En un esfuerzo coordinado por optimizar el sistema de justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos, el Gobierno Nacional ha intensificado las labores de fiscalización y revisión integral en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los comandos policiales en todo el territorio nacional.
El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó la presentación de un balance sobre la situación de los privados de libertad, señalando irregularidades estructurales que han sido detectadas. Según datos oficiales, actualmente existen 58.714 personas privadas de libertad en el país. De este total, la cifra de 12.425 ciudadanos que llevan más de dos años detenidos sin recibir una sentencia firme ha encendido las alarmas de las autoridades.
“Personas que tenían pena cumplida y permanecían en centros penitenciarios de algún organismo policial. Eso era común”, manifestó Cabello, al tiempo que denunció casos de detenciones por delitos menores, como el hurto de láminas de zinc, donde los procesados quedaron en un limbo jurídico por falta de jueces competentes.
El vicepresidente enfatizó la importancia del derecho a la defensa, revelando que casi el 70% de los detenidos actualmente están siendo asistidos por la Defensa Pública, un indicador que, a su juicio, esclarece el perfil socioeconómico de la población reclusa en los centros de detención.
Despliegue parlamentario y judicial
Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, informó que el Poder Legislativo ha adoptado una postura de acompañamiento directo. “La Asamblea Nacional distribuyó a los diputados en un despliegue permanente para acudir a cada uno de estos centros preventivos de detención”, con el objetivo de verificar las condiciones y el estatus procesal de los internos.
La severidad de la situación fue respaldada por el Fiscal General de la República, Larry Davoe, quien reportó hallazgos alarmantes durante las inspecciones recientes: “Conseguimos una persona que tenía 7 años en un establecimiento policial y no había sido presentada ante un tribunal”.
Esta ofensiva busca erradicar la retardación judicial y asegurar que el sistema penitenciario cumpla con su función de reinserción. La articulación entre el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y los organismos de seguridad ciudadana apunta a corregir las fallas administrativas y procesales que, durante años, han mantenido a ciudadanos en centros policiales sin acceso a la justicia.
Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso con el debido proceso y la construcción de un sistema de justicia transparente, humano y expedito, que garantice que ninguna detención se extienda más allá de los límites legales establecidos por la Constitución.
