«Defensoría del Pueblo no le quita funciones al Ministerio Público», así lo precisó Tarek William Saab representante de este ente ante el Consejo Moral Republicano que integra junto a Luisa Ortega Díaz, como Fiscal General de la República; y Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República.
El servidor público precisó que no aspira ser Fiscal General de la República.»Nosotros sabemos cuáles son nuestras competencias, es por ello que solicitamos al tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar las funciones de la Defensoría del Pueblo».
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, señaló que la Defensoría del Pueblo “no le quita funciones al Ministerio Público” ya que la Defensoría no califica ni imputa. La anterior afirmación la realizó durante el programa “Encendidos” que transmite Venezolana de Televisión de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.
Saab condenó el ataque armado desde un helicóptero a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJ) y dijo que “fue un acto planificado”.
“Ese ataque armado estaba planificado. Estoy en contra de golpes institucionales, ya que ellos no tienen respaldo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –FANB; es una acción desesperada y al margen de la ley; fue una acción cobarde por parte de esos ciudadanos que estaban a bordo del helicóptero”, dijo en programa “Encendidos” que transmite VTV.
Informó que se realizará una sesión en el Consejo Moral para “construir unas recomendaciones de acciones legales al llamado a golpe militar y al ataque armado al TSJ”.
El defensor del pueblo aseguró que el funcionario responsable del ataque al TSJ, es un funcionario del Cuero de Investigaciones, penales y Criminalísticas -CICPC y “por lo tanto su responsabilidad es individual, y deberá declarar ante las autoridades el robo de un helicóptero para causar pánico en la población”, añadió.
Fue claro y tajante al precisar que varios sectores buscan que se repita un “Carmonazo” en Venezuela por “no reconocer al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”.
En tal sentido, sentenció las medidas tomadas por la oposición para impedir que la gente vaya a trabajar. “Hechos como éstos no ocurren en Estados Unidos y en Europa, ellos convocan un “trancazo” que afecta a todos los ciudadanos”, enfatizó.
Otro puntual tema
Sobre la cifra presentada en Informe de la Defensoría del Pueblo sobre fallecidos ocasionados en los últimos tres meses que arrojan el número de 67 personas, durante las protestas de abril, mayo y junio, de los cuales 12 han sido a mano de los Funcionarios policiales, dijo que “para la Defensoría del Pueblo no puede haber víctimas de primero y de segunda. Cuando ocurren hechos como el de La Carlota, las autoridades toman responsabilidad inmediata y pone a la orden de la justicia a los funcionarios involucrados”.
Recordó que “20 de las personas fallecidas no participan en las manifestaciones que se han llevado a cabo en país. Esas personas murieron injustamente, ellos ni participaban en las marchas y los mataron”.
En nuestra Historia desde hace 17 años
Fue juramentado el Consejo Moral Republicano, instancia prevista en la Constitución Bolivariana de 1999 y está Integrado por la Defensoría del Pueblo, la máxima instancia del Poder Ciudadano de Venezuela; la Contraloría General de la República, órgano encargado de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado venezolano; y la Fiscalía General de la República, encargada de garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, asumiendo los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Y desde hace 3
El 22 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional Legislativa designó a los actuales miembros del Poder Ciudadano para el período 2015-2021. Para estas altas responsabilidades fueron nombrados Tarek William Saab, como Defensor del Pueblo; a Luisa Ortega Díaz, como Fiscal General de la República; y a Manuel Galindo Ballesteros, como Contralor General de la República.
El artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo «prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado; e, igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo».
Daniel Liendo Jiménez
