Las consultas populares ya no son algo nuevo en Venezuela. Hay un acumulado de experiencia en este campo que convierte al país en referencia internacional. Sin embargo, la jornada electoral del pasado 18 de octubre tuvo significados especiales en esta historia ya nutrida de democracia participativa y protagónica.
En primer lugar, ha sido una faena electoral en un país que hace menos de diez meses fue víctima de una agresión armada unilateral y no motivada por parte de la mayor superpotencia militar del planeta, que incluyó el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes desde el 3 de enero permanecen detenidos arbitrariamente en Nueva York.
El Estado comunal también sigue en pie
La forma cómo la Revolución Bolivariana logró preservarse de un acto tan desproporcionado y violatorio del derecho internacional ha sido motivo de análisis y será, seguramente, de estudios académicos de alto nivel. Muchos siguen sin entender a cabalidad cómo se ha logrado conservar en vigor la institucionalidad y el modelo constitucional luego de semejante acto de guerra. Pero así es como ocurrió. Para la fecha, el Poder Ejecutivo está en manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien para el momento del ataque era la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro; la Asamblea Nacional electa en 2025, se juramentó apenas unas horas después del bombardeo; los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral siguieron en sus respectivas funciones; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las dolorosas heridas del infausto episodio, tampoco se dividió ni se disolvió.
Ahora, con la Consulta Popular del 18 de octubre, otro bastión del proceso revolucionario, el Poder Popular, ha demostrado que goza de buena salud. Incluso, es posible afirmar que se encuentra fortalecido, pues queda en evidencia la incorporación entusiasta de sectores juveniles que han reforzado la ya tradicional presencia de los mayores; en especial de las mujeres.
Respuesta popular, a casi cuatro meses del 24J
Los hechos del 3 de enero habrían sido más que suficientes para poner a prueba el aguante y la flexibilidad de la organización comunal. Pero, es bien sabido que el país sufrió otra horrible prueba el 24 de junio, con el doble terremoto que asoló a La Guaira y tuvo efectos terroríficos en Caracas, Miranda, Aragua y otras regiones.
La tragedia, una de las peores en la historia nacional, obligó a aplazar la consulta, prevista inicialmente para el 12 de julio. Pero no la canceló. El gobierno nacional y las comunidades organizadas se empeñaron en reprogramarla para este mismo año y así se ha hecho.
Demostrando el atributo de la adaptación, en las zonas afectadas por el doble sismo fueron incorporados proyectos relativos a la reconstrucción, refacción y rehabilitación de espacios públicos e inmuebles privados. La respuesta popular ante una catástrofe mayúscula ha sido la organización, la propuesta de soluciones y el voto como mecanismo para acordar prioridades en la administración de los recursos.
Apertura hacia otras formas de organización
Como novedad, en esta consulta, se dio paso a la participación de las juntas de condominio en la propuesta de proyectos.
Es un gesto cargado de significados. En primer lugar, funcionó como una invitación para ciertos sectores de la clase media, principalmente copropietarios de edificios o inquilinos que se mantenían al margen debido a la furiosa campaña que la ultraderecha política y mediática ha desarrollado, desde comienzos de siglo, contra los consejos comunales y las comunas.
En sectores de cada una de las ciudades, genéricamente identificados como opositores, la concesión de espacio a las juntas de condominio favoreció la participación sin que los vecinos y las vecinas de esa tendencia política se sintieran cooptados por formas de organización que esas personas ven como reductos del chavismo.
Esta apertura forma parte del esfuerzo realizado desde sus primeros días en el cargo por la presidenta encargada para favorecer la reconciliación nacional. Ese esfuerzo ha incluido la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero; el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática; y la reforma la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que está en fase de consulta.
Lo que viene: más participación y protagonismo
El resultado satisfactorio del 18 de octubre marca la reanudación de un cronograma de consultas que se había visto afectado por los graves acontecimientos ya comentados. Ahora aparecen en el horizonte nuevos ejercicios de participación y protagonismo.
Tratándose de una votación específica por cada comunidad, ahora todo pasa a depender de la prontitud y la eficiencia en la ejecución. Los circuitos comunales han dado su opinión sobre cuáles de los proyectos deben tener prioridad, y en esta nueva etapa, corresponde a las autoridades municipales, regionales y nacionales responder a ese mandato. Y a las comunidades, más allá del voto, les toca aplicar la contraloría social, supervisar las obras, preservarlas y mantenerlas; y participar en el desarrollo de actividades productivas, si es el caso. Solo así se cumplirá el desiderátum del Poder Popular.
