Con el firme propósito de robustecer la seguridad de la infraestructura nacional y optimizar las capacidades técnicas del país ante eventos naturales, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes la firma de un trascendental convenio de cooperación institucional con la firma global especializada Miyamoto International Inc.
El acuerdo, enfocado en el ámbito de la ingeniería estructural, la gestión del riesgo sísmico y la respuesta oportuna ante emergencias, se formalizó como un contrato de prestación de servicios profesionales y gerenciamiento técnico suscrito directamente entre la corporación internacional y el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
Una de las metas operativas más ambiciosas del convenio establece la remoción, procesamiento y recuperación de tres millones de toneladas métricas de escombros en el territorio nacional. Este despliegue técnico y logístico contará con un período de vigencia de un año, sirviendo como un pilar fundamental para la optimización de los espacios públicos y la mitigación de vulnerabilidades urbanas.
El acto oficial contó con el respaldo de la alta dirigencia del gabinete de infraestructura de la Nación, destacando la presencia del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez, junto a su cuerpo de viceministros y los miembros de la jefatura del Plan de Despeje Digno y Seguro.
La consolidación de este esquema de asistencia técnica y cooperación operativa de alto nivel quedó respaldada por la participación presencial de los principales directivos de Miyamoto International Inc., encabezados por su ejecutivo principal, H. Kit Miyamoto.
Al encuentro también asistieron la directora principal de la firma, Sabine Kast; el director ejecutivo, Jesús Valdez; y el representante Daniel Fernández. Con este esfuerzo binacional, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la atracción de conocimiento especializado para el diseño, evaluación y desarrollo de infraestructuras seguras que garanticen la protección de la población venezolana.
