistiendo en que cualquier demanda de renuncia presidencial debe canalizarse de manera estrictamente constitucional y no por vías de hecho que asfixien la economía nacional.
