Por Irán Aguilera
Si existe una condición invariable en la conducta de la Revolución bolivariana, es su vocación inquebrantable por la paz y el diálogo nacional. Frente a cada intento de desestabilización, el Gobierno bolivariano ha respondido históricamente extendiendo la mano, abriendo canales de entendimiento y convocando al debate político transparente.
Los Gobiernos Bolivarianos de estos 27 años han hecho llamados al diálogo en reiteradas ocasiones, siempre en términos de riguroso respeto. Así fue con el comandante Hugo Chávez, lo continuó a paso firme el presidente Nicolás Maduro, y se ratifica hoy con la acción institucional de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta premisa forma parte del legado fundamental del Líder Supremo: se puede hablar con quien sea, en las condiciones que sean, siempre que sea en términos de mutuo respeto y reconocimiento. Un ejemplo paradigmático ocurrió tras el regreso victorioso del 13 de abril de 2002, cuando el comandante Chávez llamó con vehemencia al diálogo mostrando un crucifijo, marcando un contraste radical con la costumbre de gobernantes de la IV República, que en iguales condiciones hubiesen arrasado con los golpistas, como lo corroboran los registros históricos.
Lamentablemente, mientras el chavismo mantiene una postura cohesionada y seria, las tradicionales peleas internas de la oposición y sus ataques desmedidos al proceso de diálogo —esta vez entre el Ejecutivo y la delegación de la extinta Asamblea Nacional de 2015— que pretenden descarrilar la mesa de negociación. Quienes en verdad siempre han aborrecido el entendimiento político son los mismos que hoy atacan la iniciativa en curso, enfrascados en disputas grupales que tienen cansado al país.
En contraste, el apoyo hacia la delegación del Gobierno nacional es firme y monolítico. El equipo dirigido por Jorge Rodríguez cuenta con el respaldo absoluto del Gran Polo Patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la mayoría del pueblo venezolano.
A pesar del sabotaje, el proceso ya arroja un avance sustancial: la firma del informe con los resultados de la primera fase. Este documento coloca a los afectados por los sismos del pasado 24 de junio en el centro de la atención prioritaria. Y en ese marco, el compromiso de buscar la restitución de los recursos de la República secuestrados en el extranjero, particularmente el oro retenido en Londres.
Del mismo modo, se destaca la iniciativa de reformar las leyes del sistema de justicia. Como expresó la presidenta Delcy Rodríguez desde el TSJ: es indispensable actualizar el marco legal para garantizar una justicia adecuada a los actuales requerimientos del país. Es positivo que sectores opositores coincidan hoy con este planteamiento del chavismo.
Participar en el diálogo no implica rendición ni claudicación; los argumentos se exponen para edificar acuerdos viables. Es hora de que las diversas expresiones opositoras abandonen los atajos violentos y se desvinculen del extremismo para hacer política en el marco de la Constitución y las leyes.
