El presidente francés, Emmanuel Macron, dirigió un implacable mensaje a la nación este domingo, denunciando de forma categórica los graves disturbios, saqueos y actos de vandalismo que han sacudido al país en los últimos días en el marco de manifestaciones por el costo de vida y la situación escolar.
Con absoluta firmeza, el jefe de Estado advirtió que las instituciones no cederán ante la delincuencia. “Quienes saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes buscaron derribar a la República rendirán cuentas”, declaró Macron en su discurso televisado, fijando una postura de tolerancia cero frente a los desmanes.
El mandatario atribuyó la «violencia desenfrenada» a una peligrosa alianza entre “elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda y numerosos delincuentes” que se infiltraron en las protestas para sembrar el caos.
Tras convocar a una reunión de emergencia con los más altos funcionarios de su gobierno, Macron anunció medidas extraordinarias. Instruyó formalmente a los prefectos de todos los departamentos a coordinar acciones directas con los alcaldes para proteger comercios y edificios públicos en las próximas semanas, lo que incluirá la prohibición estricta de manifestaciones en áreas de alto riesgo cuando sea necesario.
Daños patrimoniales y tensión en las calles
La gravedad de la insurrección quedó en evidencia en localidades como Limoges, en el centro de Francia, donde manifestantes enmascarados prendieron fuego al emblemático ayuntamiento del siglo XIX. Las llamas envolvieron la estructura, provocando el colapso del tejado y la destrucción casi total de este patrimonio arquitectónico.
Mientras tanto, la tensión continúa en la capital. Cientos de manifestantes volvieron a concentrarse este domingo en la emblemática Place de la République de París. Bajo un fuerte despliegue de seguridad, las fuerzas del orden se vieron obligadas a utilizar gas lacrimógeno de manera dispersa para contener a grupos reducidos que intentaban iniciar nuevos focos de incendio con bicicletas y contenedores de basura.
Hasta el momento, el balance oficial de las autoridades cifra en al menos 1.800 los detenidos a nivel nacional, en lo que representa uno de los mayores desafíos de orden público para el gobierno en los últimos tiempos.
